El Gobierno anunció que esta semana enviará los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Unidad observa que hay artículos que no brindan seguridad jurídica a los grandes inversores, mientras que Libre critica la falta de ajustes a la Constitución Política
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: eldeber.com.bo
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El anuncio del Gobierno de que en los próximos días enviará a la Asamblea Legislativa —uno a uno— los proyectos de ley estructurales para el cambio de modelo económico del Estado, genera un escenario de debate en el Parlamento donde ven varios “candados constitucionales” que pueden frenar la aplicación de dichas normas.
El diputado de la bancada de Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que el debate no puede centrarse únicamente en la aprobación de leyes estructurales o financiamiento externo sin antes modificar por lo menos unos 18 artículos de la Constitución Política que son “candados” que limitan la seguridad jurídica y ahuyentan las inversiones extranjeras.
“Si vamos a entrar a tratar las leyes económicas sin antes cambiar estos artículos-candado de la Constitución, ¿vamos a vender una seguridad jurídica real a las grandes inversiones extranjeras de alta calidad?”, cuestionó.
¿A qué artículos se refiere Alarcón? Por ejemplo, está el 366 que no permite ningún tipo de arbitraje internacional a las empresas extranjeras que operen en hidrocarburos: “estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado”, establece parte del artículo y agrega que “no se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera”.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró ayer que el Ejecutivo no va a mandar un primer paquete de leyes estructurales como dijo días atrás el presidente de Diputados, Roberto Castro.
“No se va a enviar un paquete de leyes; se va a trabajar ley por ley las cinco principales, primero, en su socialización con la Asamblea y sectores sociales”, dijo Lupo y entre los primeros proyectos están las nuevas propuestas de leyes de hidrocarburos, de energía, de minería y de inversiones.
Pero, más urgente que ese tema, es tratar el proyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, reformulado, afirmó a EL DEBER el diputado José Luis Porcel de Libre.
El legislador expresó su alarma que entrando al quinto mes de Gobierno, el Ejecutivo siga administrando el Estado con las reglas que le dejó el gobierno de Luis Arce, y el modelo económico social productivo y comunitario que impuso desde 2006.
“Seguimos con el presupuesto (PGE) del MAS y ese presupuesto contempla que a las petroleras se les debe pagar 27 dólares el barril. ¿Qué empresa extranjera va a venir a Bolivia a invertir para que le paguen 27 dólares un barril? En este momento el precio está por encima de los 100 dólares”, observó Porcel y agregó que urge hacer esos ajustes al PGE.