La extrema precariedad en que vivía la familia y las deudas por el alquiler de la vivienda están entre los posibles móviles del múltiple infanticidio supuestamente cometidos por una madre, que después se suicidó, en la localidad de Sacaba, informó la Fiscalía de Cochabamba.
Fuente: ANF
“El esposo manifiesta que la señora vivía un estado de crisis emocional producto de algunas deudas que tenía. Una de las deudas que él resalta, que al criterio de él era la más grande, era de 800 bolivianos del alquiler del cuarto donde vivían de manera precaria”, afirmó el Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, a ANF.
Los cuerpos de la mujer de 31 años y de los niños de 9, 7, 5, 2 años y del bebe de tres meses fueron encontrados la noche del martes en una vivienda del barrio Inca Rancho, de Sacaba, donde ahora están siendo velados por familiares y vecinos que se mostraron conmovidos por la tragedia.
Según la Policía, el padre, llegó la noche del martes a la casa y encontró a los cinco pequeños muertos sobre las camas por el consumo de sustancias tóxicas ingeridas en agua de canela y tojori, presuntamente preparadas por la mamá, que luego se ahorcó.
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El fiscal dijo que el papá declaró que no estaba en casa cuando ocurrió la tragedia y aseguró que como esposos supuestamente no había razones emocionales para motivar ese desenlace.
“Esta declaración se está contrastando con otros elementos materiales para confirmar la veracidad de la misma. No se descarta ninguna hipótesis”, dijo Tejerina.
El papá dijo a los fiscales que salió de la habitación a las 07.00 del martes para trabajar en una carpintería y regresó a las 20.00 horas, cuando encontró el múltiple infanticidio y el suicidio de su pareja.
Los seis cuerpos serán enterrados este jueves el Cementerio General de la ciudad de Cochabamba.
Protección para familias vulnerables
Sobre el caso, que ha conmovido al país, la delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, afirmó que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de adoptar medidas para la protección de las familias, especialmente aquellas que atraviesan situaciones de riesgo o vulnerabilidad.
Señaló que la Constitución Política del Estado reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establece el deber estatal de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo, así como de implementar políticas y servicios que prevengan situaciones de violencia.
La Defensoría del Pueblo abrió una investigación de oficio y realiza seguimiento del trabajo del Ministerio Público con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías y la debida diligencia en la investigación.
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