Imaginemos un lago donde hay varios pescadores. Cada uno, actuando racionalmente, decide pescar más para aumentar sus ganancias, bajo la premisa de que, si no aprovecha la oportunidad, otro ocupará su lugar. Así, lanza la red una y otra vez sin tomar en cuenta que, debido a esta conducta, los peces se están agotando.
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Dado que no es el único que busca su beneficio individual y todos pescan más de lo normal, el problema se tornará, inevitablemente, en una crisis colectiva.
Esta idea fue expuesta por Garrett Hardin en 1968, a través de su ensayo “La tragedia de los comunes”. En este, explica que cuando un recurso es compartido, cada usuario tiene el incentivo de explotarlo al máximo antes de que lo haga el vecino. Como consecuencia, el resultado no es la prosperidad, sino el agotamiento del recurso.
El presupuesto público en Bolivia funciona como ese lago. Los recursos del Estado —coparticipación tributaria, IDH, capacidad de endeudamiento, etc.—, constituyen el recurso común. Cada actor —ministerios, gobiernos subnacionales y empresas públicas— tiene incentivos para demandar más gasto en beneficio propio. Desde su lógica individual, su ambición es racional: buscan más inversión, subsidios o salarios bajo la premisa de que, si ellos no aseguran esos fondos, otro sector lo hará.
El conflicto surge cuando la presión es colectiva. Para financiar el exceso, el Estado recurre al déficit o la deuda. Así, la estabilidad fiscal y la solvencia —el verdadero “recurso común”— se deterioran. Sin embargo, este proceso suele camuflarse. Un ejército presupuestario de funcionarios expertos nos brinda argumentos técnicos impecables, cuadros comparativos y presentaciones en PowerPoint para convencernos de que cada gasto es indispensable para el desarrollo nacional.
Este cuerpo técnico, armado con hojas de cálculo heroicas, hace malabares para que el número final “cuadre”. Si los ingresos escasean, se estira el optimismo; si el déficit crece, se lo rebautiza como “política contracíclica”; y si el dinero real no llega, se dice que el presupuesto es solo referencial. El Excel lo aguanta todo; el lago, no tanto.
Como los pescadores, nadie internaliza el costo total sobre la economía. El resultado es un déficit estructural y una crisis fiscal, que es lo que hoy vive Bolivia. Cuando la discrecionalidad impera y la suma de requerimientos supera la capacidad real de financiamiento, se recurre sistemáticamente al déficit. El nivel del lago va disminuyendo sin pausa.
En la práctica, el presupuesto se ha vuelto una competencia de pesca sin árbitro. Cada sector sostiene que su gasto es “inversión” y que su programa es una “prioridad estratégica” que no compromete la estabilidad fiscal. Aquí entra la magia tecnocrática: la convicción de que proyectar es lo mismo que garantizar. Si los ingresos no alcanzan o el déficit es alto, los modelos de proyección siempre encuentran una variable que crecerá lo suficiente para compensar el entusiasmo. Actualmente, la coparticipación tributaria es el nuevo refugio de ese optimismo: se celebra un “superávit” estacional de principios de año como si se tratara de una tendencia eterna.
Al formular –reformular– el presupuesto con supuestos basados en el deseo y no en la restricción, el mensaje es inquietante: se ha decidido planificar como si el lago fuera infinito. Quizá el dilema no sea de los pescadores, sino de quienes dibujan el mapa, y por ahora, ese ejército de técnicos parece hacerlo con crayones y sin supervisión.
Lo irónico es que el presupuesto debería ser el instrumento más técnico del Estado, el lugar donde la aritmética se imponga al discurso. Sin embargo, termina pareciéndose al lago: todos saben que el recurso es finito, pero el documento oficial siempre sugiere que esta vez será diferente. Lo grave no es la presión política por gastar, sino la ilusión de que el problema se resuelve afinando semántica o maquillando proyecciones.
En la tragedia de los comunes, el desastre no ocurre por maldad, sino por incentivos perversos y una fe excesiva en que alguien más pondrá el límite. El costo no lo paga quien exige el gasto hoy; lo paga la sociedad mañana mediante inflación y vulnerabilidad económica.
El problema, en última instancia, es institucional. Mientras se premie la maximización de beneficios inmediatos y se socialicen los costos futuros, el nivel del agua y la cantidad de peces seguirán bajando. En economía, las cifras no se adaptan al discurso; es el discurso el que, tarde o temprano, se rinde ante las cifras. Si el mapa insiste en mostrar abundancia donde hay escasez, no estamos ante una tragedia inevitable, sino ante una planificación que confunde voluntarismo con cálculo.
Josabat Chávez García
Economista y politólogo