Tarija. Comunarios, instituciones y petroleras confrontan versiones sobre la consulta previa y los impactos ambientales en la reserva. El juez agroambiental deja el fallo en manos del Tribunal Agroambiental mientras crecen las tensiones.
Fuente: https://elpais.bo
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La controversia por el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 volvió a instalarse con fuerza tras la audiencia pública desarrollada en Entre Ríos, donde se expusieron denuncias de presuntas irregularidades en el proceso de consulta previa y en el ingreso de empresas petroleras al área que compromete la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Sin embargo, pese a la intensidad del debate, la resolución judicial sobre el fondo del caso aún permanece pendiente.
El proceso, enmarcado en las medidas cautelares ambientales sobre el proyecto de perforación exploratorio Pozo Domo Oso X-3, en el bloque San Telmo Norte, reunió a actores institucionales, representantes de comunidades, autoridades nacionales y empresas involucradas, en un escenario marcado por versiones contrapuestas.
Consulta incompleta
Uno de los puntos centrales de la audiencia giró en torno al cumplimiento del proceso de consulta previa, un requisito clave en proyectos que involucran territorios protegidos con presencia de comunidades.
El abogado de cinco de los defensores de Tariquía, Roger Ibarra, aseguró que durante la audiencia quedaron en evidencia inconsistencias entre las propias instituciones demandadas.
Según explicó, mientras algunas instancias señalaban que la consulta se realizó con ocho comunidades, otras hablaban de diez. Sin embargo, sostuvo que el mismo juez reveló que en realidad deberían haber sido 23 comunidades las consultadas.
“Ni siquiera se ha alcanzado al 50% de las comunidades que debían ser parte de este proceso”, cuestionó Ibarra, al advertir que esto pondría en entredicho la legalidad del procedimiento.
Además, se expuso que en distintas comunidades se llevaron a cabo asambleas y se emitieron votos resolutivos rechazando el ingreso de las petroleras, exigiendo precisamente la realización de una consulta previa adecuada.
La inspección ocular
Durante la audiencia también se informó sobre la inspección ocular realizada el pasado 19 de marzo, en la que —según los denunciantes— se constató que la empresa Petrobras Bolivia ya habría ejecutado trabajos de levantamiento topográfico y exploración en la zona.
Un hecho que llamó la atención fue que, de acuerdo con lo expuesto, la empresa habría abandonado la inspección antes de su conclusión, situación que fue puesta en conocimiento del juez durante la audiencia.
Por otro lado, los comunarios del lugar, volvieron a ratificar que el área en donde se pretende intervenir para actividades petroleras, es una zona de recarga hídrica, lo que pone en riesgo el principal afluente que abastece del líquido elemento va comunidades e incluso para el consumo animal.
Estos elementos alimentan las sospechas de que se habrían iniciado actividades sin cumplir plenamente con todos los procedimientos legales y ambientales.
La defensa de las petroleras
Desde la otra vereda, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) defendió la legalidad del proyecto. Una decena de abogados y técnicos se encargaron de exponer lo que consideran documentos legales para poder trabajar en el proyecto Domo Oso X-3.
A través de un boletín institucional, la entidad aseguró que tanto YPFB como Petrobras demostraron ante la autoridad judicial el cumplimiento de la normativa vigente para la consulta pública y la obtención de la licencia ambiental del proyecto Domo Oso X-3.
Según su versión, el proyecto fue socializado durante las gestiones 2024 y 2025, y en enero de este año se realizó la consulta pública en Entre Ríos y la comunidad de Saicán, con respaldo de una notaría de fe pública. Asimismo, indicaron que se elaboró un Estudio de Impacto Ambiental como parte de los requisitos legales.
Mientras, que desde el nivel central, ha sido el presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akli Flores, afirmó que el proyecto —cuyo potencial se estima en 2,8 trillones de pies cúbicos de gas— no afectará a Tariquía.
“De manera decidida desde el comienzo de la gestión, YPFB ha puesto todo su equipo técnico, apoyo y trabajo para poder participar en este proyecto, hemos participado en audiencias convocadas en Tarija, estamos participando en inspecciones para mostrar y dar tranquilidad a la población de que esta actividad no tiene ese impacto que en algunos casos quieren mostrar” explicó.
Surgen contradicciones
La audiencia también dejó al descubierto tensiones internas entre las propias instituciones involucradas. De acuerdo con lo expuesto por la parte denunciante, las contradicciones sobre el número de comunidades consultadas reflejarían una falta de claridad y coordinación en el proceso.
En el encuentro participaron diversas instancias, entre ellas la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, representantes legislativos, así como delegados de ministerios, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), poniendo en evidencia la magnitud del conflicto.
Resolución en manos del Tribunal Agroambiental
Pese a la exposición de argumentos y evidencias, el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero determinó que la resolución de fondo no será emitida de inmediato. La autoridad explicó que existe un recurso de compulsa en trámite ante el Tribunal Agroambiental, por lo que, en resguardo del debido proceso y la seguridad jurídica, corresponde esperar esa instancia antes de pronunciarse.
Asimismo, dispuso que los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Medio Ambiente, a través de la autoridad ambiental competente, remitan en un plazo de cinco días hábiles un informe sobre documentación presentada por Petrobras en 2020, vinculada a la categorización ambiental del proyecto como de categoría 1.
Defensor del Pueblo pide cumplir la norma
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Estado a cumplir la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales vigentes durante la Audiencia Pública convocada por el Tribunal Agroambiental en Entre Ríos (Tarija), en el marco de la acción cautelar ambiental presentada por la Defensoría del Pueblo respecto al proyecto de exploración hidrocarburífera Domo Oso X-3.
“No buscamos generar caos ni inseguridad jurídica, pero sí poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado cumpla la normativa nacional, la Constitución Política del Estado y los Acuerdos internacionales que le son obligatorios, como el Acuerdo de Escazú”, afirmó.
La autoridad defensorial subrayó la urgencia de reflexionar sobre los riesgos de priorizar intereses energéticos sobre la vida y las fuentes de agua de la región.