Fernando Untoja
El debate sobre la nueva ley que permite comprar, vender tierra y acceder al crédito ha sido rápidamente capturado por una vieja confusión: creer que toda transformación de la tierra nos devuelve al pasado. Pero el problema de hoy no es el siglo XIX. Es el presente. En el fondo, lo que está en juego es una noción clave: lo propio.
En el mundo andino, lo propio ha sido históricamente posesión: un vínculo directo entre el hombre y la tierra, mediado por el ayllu. Pero en la economía moderna, lo propio adopta otra forma: la propiedad. Es decir, la capacidad de decidir, transferir, invertir y proyectar la tierra como un activo económico. La diferencia es radical. La posesión permite vivir. La propiedad permite progresar.
Hoy, el campesino aymara-quechua posee tierra, pero no la domina económicamente. No puede usarla plenamente como garantía, no puede integrarla al sistema financiero, no puede convertirla en capital. La tierra está ahí, pero no funciona. Es un bien que se trabaja, pero no se activa.
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Esto no es casual. Es el resultado de un régimen que, en nombre de proteger la comunidad, ha terminado inmovilizando la tierra. A ello se suman presiones corporativas que limitan la capacidad del productor de decidir sobre su propio recurso. El resultado es un campesino reconocido, pero económicamente restringido.
Desde la perspectiva de Georg Simmel, el dinero permite transformar bienes en valor general. Pero para que eso ocurra, esos bienes deben poder circular. Si la tierra no puede venderse libremente o servir como garantía efectiva, queda fuera del circuito del dinero. El productor queda, así, fuera del juego.
Y como explican Michel Aglietta y André Orléan, el crédito no es solo dinero: es confianza institucional. Sin propiedad clara, no hay garantía; sin garantía, no hay crédito. Así de simple. Por eso, el problema no es cultural ni ideológico: es estructural.
En este contexto, resulta preocupante la posición de nostálgicos (indigenistas), quienes vinculan esta ley con la Ley de Exvinculación. (1874). Esa comparación no solo es débil: es equivocada. La Exvinculación fue un proceso de imposición del mercado en un contexto de ruptura histórica. Hoy ocurre lo contrario: el campesino sigue parcialmente fuera de él.
Este tipo de argumentos no ayuda a entender el problema actual. Lo desplaza. Lo simplifica. Y, en última instancia, lo bloquea.
Porque la pregunta clave no es si debemos proteger la comunidad o abrir el mercado. La pregunta es mucho más concreta: ¿puede el campesino convertir su tierra en una herramienta de desarrollo?
Si la respuesta es no, entonces seguimos atrapados en el mismo círculo: posesión sin poder, trabajo sin acumulación, esfuerzo sin futuro. Sin propiedad privada no hay q’amiris en el Ayllu.
La economía funciona como una máquina donde propiedad, dinero y crédito están conectados. Cuando uno de estos elementos falla, todo el sistema se resiente. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en el mundo rural: la tierra existe, pero no entra plenamente en la dinámica económica.
Por eso, más que temer fantasmas del pasado, deberíamos enfrentar el problema real: la falta de propiedad efectiva. No para destruir el ayllu, sino para transformarlo desde dentro.
Porque al final, la diferencia es clara: o el ayllu se convierte en sujeto propietario dentro de la economía moderna, o el subdesarrollo seguirá siendo su horizonte.