La violencia política digital contra las mujeres en Bolivia ha dejado de ser episódica para convertirse en un patrón sistemático: organizado, rentable e impune. Entre algoritmos, desinformación y vacíos institucionales, se consolida como un mecanismo de disciplinamiento que erosiona derechos y debil
Bolivia es un país donde hacer política siendo mujer es aceptar el ataque como una condición.
Fuente: https://elpais.bo
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La primera señal es sembrar la duda. “¿Y qué sabe?” “Dice que es la amante del”. Después alguien responde. Otro comparte. Más tarde aparece una imagen, recortada, manipulada, una frase fuera de contexto. Se llama deepfake. Y luego los memes. Los montajes. Después las cuentas que repiten lo mismo, pero con palabras distintas. La maquinaria se pone en funcionamiento. Se crean narrativas, sentimientos. Se construye la idea de una persona. Sin importar que no tenga nada que ver con quien realmente es.
Deja de ser una conversación, se vuelve un cerco con el infaltable ingrediente: mucho odio. Deriva en acoso. En hostigamiento. Se trata de un ejercicio coordinado con un objetivo claro: el desprestigio y la anulación de una de persona.
Un amigo hace años me dijo «el Facebook es como ir a la plaza y sentarte en un banco». Que bonita comparación, hoy casi romántica. Y útil para dibujarnos una idea de lo que significan las redes sociales en nuestras vidas: tus cuentas terminan siendo tu “banco en la plaza”. Tu lugar en la vida social. ¿Se imaginan que alguien pase por ese banco y te insulte en la plaza pública, sin conocerte, tan solo porque pasa por allí? ¿O porque no le gusta como vistes? ¿O porque cree que deberías ser lo que no eres? Sería inmediatamente tratado como un problema social, como un lunático. Pues a tu banco virtual pueden entrar acosadores de cualquier calaña y no habrá nadie ni nada que lo evite y tampoco ninguna institución o instrumento que te defienda. Y cuando lo denuncias te piden «que no te has la víctima». Una respuesta tan denigrante como cuando a una víctima de violación la señalan por su vestimenta.
Si haces política las cosas empeoran. En la plaza pública te pueden llegar tomates y eso constituirse en un exceso inaceptable. Aquí lo que sucede es una demolición impune sobre la dignidad de las mujeres a cargo de todos y de todas. Unos que operan la maquinaria y otros movidos por su morbo, curiosidad o incluso odio, premian la dictadura del algoritmo.
La violencia política digital contra las mujeres ha dejador de ser hecho aislado para convertirse en un patrón de funcionamiento de nuestro precario sistema democrático. En menos de 8 meses fuimos testigos de una de las carnicerías virtuales más violentas en contra de mujeres políticas, la tragedia es que a nadie parece movérsele un pelo.
Las elecciones nacionales de agosto de 2025 y las elecciones subnacionales de marzo de 2026, fueron dos procesos distintos con un mismo patrón.
Vamos a ver qué dicen los datos
Sobre las elecciones presidenciales La Lupa Digital con OXFAM y Fundación Internet Bolivia, elaboraron un dossier que analiza esta violencia a partir de 10 casos documentados mediante monitoreo digital que incluyó la recolección de publicaciones y comentarios con mayor alcance. Se organizó los datos mediante un sistema de categorización que incluyó variables como tipo de violencia, fuentes, narrativas, tipo de lenguaje. La metodología incluyó entrevistas a profundidad con los casos previamente elegidos y se analizó el discurso.
El resultado es que el estudio permite identificar no sólo los tipos de violencia política digital en contra de mujeres, sino que también esta violencia es recurrente, adaptativa y sostenida en el tiempo. Los ataques se sirven de distintas plataformas. Usan distintos formatos y se replican en múltiples cuentas de forma premeditada. Se observa que se trata de un progreso altamente agresivo y continuo. También que mientras más avanza la tecnología los ataques son más sofisticados en consecuencia gozan de mayor credibilidad y viralidad.
El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, nos permite dimensionar el fenómeno durante las elecciones subnacionales de marzo de 2026. Utilizaron la herramienta Senti One para publicaciones en Facebook, Instagram, X y Tik Tok. Su universo fueron 114 candidatas a los cargos en disputa. El resultado fue que 665 contenidos de acoso y violencia política digital en contra de 17 candidatas, en 22 municipios del país que abarcaron los 9 departamentos de Bolivia.
Concluyeron que el 70% de las mujeres atacadas eran candidatas a cargos ejecutivos.
Los datos del Observatorio muestran que la violencia puede concentrarse con mayor fuerza en candidatas que disputan los más altos cargos, este es el ejemplo de Eva Copa, Mariana Prado, Angélica Sosa, Paola Aguirre, Rosario Schamisseddine, Luciana Campero. “Nos quieren, pero abajo”, se podría concluir a primera vista. Tanto en las elecciones nacionales como las subnacionales este comportamiento se verifica. El estudio señala que “aunque el volumen de los ataques varíe entre candidatas los niveles de hostigamiento son equivalentes en intensidad”.
Vamos a explicar cómo funciona la maquinaria del odio
Una vez instalada la narrativa, aparecen imágenes normalmente distorsionadas, aparecen los memes que se multiplican a ritmo impresionante. La inteligencia artificial se ha vuelto un potenciador casi incontestable. Con acceso a una tarjeta de crédito y algo de conocimiento sobre aplicaciones, en 40 minutos puedes tener un video que manipula la voz, el rostro, los gestos. Las acusaciones pueden ser descabelladas y sin sustento, pero con una apariencia de veracidad que es desconcertante.
Los estudios coinciden en que este proceso tiene etapas: instalas le contenido. Produces el contenido. Lo repites sistemáticamente. Nada de esto es gratuito ni orgánico. El resultado es la normalización de esta narrativa en el entorno digital. La normalización de la agresión a una persona.
El dossier de OXFAM denuncia que esta naturalización decanta las mujeres políticas agredidas deban soportar violencia sistemática porque el entorno digital impone/permite que así se puede tratar a una persona. La impunidad es un incentivo. Esto es precisamente lo que precipita que la violencia política sea sistemática y que muchas mujeres para salir de esto deban salir de la política y también dejar de habitar el mundo digital.
Hay leyes, ¿pero no alcanzan?
En el 2012 se aprobó una entonces vanguardista Ley, la 243 en contra del acoso y violencia política hacia las mujeres, la muerte de Juana Quispe, concejala ahorcada con sus propias trenzas por sus adversarios políticos, que querían evitar sus denuncias y menos dejarla tomar la Alcaldía; el hecho estremeció a todo el país y se aprobó esta norma. El texto legal pretendía que las mujeres puedan ejercer cargos sin hostigamientos de ninguna naturaleza. El papel, escrito hace 14 años atrás, reconoce el problema, define conductas, pero no es claro en las sanciones. Entonces en la práctica no funciona y como casi toda nuestra legislación, pretende dar una respuesta analógica a problemas digitales. No existen rutas claras para denunciar lo que sucede en redes sociales.
Un caso ilustrativo es el de la asambleísta departamental, Azucena Fuertes, ex candidata a diputada por Potosí. Denunció el acoso digital que recibió a raíz de un deepkake que le hicieron con el vicepresidente Edman Lara, las cosas se estaban saliendo de control, entonces acudió a la Fiscalía, allí le dijeron “no podemos hacer nada si no estas golpeada”. Ahí se termina el Estado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tampoco fue mejor, la Coordinadora de la Mujer, presentó una denuncia sobre el acoso político que recibieron 5 candidatas en las elecciones nacionales, el TSE sirvió de tramitador, mandó la denuncia a la Fiscalía donde se archivó. Ninguno de los entes dijo nada. El primero ni siquiera estableció sanciones a los partidos políticos, mucha de esta violencia como probaba la Coordinadora, provenía de la interna política, donde se supone que el TSE tiene competencias. No creó normativa. No se pronunció al respecto. La Fiscalía tampoco. No abrió una investigación de oficio. Sencillamente se archivó el caso.
Entonces la norma que prometió protección terminó siendo un documento decorativo útil para fingir avances en materia de género.
Existe otra norma que en teoría podría actuar sobre el entorno digital, pero tampoco lo hace, es la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que es incluso previa a la 243, y establece de forma explícita la obligación de que los medios de comunicación moderen sus plataformas digitales en los contenidos discriminatorios o de odio. La norma no lo apunta de forma retórica, es un mandato legal que en la práctica no se cumple. La investigación de la Lupa Digital denuncia que la mayoría de los comentarios discriminatorios estudiados estaban plasmados en plataformas de medios tradicionales que tienen un gran alcance. Los comentarios racistas, discriminatorios, misóginos, los ataques coordinados no sólo permanecen visibles, sino que también se multiplican y vuelven parte del flujo de las interacciones. La violencia sin moderación se legitima y la impunidad incentiva.
La justicia funciona cuando quiere
En 2026, la justicia boliviana demostró que sí puede intervenir en el entorno digital. Un fallo ordenó al excandidato Juan Carlos Medrano retirar publicaciones contra el presidente del TSE, Gustavo Ávila, por vulnerar su honra y reputación. Otro fallo en el marzo presente ordenó al vicepresidente Edman Lara eliminar contenidos difundidos contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza e incluso estableció plazos para su retiro.
Ambos casos muestran entonces que es posible identificar contenido e intervenir y ordenar su retiro.
Sin embargo, esta capacidad no se aplica a los casos de violencia contra mujeres.
Hace pocas semanas OXFAM, la Fundación Internet y la vicepresidencia de la cámara baja de la Asamblea Legislativa convocaron a un encuentro para anunciar que han comenzado a trabajar en la construcción de una Ley inspirada en la Ley Modelo Interamericana, impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) que orienta a los estados miembro a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el entorno digital, esto es una buena noticia ante un desfase que es evidente: la violencia ya está operando como sistema y la respuesta institucional no existe.
La Ley Modelo Interamericana, reconoce que esta violencia es una extensión de las formas tradicionales de violencia de género hacia entornos tecnológicos, qué quiere decir: la violencia estaba ahí sólo que ahora la leemos en redes sociales, no es un fenómeno que nace en las redes, se potencia ahí, se usa la tecnología para sofisticar su práctica.
Según los estudios analizados todas estas mujeres políticas han sufrido daño en su dignidad y reputación, sus derechos políticos se han visto afectados y en muchos de los casos que se han presentado han silenciado voces públicas.
El Estado estaría obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar. Se lee sencillo, pero es todo lo que no existe.
La Ley Interamericana introduce un elemento clave: la violencia digital tiene una función política. No es solo agresión, es disciplinamiento a las mujeres que participan en política.
El colectivo Ciberwarmis ha venido alertando la violencia digital en Bolivia, señalan que el 27% de las mujeres fue víctima de violencia sexual vinculada a tecnologías. Hace unas semanas atrás le presentaron al Parlamento la Ley Olimpia Bolivia, sumándose al movimiento latinoamericano que produjo el caso de Olimpia Coral Melo que fue víctima de la viralización de imágenes sexuales íntimas suyas sin su consentimiento. El caso modificó el código penal mexicano y logró que la violencia digital se convierta en un tipo penal. Esta norma es también la inspiración de la Ley Modelo Interamericana.
Distintas trayectorias, un mismo sistema
Las investigaciones de La Lupa Digital y del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer permiten reconstruir cómo esta violencia se expresa en experiencias concretas.
Mayte Flores fue candidata al Concejo Municipal, ella fue un personaje valorado en tanto no se involucró en política, su nombre ocupó portadas y titulares que nunca pusieron en tela de juicio andamiaje profesional, sólo esto pasó cuando decidió incursionar en política.
El analista Wilmer Machaca, le ha dedicado tiempo a la observación de la violencia digital a mujeres políticas en varias elecciones. Nos dijo que normalmente la conversación sobre una candidata del nivel autonómico se queda en el ámbito local, pero que la sexualización de Mayte trascendió Santa Cruz. Observó que algunos creadores de contenido fueron conscientes de que denigrando a Flores lograban vistas y entonces generaban contenido reproduciendo estigmas, “porque el internauta se une fácilmente al escarnio”, dice el investigador.
Luciana Campero fue candidata a alcaldesa de Tarija, algunos medios locales aseveraron que fue víctima de violencia vicaria: su madre fue blanco de perversos ataques. Ella misma denunció “una guerra sucia en su contra”, señaló que nunca pudo imaginarse vivir una situación así. Machaca observó que, en el caso de Campero, su relación con el ejecutivo nacional la volvía automáticamente responsable de todas las acciones gubernamentales, en cambio, no pasó lo mismo con Adrián Oliva, candidato a gobernador con el mismo respaldo.
Paola Aguirre es candidata a vicegobernadora de Santa Cruz, corre a la segunda vuelta. A ella la atacan por su carácter decidido y su “autonomía en la elección de su fuerza política: la llaman “traicionera”, dice el Observatorio. Hace pocos días ella declaro algo que es fundamental: “el precio de hacer política para las mujeres no tiene que ser tan alto”. Este caso, además, muestra que la agencia política de las mujeres es cuestionada sin importar la fuerza política a la que pertenezcas, Eva Copa recibió ataques de la misma naturaleza y por razones parecidas. La política nacional no es tan rigurosa con los varones, podríamos señalar a varios que han pasado por distintas fuerzas políticas sin que esto signifique ningún tipo de objeción.
Otros casos en observados en las subnacionales fueron los de Luisa Nayar, Angélica Sosa y Rocío Molina. Sobre está última hay que añadir que fue víctima de violencia institucional, el TSE inhabilitó su candidatura y luego de resuelta la impugnación volvió a habilitarla un día antes de las elecciones.
En las elecciones presidenciales de agosto 2025 dan cuenta que el patrón es el mismo.
Wilmer Machaca estudió el caso de Eva Copa, que refleja una la violencia continua, que no se limitó a proceso electoral, sino que se extiende en el tiempo mediante campañas reiteradas de desinformación, ataques a su imagen y cuestionamiento permanente de su legitimidad. Concluyó que la violencia digital sufrida por Copa “no solo tiene una dimensión personal, sino que se constituye en un mecanismo de control político y disciplinamiento. Su caso evidencia cómo la transgresión de ciertos mandatos activa una maquinaria de desprestigio que mezcla racismo, clasismo, sexismo y violencia simbólica”.
Mariana Prado enfrentó una violencia de desgaste sostenido: cuestionamientos reiterados a su capacidad y una circulación constante de contenido que erosionaba su credibilidad. Campañas de hostigamiento callejero perpetrados por un grupo feminista. La escritora Quya Reyna, hizo una afirmación implacable: “mi molestia con el feminismo es que no nombra, se acompleja fácilmente. Lo que pasó con Mariana Prado en las elecciones es violencia política ejecutada por María Galindo, ¿por qué no pueden decirlo?” señala Reyna. Mostrando que la violencia política no es de ninguna manera patrimonio de los hombres, la ejecutan adversarios políticos.
Prado declaró para la Lupa una situación que advierten todos los estudios sobre el tema y es el retiro casi obligado de las mujeres en política: “Preferí volverme un fantasma digital; fue la única forma de cuidarme: desaparecer”.
Daniela Cabrera fue objeto de una presión persistente. La violencia en contra de ella no se concentró en un evento, sino en la acumulación de ataques continuos. Este caso muestra como la naturalización de la violencia digital puede decantar en violencia física, ella fue golpeada gravemente y enviada al hospital por la misma gente que la acosaba en redes sociales. A la vez es un símbolo de resistencia y la prueba de que un entorno político que acompañe, hace la diferencia. Hoy Daniela es vicepresidenta de la Cámara de Diputados e impulsora de una Ley en contra de la violencia digital.
Andrea Barrientos le dijo a la Lupa: “no me atacaban por un error político, sino por pensar diferente”. Como legisladora fue acosada por sus ideas. En la campaña electoral manifestó sus aspiraciones sobre el municipio y toda una maquinaria bastante bien aceitada del caudillo local cayó sobre ella. Más tarde Barrientos ocupó un alto puesto en ejecutivo y con ella hubo una sanción diferenciada. Ella dio discursos similares a otros actores políticos sobre la concreción de la distribución 50/50, pero las consecuencias solo fueron para ella: acoso, hostigamiento y finalmente la renuncia.
Yo misma, Susana Bejarano, recibí ataques sistemáticos previos a la campaña, incluyendo amenazas de muerte, sin respuesta institucional. Mi incursión en los medios de comunicación tuvo que pagar un derecho de piso que mis colegas en la misma situación que yo, no pagaron. Los ataques no eran a mis ideas, sino a la sospecha de que no eran propias.
En mi candidatura en cambio, se centraron en mi entorno familiar, incluidas mis hijas, ninguna mayor de 5 años. Se activó una persecución política en mi contra después de mostrarme crítica a la actitud política de Evo Morales.
Otros casos como el Toribia Lero y Ana María Crispín están cruzados por el racismo. El castigo sobre la identidad cultural. Anaís Guzmán, Lucero Justiniano y Evelyn Pinaya son las asambleítas más jóvenes del Parlamento y fueron castigadas por su edad, sospechadas de vinculaciones emocionales con jefes partidarios como única explicación de su posición de poder.
El estudio de la Lupa Digital incluyó otras mujeres que no fueron candidatas, pero gravitaron en el momento electoral y fueron por distintas razones atacadas:
Jessica Echeverría que hoy es viceministra, entonces fue la fiscal que llevó el caso de violencia intrafamiliar en contra del hijo del expresidente Luis Arce.
Y Natalia Aparicio, ella es analista política, condujo programas políticos con bastante popularidad y fue objeto de ataques sistemáticos que buscaron erosionar su credibilidad mediante repetición de narrativas negativas.
Estos dos casos son solo una muestra de que las mujeres que gravitan el ecosistema político son atacadas deliberadamente sólo por estar allí. Las mujeres con opinión, acción y decisión política propia son rápidamente disciplinadas por un sistema político patriarcal
Estas historias permiten establecer que la violencia no responde a hechos aislados, sino a una lógica que se repite en todo el país dentro del ecosistema político: se instala la narrativa, se elabora contenido, se replica y se normaliza. Una maquinaria que se aceita con dinero, odio e impunidad, termina siendo el sistema.
Wilmer Machaca aporta para este texto algo relevante: del universo de candidatos y candidatas a gobernaciones sólo el 8% son mujeres. Y del universo de candidatos y candidatas a las alcaldías sólo el 12% son mujeres. ¿Por qué los números son tan bajos? Las respuestas son múltiples, sin embargo, los datos nos orientan: la violencia política digital está expulsando mujeres del sistema político y está sirviendo de escarmiento para todas las mujeres que imaginan entrar en política.
Se exige a las mujeres una estadía en la política casi heroica, sacrificada “así es, para qué te metes”, dicen. Y la respuesta es que no tiene que ser así, que lo democrático es lo contrario y que cuando una se va, de alguna manera nos vamos todas.