Según un reporte de la empresa estatal es un abogado con experiencia en hidrocarburos y minería. Comcipo critica que no se tome en cuenta a profesionales potosinos del área.
Sergio Soliz Gómez durante su posesión. Foto: YLB
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que Sergio Soliz Gómez es el nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal.
Según un breve informe en sus cuentas estatales, Soliz es abogado de profesión y obtuvo su título en la Universidad Católica Boliviana San Pablo de La Paz. Además, tiene una maestría en Administración de Empresas cursada en el Reino Unido.
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Asimismo, informó que tiene “más de 25 años de experiencia profesional en los sectores hidrocarburos, minería e industria”.
Rechazo
Sin embargo, la designación nuevo ejecutivo ya generó rechazo. Por ejemplo, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, expresó su rechazo a la designación de un “abogado” para ese cargo y cuestionó que no se tome en cuenta a profesionales potosinos.
“Han posesionado a un nuevo director de YLB, una persona que no tenía que estar. El Gobierno se está metiendo con los potosinos, aquí hay gente profesional de este ramo, ingenieros. Cómo van a colocar a un abogado”; dijo Pérez en radio Kollasuyo.
Asimismo, dijo que el sector asumirá en las siguientes horas una posición oficial al respecto y no descarta movilizaciones en rechazo a esa designación.
“Estamos decepcionados, descontentos con esa designación, en las siguientes horas no vamos a pronunciar. Es una arbitrariedad contra el pueblo potosino”, acotó.
También reaccionó la diputada Lissa Claros, jefa alterna de la bancada de Alianza Libre, cuestionó el perfil profesional de la nueva autoridad.
“Acaban de posesionar a Sergio Soliz Gómez como presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos. Es decir, ponen a un abogado a la cabeza de la empresa estatal que está a cargo de administrar el último recurso estratégico que tenemos los bolivianos y sobre todo los potosinos”, dijo en sus redes sociales.
YLB enfrenta una severa crisis estructural y financiera, por presuntos daños económicos millonarios y corrupción en la gestión pasada.