Tras casi seis años de batalla legal, productores cañeros logran que el principal acusado enfrente a la justicia boliviana. La estafa dejó millonarias pérdidas y golpeó más de 400 familias en el sur del país
Fuente: El País.bo
Después de meses de incertidumbre y maniobras legales para evitar su traslado, el empresario brasileño Joao Henrique Pinheiro será finalmente extraditado a Bolivia para responder ante la justicia por la presunta estafa vinculada al fallido proyecto del Complejo Industrial de la Caña de Azúcar (Cicasa), en Bermejo, Tarija. Se prevé su llegada para los siguientes días, así enfrentar el juicio que será instalado en la ciudad fronteriza.
La detención de Pinheiro se produjo el 27 de mayo de 2025 en Madrid, España. Desde entonces, los afectados —productores cañeros organizados en la Federación de Cañeros del Sur (Fecasur)— iniciaron una carrera contrarreloj para concretar su extradición, proceso que entra en su fase final.
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Según confirmó Rodolfo Garzón, dirigente de Fecasur y representante de las víctimas del fallido Cicasa, el traslado del acusado podría concretarse en los próximos días, con miras a instalar el juicio antes de la primera quincena de abril.
“Los plazos ya se han cumplido. La notificación oficial hablaba de 45 días, los cuales ya han fenecido. Esto significa que en la primera semana o quincena de abril este ciudadano debería estar en Bolivia para someterse al proceso”, explicó en entrevista con El País.
Una estafa con promesa de desarrollo
El caso Cicasa se remonta a 2019, cuando productores cañeros de Bermejo apostaron por la instalación de una planta industrial que permitiera procesar su materia prima, históricamente afectada por la falta de infraestructura en la región.
Cada año, toneladas de caña quedaban sin cosechar, generando pérdidas económicas sostenidas. En ese contexto, la propuesta de Pinheiro aparecía como una oportunidad para transformar la realidad productiva del sur tarijeño.
El Cicasa estaba pensado para procesar unas 2.500 toneladas diarias de caña, reducir la dependencia del antiguo ingenio IABSA, generar empleo y reactivar la economía local.
Sin embargo, lo que inició como una esperanza de desarrollo derivó en una presunta estafa. Según Garzón, el empresario habría presentado maquinaria e infraestructura que no le pertenecían para respaldar su oferta.
Millonarias pérdidas
Aunque el contrato inicial contemplaba un anticipo de 700.000 dólares, los daños económicos superan ampliamente esa cifra. Garzón detalla que los productores realizaron inversiones adicionales en compra de terrenos, estudios técnicos, movimientos de suelo, obras civiles y perforación de pozos.
“No solamente son los 700 mil dólares que hemos girado a este señor, se han hecho gastos enormes consecuentemente de este emprendimiento que venía acompañado por estudios, estudios técnicos”, mencionó.
El impacto no fue aislado. Alrededor de 400 familias resultaron afectadas directamente, en una región cuya economía depende en gran medida de la actividad cañera.
Una batalla legal contra la influencia
Antes de su detención en España, Pinheiro llevaba una vida normal en Brasil, pues pese a tener activo el sello rojo de la Interpol por el proceso que le seguían los cañeros de Bermejo en Bolivia, este era libre en su país. Garzón deja entrever que se debía a la influencia que tenía este empresario.
Es en mayo del 2025 que cae. Desde su detención en España, Pinheiro habría agotado diversos recursos legales para evitar su extradición, incluso solicitando ser trasladado a Brasil. Paralelamente, sus representantes legales en Bolivia intentaron abrir espacios de conciliación con los afectados, los cuales no llegaron a buen puerto a pesar de sus intenciones.
“Tuvimos reuniones, pero entendemos que solo buscaban distraernos o conseguir algún documento que les favorezca. Nunca hubo una intención real de resarcir el daño”, afirmó el dirigente.
La viabilización de la extradición se logró tras la intervención de autoridades judiciales españolas, que, según los afectados, tomaron conocimiento pleno del caso. El proceso contó además con el respaldo de instancias bolivianas como la Cancillería, la Policía e Interpol.
Expectativa y cautela ante el juicio
Con la llegada inminente de Pinheiro al país, las víctimas centran ahora su atención en el proceso judicial. Si bien destacan el trabajo de las autoridades bolivianas, también expresan preocupación por la capacidad del acusado de desplegar una defensa robusta.
“Ellos pueden contratar varios abogados. Nosotros estamos con uno solo, pero vamos a reforzar nuestra defensa. Lo que pedimos es que la justicia nos ampare y actúe con transparencia”, señaló Garzón.
El pedido de justicia como demanda colectiva
A pesar de las dificultades, los productores mantienen la expectativa de recuperar al menos parte de los recursos invertidos y sentar un precedente frente a este tipo de casos.
“Es toda una región la que ha sido afectada. Hemos persistido durante años y confiamos en que esta vez se haga justicia”, enfatizó el dirigente de Fecasur, Rodolfo Garzón.
Mencionó que la extradición de Joao Pinheiro no solo marca un hito para quienes han sido estafados esperanzados en un proyecto que ofrecía desarrollo, sino que esperan que se haga justicia, recuperar el dinero “sonsacado” y materializar una industria para el sector cañero.
Fuente: El País.bo