El dirigente considera que la actual postura del Gobierno constituye una “traición a la palabra”, especialmente porque —según indicó— las autoridades están plenamente informadas sobre la situación histórica de los excooperativistas.
Fuente: ANF
El representante de los desempleados y excooperativistas de Huanuni, Daniel Jarro, denunció el incumplimiento de compromisos laborales asumidos por el Gobierno de Rodrigo Paz, en el marco del Decreto Supremo 28901.
Jarro expresó su “profunda indignación y frustración” ante la negativa oficial de retomar el proceso de incorporación laboral.
Según el dirigente, Paz conocía de cerca la problemática del sector desde su etapa como legislador y posteriormente como candidato. Recordó que, tras las movilizaciones que llevaron a los trabajadores desde Huanuni hasta la ciudad de La Paz, el entonces aspirante al Ejecutivo se comprometió a dar cumplimiento al decreto en caso de llegar al poder.
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“Se ha comprometido”, afirmó Jarro a ANF, al señalar que existía un acuerdo explícito para garantizar la aplicación de la normativa.
El dirigente considera que la actual postura del Gobierno constituye una “traición a la palabra”, especialmente porque —según indicó— las autoridades están plenamente informadas sobre la situación histórica de los excooperativistas.
Asimismo, cuestionó la falta de apertura al diálogo, denunciando que sus solicitudes de audiencia con el Presidente y el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, fueron rechazadas bajo el argumento de falta de tiempo.
El Ministerio de Minería y Metalurgia en una respuesta formal, declaró inviable la solicitud de incorporación laboral. El documento, firmado por el jefe de Gabinete, sostiene que el Decreto Supremo 28901 fue una medida “excepcional y de ejecución única”, diseñada para atender una coyuntura específica en 2006.
De acuerdo con el informe técnico de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la etapa de reactivación de la Empresa Minera Huanuni ya constituye un ciclo administrativo concluido, por lo que el decreto no puede ser aplicado nuevamente.
En ese sentido, el Ministerio señala que la norma carece de sustento legal para nuevas contrataciones y que cualquier futura incorporación deberá regirse por las necesidades operativas de la empresa y la Ley General del Trabajo.