De la democracia a la anarquía
En Bolivia se ha instalado una peligrosa confusión: creer que la democracia se reduce al acto de votar o a la proliferación de candidatos. Esta visión empobrecida no solo es equivocada, sino funcional al deterioro del sistema político. La democracia no es cantidad de postulantes ni ritual electoral; es orden institucional, reglas claras y legitimidad en el ejercicio del poder.
Hoy, los hechos muestran lo contrario. Un padrón electoral cuestionado, decisiones erráticas del órgano electoral y la inhabilitación de candidatos a pocas horas de la votación configuran un escenario de incertidumbre. No se trata de errores técnicos aislados, sino de una práctica que erosiona la confianza pública. Sin reglas previsibles, la democracia pierde su carácter de sistema y se convierte en improvisación.
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A esto se suma la falta de consistencia en la habilitación de candidaturas. Unos son admitidos, otros excluidos, bajo criterios que no siempre son transparentes ni uniformes. Este manejo discrecional no solo afecta a los actores políticos; instala la sospecha de que las reglas pueden adaptarse a conveniencia. Y cuando las reglas dejan de ser generales, dejan de ser legítimas.
Pero el problema es más profundo. Bolivia enfrenta una fragmentación política que ya no puede interpretarse como pluralismo. La proliferación de agrupaciones ciudadanas y candidaturas revela, en realidad, la crisis de los partidos políticos. No hay proyectos de Estado, no hay formación política ni técnica, no hay estructuras capaces de sostener una visión de sociedad. Lo que existe es una oferta dispersa, improvisada y, muchas veces, vacía.
Esta fragmentación tiene consecuencias directas sobre la legitimidad del poder. La posibilidad de que un candidato gane con 18% o 22% no es un detalle estadístico: es la negación del principio democrático de mayoría. Gobernar sin mayoría real es gobernar sin mandato. Por eso, la segunda vuelta no es una opción negociable, sino una exigencia democrática cuando no se alcanzan los umbrales establecidos. Saltarse este principio es institucionalizar la debilidad.
En este contexto, también resulta preocupante la normalización de las repostulaciones y la flexibilización de los límites al poder. La alternancia no es un capricho liberal; es una condición mínima para evitar la concentración del poder. Cuando se relativiza, se abre la puerta al personalismo y al vaciamiento de las instituciones.
Frente a este panorama, es necesario tomar posición: lo que está en curso no es una consolidación democrática, sino un proceso de anarquización del sistema político. Y la anarquía no es libertad; es ausencia de orden legítimo. Es el terreno fértil para el conflicto permanente, la ingobernabilidad y, finalmente, la aparición de salidas autoritarias.
La historia es clara: cuando la democracia no logra producir orden, la sociedad comienza a demandarlo por otras vías. Y esas vías, muchas veces, sacrifican la libertad en nombre de la estabilidad.
Por ello, defender la democracia hoy en Bolivia implica algo más exigente que participar en elecciones. Implica reconstruir reglas claras, fortalecer partidos políticos reales, garantizar el principio de mayoría y respetar la alternancia. Sin estas condiciones, la democracia deja de ser un sistema y se convierte en una ficción. Y una democracia ficticia no tarda en ser reemplazada por una forma de poder que, en nombre del orden, termina negándola por completo.