Cinco años de vivencia en Siglo XX, me brindó un conocimiento profundo la situación de los mineros, justamente en el centro laboral mayor del país. Por entonces, las minas nacionalizadas bajo administración de COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) con 17 empresas bajo su férula, soportó y combatió a “los jukos” (ladrones de minerales) que se dan a la tarea de sustraer piedras de estaño, zing y todo mineral posible que luego venden al Banco Minero que concluye entregando toneladas de minerales sustraídos del interior o de la mina o de los mineros a precios de ganga que extraen del interior, en sus bolsas y vituallas de comida, en pequeñas cantidades. La policía interna de Comibol se dio formas de organización y control frente a los ladrones de modo bastante aceptable, aunque no pasó de castigar a los ladrones con breves sanciones, detenciones, expulsiones de las zonas laborables, a veces dejando actuar al poder judicial que los ponía bajo rejas, aunque siempre con medidas leves que hacían permisible la reincidencia, de tal modo que “los jukus” rotaban de mina en mina en su ilícita tarea que se convirtió para este grupo de malhechores en un modo de vida en las ciudades aledañas a los poblados mineros vale decir, Oruro, La Paz, Potosí. Hasta el final de sus días, COMIBOL asignó importancia la represión del delito que cesó con el cierre de las minas por el Gobierno de Paz Estenssoro y la clausura de la Corporación. Los jukus subsisten hasta hoy, se jactan del éxito que obtienen con el delito, muchos han acumulado fortunas como resultado de sus robos y saqueos de mineral.
El segundo delito que aqueja al sector minero es la muerte de tantísimos jóvenes que son explotados por “cabecillas mayores” se autonombran “cooperativistas mineros”, cuando en la práctica son empresarios que ofrecen salarios atractivos especialmente a una pléyade de jóvenes recién salidos del cuartel, desocupados y que aceptan los empleos sin ningún tipo de protección legal. Se podría decir que “trabajan a lo negro” no figuran en planillas y el salario lo reciben de mano a mano. Librados a su propio destino estos trabajadores clandestinos no tiene protección social y su trabajo no está exento de peligros y vemos con tristeza que los medios registran su fallecimiento muy a menudo. La autoridad laboral en tiempo del evismo, del arcismo, cerró los ojos y no se sabe hasta qué punto cerraban los ojos a estos delitos de ausencia de protección social, con el resultado de muertes en el interior de las minas.
Al fallecer los trabajadores por causas laborales, o falta de seguridad en la explotación de minerales, después de algunos días, las causas desaparecen “con arreglos monetarios a las familias” con tal de evitar la denuncia, la investigación de las muertes y finalmente un silencio mortal que echa tierra sobre las muertes y “aquí no ha pasado nada”. Ahora que existe “una voluntad política” de resolver los entuertos con el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, y la correcta voluntad política de muchos legisladores, se impone crear una comisión de “jukos y falsos cooperativistas” que negocian con las autoridades y a cambio de un apoyo político imprescindible para gobernar, dejan actuar a los gansters dejando sin castigo a los ladrones de mineral y sin protección de las leyes laborales a miles de jóvenes trabajadores que exponen su salud, su vida misma en el laboreo de interior de la mina. Es de esperar que este clamor sea escuchado y se preste atención a las denuncias.
