La crisis económica continúa y el pedido de aumentos salariales, sólo complicarían la situación de las pequeñas empresas.
Fuente: El Diario
Los empresarios de lleno rechazaron el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), debido a que el impacto negativo lo recibirían las pequeñas empresas, además de significar un aumento del déficit fiscal y un mayor costo laboral para las empresas, en un momento en que Bolivia no salió de la crisis económica.
La propuesta de la COB sólo desalienta la inversión, afecta directamente a los miles de empresas pequeñas y a los empleos que generan, señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, a tiempo de indicar que el pliego petitorio parece que lo hace como si Bolivia estuviera en auge económico, y no en una economía complicada y en crisis.
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Además, pide a la COB respetar el acuerdo alcanzado con el Gobierno y no exigir un aumento salarial al haber básico, el cual corresponde sólo a trabajadores y empresarios, ya que el mínimo nacional ya lo fijó el Ejecutivo.
Por su parte, el economista e investigador Fernando Romero sostiene que un aumento salarial del 20%, como demanda la COB, implicaría un aumento del déficit fiscal, así como un mayor costo laboral para las empresas.
“Un incremento del salario mínimo del 20% en Bolivia tendría efectos importantes tanto en el sector público como en el privado. En el caso del Estado, implicaría un aumento inmediato del gasto en sueldos, lo que presionaría aún más el déficit fiscal ya existente. Muchos pagos como pensiones y bonos están vinculados al salario mínimo, por lo que también subirían automáticamente. En términos simples, el Estado tendría que gastar más dinero sin necesariamente generar mayores ingresos, lo que puede afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, detalla.
En el sector privado, el impacto sería más heterogéneo, pero en general implicaría un incremento significativo de los costos laborales, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.
Alertó que, de concretarse, podría llevar a decisiones como reducir personal, evitar contrataciones formales o incluso incumplir normativas laborales. “Sectores como comercio, servicios, construcción y agro serían los más afectados. En resumen, muchas empresas no tendrían la capacidad de asumir este aumento sin ajustar empleo o trasladar los costos a precios”, apunta.
Entretanto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) califica el pedido de la COB como “sectorialista y salarialista”, que no vela por el interés superior de Bolivia y el bienestar de toda la población.
“Esa medida, de ser adoptada, provocaría un alza descontrolada de la inflación, fomentaría la inestabilidad social, agravaría la pobreza de las familias bolivianas y profundizaría la crisis económica, ahuyentando la inversión privada y destruyendo el empleo formal y productivo”, indica la CNI en su comunicado.
Ante el pedido de la COB, el economista Antonio Saravia escribió en su cuenta @tufisaravia: “¿Esta gente es tonta? Quiénes son esos ‘economistas’ que los asesoran. Un incremento salarial solo implica menos contrataciones en el ya minúsculo sector formal. Los aumentos al salario mínimo solo condenan a sus afiliados al desempleo y la informalidad”.
Argumentos
La CNI señala que el Gobierno Nacional ya otorgó un incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional (SMN), con carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, reparando así la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación del 20,4% registrada en 2025.
Asimismo, un nuevo incremento no solo disparará la inflación, sino que ahondará la crisis económica. Según organismos internacionales, en 2025 el PIB de Bolivia ya sufrió un decrecimiento de entre -1% y -1,5%, se lee el comunicado.
Los industriales argumentan que un nuevo incremento aumentaría el riesgo país, el cual tras haber superado los 22 mil puntos en agosto de 2024, logró descender a 4.500 puntos en marzo de 2026. “Un nuevo incremento salarial revertiría este avance, ahuyentaría la inversión privada nacional e internacional —ya la más baja de Sudamérica— y encarecería el financiamiento externo”, advierte el documento.
Pero no sólo eso, sino que ubicaría a Bolivia con el tercer salario mínimo más alto de Sudamérica, superando a países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Venezuela, distorsionando la competitividad boliviana.
“Impulsaría el contrabando, que actualmente supera los 3.300 millones de dólares anuales, erosionando aún más la competitividad de la producción nacional frente a productos ilegales”, reflexiona la CNI.
La CNI sostiene que Bolivia necesita urgentemente medidas de reactivación y crecimiento económico, así como una arquitectura normativa que garantice la seguridad jurídica para promover la iniciativa privada y vele por el interés mayor.
Finalmente, Romero alerta que, aunque un incremento del 20% puede mejorar los ingresos de los trabajadores en el corto plazo, también conlleva riesgos económicos relevantes. “Puede generar mayor presión fiscal, inflación y problemas en el mercado laboral, además de incentivar la informalidad. Por ello, la principal recomendación es que cualquier ajuste salarial sea gradual, coordinado entre actores económicos y respaldado por mejoras en productividad. De esta forma, se puede proteger el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad económica del país”, agrega.
Pronunciamiento
oficial
La Cámara Nacional de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a través de un comunicado oficial señala que “ante el debate por el pedido de incremento salarial, aguardamos el pronunciamiento oficial del Gobierno Central como instancia llamada a generar certidumbre sobre este tema que impacta directamente al empleo y a la estabilidad económica”.
“Este nuevo tiempo, que busca proyectar a Bolivia hacia el mundo se deben también alinear nuestras prácticas a estándares internacionales. Es decir, el debate sobre temas salariales, deberá darse entre empleadores, trabajadores y Estado, incorporando múltiples variables que reflejen tanto las necesidades de los trabajadores como la realidad de las empresas. El país no está en condiciones de asumir decisiones desconectadas de la realidad económica de todos sus actores”, sostiene la nota.
Hoy la realidad de las empresas es compleja. Sin reformas estructurales, que garanticen la seguridad jurídica y la inversión, el clima de negocios sigue siendo vulnerable. En este contexto, decisiones desproporcionadas solo profundizan el problema, apunta el comunicado.
La Cainco expresa que no se trata solo de cuánto sube el salario. Se trata de cuántos empleos podemos sostener y generar.
Fuente: El Diario