En un pronunciamiento público, la organización indígena denunció que la Ley 157 fue aprobada de manera inconsulta, irregular y sin ningún proceso real de socialización.
Por Rosío Flores
Representantes de los pueblos del norte amazónico en conferencia de prensa. FOTO: RRSS
Fuente: La Razón
Suman las voces de rechazo de organizaciones campesinas e indígenas de todo el país en rechazo a la Ley 157, de Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial.
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El proyecto de norma, sancionado por la Cámara de Diputados, habilita la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana. Vulnera tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Además, sienta las bases para la reconcentración de tierras y el retorno del latifundio. Estas figuras son prohibidas por ley, según denunciaron instituciones especializadas en desarrollo rural y agrario.
En ese marco, los afectados advirtieron con medidas de presión para exigir su anulación, pues consideran que esta norma pretende modificar el régimen agrario vigente, debilitando la protección de la pequeña propiedad y poniendo en riesgo los territorios indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana.
“Como una regional que está afiliada a la CIDOB, estamos haciendo este pronunciamiento ante esta ley que ha sido aprobada, que nos afecta y rechazamos. Hay intenciones, y malas intenciones, de querer perforar y meterse en nuestros territorios”, dijo Eloy Cartagena, presidente de la CIRABO, citado por ODPIB.
En un pronunciamiento público, la organización indígena denunció que la Ley 157 fue aprobada de manera inconsulta, irregular y sin ningún proceso real de socialización. Consideran que se vulneraron principios básicos de participación y el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, reconocido por la CPE y normas internacionales.
DECLARACIONES
En declaraciones difundidas públicamente por representantes indígenas, se ha enfatizado que no se puede legislar sobre la tierra y el territorio a espaldas de quienes históricamente los han cuidado y defendido.
“Vamos a esperar una semana para que esto se aclare porque ya la Ley se ha aprobado sin consulta a la población indígena”, comentó Constantino Toledo, dirigente de la CIRABO de la comunidad Alto Ivon.
La CIRABO advirtió que esta norma abre la puerta a la mercantilización de la tierra, favoreciendo intereses económicos por encima de la vida, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas y pequeños productores.
El pronunciamiento remarca que cualquier intento de convertir el territorio en una mercancía atenta contra la forma de vida y la supervivencia colectiva de los pueblos amazónicos.
Asimismo, la organización alertó que la Ley 157 podría propiciar procesos de concentración de tierras, debilitar el régimen de protección de la pequeña propiedad y generar mayor presión sobre los territorios indígenas, incrementando los conflictos en el campo y afectando el equilibrio territorial en la región amazónica.
EMERGENCIA
Ante este escenario, la CIRABO convocó a sus organizaciones, territorios y comunidades a mantenerse firmes y vigilantes, evaluando las acciones orgánicas necesarias frente a la implementación de la Ley 157.
Finalmente, la organización indígena exigió al Estado boliviano que respete el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y, que detenga la implementación de la Ley 157 hasta que se garantice un verdadero proceso de diálogo con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores. “El territorio no se negocia, se defiende”, concluye el pronunciamiento.
Entre los riesgos estructurales que establece la ley están: La pérdida de la protección social. La pequeña propiedad deja de ser inembargable y se transforma en un activo financiero, expuesto a procesos de endeudamiento y eventual pérdida.
Mayor concentración de la tierra en pocas manos. La incorporación al mercado facilita dinámicas de compra, especulación y acumulación por actores con mayor capacidad económica.
Exclusión estructural. La mayoría de pequeñas propiedades no cuentan con condiciones para beneficiarse del crédito, lo que puede profundizar desigualdades rurales.
Debilitamiento institucional. La simplificación del procedimiento reduce el rol técnico del INRA. Limita los mecanismos de control sobre el uso de la tierra y el cumplimiento de la FES.
Impactos socio-comunitarios. La mercantilización de la tierra tensiona formas tradicionales de organización y puede generar conflictos al interior de las comunidades y familias.
Riesgos ambientales. La menor fiscalización, combinada con incentivos de mercado, puede acelerar la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y degradación de suelos.
Fuente: La Razón