Entre los productos incautados, se identificaron 105 fardos de prendería usada —principalmente zapatillas— cuya importación está prohibida por la normativa vigente
Aduana Nacional decomisa mercancía prohibida y sin documentación válida en El Alto. Foto: Aduana Nacional
Fuente: La Razón
La Aduana Nacional informó este sábado que ejecutó un operativo de allanamiento en la zona Villa Exaltación de la ciudad de El Alto, allí logró el comiso de mercancía que no contaba con respaldo documental válido y valuada en $us 45.000
Las autoridades indicaron que el operativo se llevó a cabo en el marco de las acciones de lucha contra el contrabando y el comercio ilegal.
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Entre los productos incautados, se identificaron 105 fardos de prendería usada —principalmente zapatillas— cuya importación está prohibida por la normativa vigente.
Entretanto, se decomisaron 381 cajas de productos comestibles que carecían de documentación legal, debido a que la única factura presentada fue declarada no válida. Lo que impide verificar su procedencia y condiciones de ingreso al país.
Mercancía
De acuerdo con la entidad, este tipo de operativos se ejecutan de manera permanente en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de identificar y frenar el ingreso de mercancía ilegal. Que afecta tanto a la economía formal como a la industria nacional. En ese sentido, se destacó que la comercialización de productos sin documentación genera una competencia desleal frente a los productores y comerciantes que cumplen con la normativa vigente.
La Aduana Nacional recordó que la importación y comercialización de prendería usada está prohibida en Bolivia debido a los riesgos sanitarios que implica. Ya que este tipo de productos puede ser portador de agentes contaminantes o enfermedades.
Del mismo modo, enfatizó que los productos alimenticios deben contar con la documentación correspondiente para garantizar su inocuidad, calidad y trazabilidad, protegiendo así la salud de la población.
Asimismo, la institución señaló que continuará fortaleciendo los controles en fronteras, carreteras y centros urbanos, en coordinación con otras entidades del Estado. Con el fin de prevenir actividades ilícitas vinculadas al contrabando.
Fuente: La Razón