POR TRES MESES MÁS
La presunción de inocencia continúa siendo el argumento para que funcionarios judiciales se mantengan en sus cargos, incluso frente a múltiples denuncias.
Consejo de la Magistratura con sede en Sucre. Foto/RRSS
Fuente: erbol.com.bo
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En ese marco, el Consejo de la Magistratura, con sede en Sucre, volvió a designar en la suplencia legal de Derechos Reales de El Alto a Leonor Vera Condori, pese a que enfrenta procesos penales y disciplinarios que datan de varios años y que aún no han sido resueltos en las instancias correspondientes.
Vera, quien el pasado 24 de marzo cumplió un año en el cargo de manera interina en medio de cuestionamientos, formaba parte de una terna junto a María Victoria Saa y Edwin Blanco para acceder a la titularidad. Sin embargo, el 10 de marzo, denuncias difundidas en redes sociales por usuarios del sistema registral generaron dudas en la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que decidió devolver la terna para su revisión en el Consejo de la Magistratura de La Paz.
Según antecedentes, Vera enfrenta procesos por presuntos delitos de falsedad ideológica y manipulación informática, además de denuncias disciplinarias por faltas graves, leves y retardación de justicia. No obstante, el representante Marco Cárdenas sostuvo que, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, la funcionaria se encuentra legalmente habilitada para ejercer funciones públicas.
Lejos de aquellas denuncias, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, integrada por Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Arauz, resolvió el 24 de marzo ampliar el interinato de Vera hasta el 21 de junio de 2026, dejando de lado las objeciones del TDJ paceño, aun cuando existían otras alternativas de nombramiento que podían evitar cuestionamientos sobre la transparencia en el sistema registral.
La diputada del PDC, Claudia Bilbao, observó la semana pasada que algunos consejeros habrían distribuido de manera discrecional los departamentos para definir la designación de cargos administrativos menores. Lamentó que este tipo de prácticas y la calidad de funcionarios afecten la credibilidad institucional, motivo por el cual impulsa una propuesta de ley para transferir Derechos Reales del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo.
En este contexto, el Consejo de la Magistratura emitió recientemente un pronunciamiento rechazando cualquier intento de transferir la administración de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, al considerar que dicha medida vulneraría la independencia judicial y el marco constitucional vigente.
Derechos Reales debe ser la institución más cuestionada por tener permanentes denuncias de corrupción, irregularidades cometidas e incluso denuncias sobre consumo de bebidas alcohólicas en sus mismas oficinas por parte de funcionarios. A esto se añaden denuncias de manipulación del sistema registral, situación que ha preocupado a la diputada Bilbao que abrió un inventario de denuncias ciudadanas en las oficinas de Brigada Parlamentaria en La Paz.