El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, afirmó que una nueva consulta pública a las comunidades del Canton de Chiquiacá, de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, para la exploración gasífera del pozo Oso Domo X3, pone en riesgo la inversión de Petrobras y el suministro de hidrocarburos al país.
Fuente; ANF
“Esta es una consulta que ha tomado parámetros exageradamente amplios, es decir, es volver todo a cero. Tenemos un contrato que es ley de la República aprobado por el Congreso Nacional y hay un tipo penal por incumplimiento de contratos. Ahora, ellos manifiestan una serie de cosas, estamos seguros que lo que han presentado las instituciones está en el marco legal”, afirmó en declaraciones a la ANF.
Los defensores de Tariquía denunciaron que la licencia ambiental de los pozos Domo Oso X1, X2, X3 del Bloque San Telmo Norte se obtuvo de manera irregular, incluso la consulta pública fue cuestionada porque estaba viciada y en la misma supuestamente participaron personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
León La Faye aseguró que el Estado cumplió con todo el procedimiento que exige la norma y señaló que el pozo está fuera del área protegida y del área de amortiguación.
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Dijo que la exploración en los pozos en el campo Churumas tiendrían reservas por 2,3 trillones de pies cúbicos (TCFs), las que permitirán incrementar la oferta hidrocarburífero del pais, actualmente en declive.
“El tiempo de gas que tenemos está delimitado y no tenemos ningún otro pozo en etapa de exploración con esas condiciones. Si ahuyentamos la inversión de Petrobras, que están listos para entrar a perforar, vamos a vernos en figurillas dentro de muy poco tiempo”, manifestó la autoridad.
Inspección
Jhonatan Acosta, parte del Comité de Defensa Chiquiacá, advirtió que la exploración gasífera transformará el territorio porque los arroyos los ríos se secarán y cuestionó que no se tome en cuenta ese aspecto.
Este jueves se tiene previsto la realización de una inspección técnica in situ en Chiquiacá donde participarán las comunidades afectadas, activistas, autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y las empresas petroleras.
Al respecto, Acosta dijo que ese actuado el Tribunal Agroambiental determinará si amerita o no la solicitud de la Defensoría del Pueblo de ampliar el plazo de la medida cautelar, si la obtención de la licencia ambiental se hizo en el marco normativo.
Recordó que YPFB y Petrobras estaban tramitando una licencia ambiental bajo la categoría uno, que establece daño severo, pero al no cumplir con los requisitos cambiaron a la clasificación dos.
“Petrobras no ha cumplido con los requisitos y ha cambiado rápidamente a la categoría dos, la cual establece un daño moderado. Por tanto, se sospecha que se ha favoreciendo a Petrobras”, añadió el dirigente.
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