Fuente: ANF
Tras más de diez años de observaciones internacionales y demandas de organizaciones de derechos humanos, Bolivia continúa sin aprobar una ley integral contra la tortura. El proyecto, que busca llenar vacíos estructurales en la prevención, investigación y sanción de este delito, permanece estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de críticas por la falta de voluntad política.
El activista de derechos humanos David Inca informó que la propuesta normativa se encuentra actualmente en una etapa de reposición y revisión legislativa. Luego de reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se confirmó que el proyecto fue repuesto para su tratamiento oficial y que se prevé su análisis en los últimos días de marzo de 2026.
Según Inca, el procedimiento contempla derivar el documento al Comité de Derechos Humanos, donde se realizará una evaluación detallada antes de su posible avance. Sin embargo, advirtió que el tratamiento ha sufrido retrasos debido a la coyuntura política, especialmente por la paralización de actividades legislativas durante la campaña electoral.
El activista también cuestionó decisiones recientes del Legislativo, calificando como “sospechoso” que los parlamentarios se hayan declarado en “semana regional” a mediados de marzo, una práctica que —según dijo— suele realizarse a fin de mes. “Esto ha provocado que temas urgentes, como la ley contra la tortura, queden nuevamente relegados”, afirmó en contacto con ANF.
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Para Inca, la aprobación de esta norma es fundamental frente a la persistencia de denuncias de violencia en instituciones estatales, particularmente en cuarteles militares. En estos espacios, sostuvo, la ausencia de una legislación específica y la vigencia de la doctrina de obediencia debida contribuyen a encubrir abusos y garantizar impunidad.
La urgencia de esta ley ha sido reiterada desde al menos 2013 por instancias como el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura, que han instado al Estado boliviano a adecuar su normativa a estándares internacionales. Pese a ello, la recomendación ha sido sistemáticamente postergada.
Entre los factores que explican esta demora se encuentran la baja prioridad del tema en la agenda legislativa, resistencias dentro de instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, y la percepción de que el marco legal vigente es suficiente.
Actualmente, la legislación boliviana presenta limitaciones significativas. La tipificación del delito de tortura no siempre se ajusta a estándares internacionales, las normas están dispersas y las investigaciones carecen de independencia, lo que favorece el encubrimiento. Además, las sanciones son escasas, a nivel de delitos de bagatela, y no existe un sistema efectivo de reparación para las víctimas.