Fuente: https://www.dw.com
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, indultará a policías y militares condenados por represión durante las protestas en Chile de 2019 que dejaron 30 manifestantes muertos, luego de que estudie sus casos, declaró este jueves (12.03.2026) en entrevista con Canal 13.
En el pasado, el ultraderechista ha sido crítico del estallido social que se generó a partir de octubre de ese año, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), proceso al que califica de «estallido delictual».
En la campaña para las presidenciales de 2025, dijo que indultaría «a todos» los carabineros presos por delitos cometidos durante ese período pues consideraba que estaban siendo «perseguidos».
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Consultado este jueves por posibles liberaciones de los uniformados condenados, el mandatario aseguró: «Estamos en eso». «La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la república y yo la voy a utilizar», agregó.
Cuestionado sobre si ya sabe quiénes serán los potenciales beneficiados, el mandatario de 60 años aseveró: «Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo».
Estallido social dejó 30 fallecidos
No hay una cifra oficial de agentes condenados por represión durante el estallido social, pero se han reportado decenas de sentencias en la prensa local.
Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo de 2020, se registraron más de 35.000 delitos. De ellos, un 34% corresponde a crímenes cometidos por agentes del Estado.
Además de los 30 fallecidos durante la convulsión social, se reportaron 464 personas con heridas oculares, según el informe.
Durante su campaña, el mandatario ultraderechista también se abrió a estudiar indultos a algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.
Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre un proyecto de ley impulsado por la derecha para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 70 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a exagentes recluidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
mg (afp, La Tercera)