Un fallo judicial en Chile dejó sin propietario confirmado el 50% de la principal ferroviaria boliviana. Cinco meses después, nadie lo ha explicado públicamente. Los pensionistas bolivianos son accionistas y acreedores de una empresa que no sabe quién la gobierna.
Fuente: El País
Ferroviaria Andina S.A. (FASA) y Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA) celebraron sus juntas anuales de accionistas el 26 y 27 de marzo de 2026, respectivamente. Aprobaron estados financieros, designaron auditores y decidieron distribuir dividendos, mientras los puntos sobre elección de directores titulares, suplentes y síndicos quedaron suspendidos en ambas asambleas.
La fecha para reanudarlas es el 9 de abril de 2026. El motivo oficial de esa suspensión no aparece en ningún documento público.
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El fallo silenciado
La explicación está más allá de la frontera. El 17 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile acogió un recurso de nulidad y anuló la subasta que, en enero de 2023, había adjudicado por tres millones de dólares el paquete accionario que otorga el control del 50,00035% de FOSA. La Corte Suprema chilena declaró inadmisible la casación. El fallo quedó firme.
Como consecuencia directa, las acciones de Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada —primer eslabón de la cadena societaria que controla FOSA desde Chile— no tienen propietario consolidado. No se ha convocado nuevo remate. Ese 50% sin dueño confirmado era precisamente el que debía votar en los puntos de elección de directores el 27 de marzo.
Ni el fallo de Santiago figura como hecho relevante en los registros de la Bolsa Boliviana de Valores, ni la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo mencionó en su reporte oficial de 20 páginas publicado el 30 de marzo. Cinco meses de silencio institucional.
El dinero de los jubilados, atrapado en el medio
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo administra el ahorro previsional de los trabajadores bolivianos y está expuesta a esta situación por partida doble.
Por un lado, el Fondo de Capitalización Colectiva posee el 49,91% de FOSA y el 49,93% de FASA, lo que hace a los bolivianos propietarios de ese Fondo que representa la Gestora, precisamente, los segundos accionistas de ambas ferroviarias. Por otro lado, el Fondo Integral de Pensiones —distinto, que acumula el ahorro e los trabajadores bolivianos, y que también es gestionado por la Gestora (valga la redundancia)— mantenía al 30 de junio de 2025 un total de USD 37,967,622 en bonos corporativos de FOSA, el máximo histórico desde que ese financiamiento comenzó en 2013.
Dos fondos bolivianos bajo responsabilidad de la misma Gestora. El mismo riesgo. La Gestora no ha emitido ningún comunicado público sobre las implicaciones del fallo chileno, y respondió a El País mediante carta expresa de fecha 18 de marzo de 2026, CITE: GP/GG/UCIE/EX/11/2026, firmada por Vladimir Fernández Quiroga, que no tiene “relación directa con el caso”. Los tenedores de bonos del Fondo de Pensiones tampoco han recibido explicación alguna. El artículo 9 de la Ley 1834 del Mercado de Valores faculta a la ASFI a suspender ofertas públicas cuando la información del emisor no refleja su situación legal real. Las series 12 y 13 de bonos de FOSA continuaban en proceso de inscripción ante la ASFI al cierre de esta edición.
Los dividendos aprobados en las juntas de marzo llegarán al Fondo de Capitalización Colectiva: unos Bs 1,7 millones de FOSA y Bs 3,3 millones de FASA, recursos que por ley financian la Renta Dignidad para adultos mayores. El otro 50% irá a Trenes Continentales S.A. —cuya estructura de control está en litigio en Chile— y a Bolivian Railways Investors Company Inc., cuyos beneficiarios finales no están identificados en los registros públicos bolivianos.
Soya, bancos y pensiones en el mismo circuito
Mientras las juntas dejaban en suspenso la gobernanza de las ferroviarias, el grupo empresarial conectado al control de FOSA mostraba otra dinámica. Gravetal Bolivia S.A. —empresa del grupo Valdivia Almanza cuyo sector agroindustrial representa cerca del 70% de los ingresos de FOSA según los propios prospectos de bonos de la ferroviaria— contrató entre el 16 y el 31 de marzo de 2026 financiamientos por aproximadamente Bs 224,9 millones con tres bancos del sistema: Banco Unión, Banco Económico y Banco FIE. En apenas 15 días, Gravetal contrató el equivalente al 36% de todos los préstamos bancarios que tomó durante todo 2024.
Los bancos que financian a Gravetal integran el mismo sistema financiero que se capitaliza, en parte, con los depósitos a plazo fijo que la Gestora realiza con el ahorro previsional boliviano. No existe registro público que permita dimensionar la exposición total del fondo de pensiones en esa cadena. La ASFI no respondió las consultas de El País al respecto. Lo que sí se reveló es una conexión entre FOSA y Gravetal vía Peter O’Toole Ford, Roberto José Manzanilla Barbosa, Carlos Gill Ramírez y Alejandro Serrate Valdivia.
Para Fernández Quiroga, gerente de la Gestora, esta entidad no tiene “relación directa con el caso”. Fernández fue designado por el ministro de Economía, Gabriel Espinoza. Éste, a su vez, por el presidente Paz Pereira, el que también designó ministro de Obras Públicas a Mauricio Zamora, el que, a su vez, designó responsable de la unidad de Ferrocarriles de su ministerio a Cinthia Aramayo, ex gerente general de FASA durante varios años, bajo dependencia de Gill Ramírez.
Números y revelaciones
Los estados financieros de 2025 de FOSA, aprobados en la junta del 27 de marzo, registran una utilidad neta de Bs 3,58 millones y una deuda financiera total —bonos más créditos bancarios— que superó los Bs 733 millones al cierre del año. La empresa pagará Bs 3,4 millones en dividendos en 2026 y destina anualmente unos Bs 47 millones solo en gastos financieros. Por cada boliviano de utilidad, el servicio de deuda consume trece.
El 9 de abril, cuando FOSA y FASA intenten completar sus juntas, será la primera vez que ambas empresas se reúnan formalmente con el fallo de Santiago como hecho jurídico firme sobre la mesa. Quienes se presenten a votar por el 50% en litigio no habrán recibido ninguna comunicación institucional boliviana sobre sus implicaciones. El directorio entrante no sabrá con certeza quién es su mandante. Y los trabajadores bolivianos que financian con sus ahorros tanto el capital como la deuda de esta empresa seguirán sin saber que llevan cinco meses expuestos a una incertidumbre que nadie, oficialmente, ha querido nombrar.