La anulación de la segunda vuelta en La Paz abre un frente político y jurídico mientras surgen críticas desde actores vinculados al oficialismo.
eju.tv / Video: Tele Estrella HD
La anulación de la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la declinación de Nueva Generación Patriótica (NGP) a la segunda vuelta en La Paz, derivó en la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo, hecho que provocó reacciones adversas de diferentes sectores sociales a la determinación, el pedido de la realización del balotaje y la amenaza del inicio de movilizaciones si no se da curso a la solicitud.
En las pasadas horas, el excandidato a la Alcaldía de El Alto Gabriel Mamani se sumó a las voces que reclaman por la decisión del TSE, expresó su respaldo a René Yahuasi y advirtió que podrían activarse movilizaciones si no se habilita una segunda vuelta, al considerar que se estaría afectando la democracia. Mamani, quien fue candidato por la agrupación vinculada al vicepresidente Edmand Lara, observa irregularidades en el proceso y cuestiona la legitimidad de la decisión en un contexto de disputa institucional y electoral.
El origen del conflicto se remonta a la decisión de NGP de retirarse del balotaje previsto para el 19 de abril, lo que, según la normativa electoral, dejó sin efecto la segunda vuelta. El TSE ratificó que, en estos casos, corresponde proclamar a la candidatura restante, en este caso la de Luis Revilla, quien había obtenido el primer lugar en la votación con poco más del 20%. Yahuasi, el candidato afectado, recibió una votación que no sobrepasó el 10%.
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Desde el órgano electoral, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, ratificó la determinación tomada porque –dijo– se apega a lo que señala el artículo 53 de la ley 026 de Régimen Electoral y remarcó que ninguna instancia externa puede interferir en una controversia de carácter estrictamente electoral, defendió así la legalidad del proceso y la aplicación de la norma. En esa línea, la institución sostiene que actuó conforme a la Ley y dentro de sus competencias.
Ávila recordó que la normativa vigente en el país desde 2014 permite que una organización política decline antes de una votación y que similares hechos ya se registraron en procesos electorales de 2020 y 2025. “Nosotros entendemos que quieren convertir este tema en un tema político, cuando es un tema legal e institucional. El Tribunal Electoral en todo momento va a cumplir la ley. Lo que tiene que entender la ciudadanía es que este es una controversia entre la organización política y el candidato”, dijo.
Foto: captura de pantalla
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas de sectores políticos y sociales. El excandidato Gabriel Mamani se suma a esa tendencia al cuestionar el desenlace del proceso y poner en duda la transparencia de la resolución, enmarcando el hecho en un escenario de incertidumbre política. Desde su perspectiva, la anulación de la segunda vuelta priva a la ciudadanía de una definición electoral más representativa y genera un precedente que podría afectar la confianza en el sistema democrático.
“Si es que hay gente, hay partidarios que apoyan a Revilla, fantástico, está bien; pero Revilla que gane en la cancha, no está bien que entre por la ventana, yo creo que tenemos que vivir en democracia, le están haciendo un daño terrible a la democracia y si es que se llega a consolidar que Revilla es ganador sin una segunda vuelta, le están haciendo un daño a la democracia, no solo del Departamento de la Paz, sino a la democracia boliviana”, enfatizó.
El excandidato René Yahuasi activó recursos ante el TSE para restituir la segunda vuelta, lo que evidencia que el conflicto no se limita a una interpretación técnica de la norma, sino que se proyecta como una disputa política más amplia en el departamento. Este lunes presentó un recurso extraordinario de revisión ante el ente electoral, para que deje sin efecto la declinatoria de NGP y disponga la realización de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz.
Mientras el TSE defiende la legalidad de la proclamación de Revilla como gobernador electo de La Paz y descarta cualquier interferencia externa, las críticas desde sectores políticos como el de Mamani evidencian que el caso está latente. La controversia instala un debate sobre la normativa electoral vigente y el impacto de decisiones partidarias en la voluntad popular expresada en las urnas.