El legislador planteó elevar el presupuesto destinado a la administración de justicia hasta un mínimo del 3%.
Juan del Granado preside la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados: Foto: APG
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado (Unidad), presentó este miércoles un proyecto de ley de “reforma judicial integral” que propone una modificación parcial de la Constitución para transformar el sistema de justicia en el país.
“Es un proyecto de ley que tiene varios elementos que los va a revisar, seguramente, con cuidado y quiero destacar cuatro o cinco de ellos”, indicó Del Granado, quien estuvo acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.
Entre las principales medidas, el legislador planteó elevar el presupuesto destinado a la administración de justicia hasta un mínimo del 3%, frente al actual 0,4%, esto con el objetivo de fortalecer un servicio que calificó como fundamental para la sociedad.
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Asimismo, la propuesta incluye la desjudicialización de la justicia mediante la creación de juzgados de paz, instancias comunitarias que permitirán resolver conflictos sin necesidad de abogados ni procesos judiciales formales, con el fin de reducir la alta litigiosidad.
Otro eje central es la implementación de la carrera judicial obligatoria, estableciendo que los jueces accedan y asciendan en sus cargos en función de su experiencia, formación e idoneidad, garantizando mayor transparencia y profesionalización en el sistema.
Según Del Granado, el proyecto también contempla la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones encargada de la selección y elección de magistrados y jueces.
“Esto nos parece central para la selección y elección de los magistrados y de los jueces”, dijo.
Esta instancia estaría integrada por representantes de la Asamblea Legislativa, colegios de abogados, el sistema judicial, la Asociación Nacional de la Prensa, universidades y el sistema indígena originario.
Del Granado afirmó que la propuesta busca sentar las bases de una justicia más eficiente, independiente y cercana a la ciudadanía, a través de cambios estructurales tanto en la normativa como en la institucionalidad vigente.