El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, advirtió que no se permitirá que se vaya contra los trabajadores mineros de la Empresa Minera Colquiri.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se pronunció sobre la convocatoria a una asamblea en predios de la Empresa Minera Colquiri, por la Cooperativa 26 de Febrero R.L., y exigió que el Gobierno haga cumplir la normativa contra los avasallamientos y el juqueo de minerales.
Este pronunciamiento surge a raíz de la denuncia realizada por el secretario Trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Cecilio Gonzales, quien es trabajador de la empresa Colquiri, respecto a una convocatoria de la mencionada cooperativa, para realizar una asamblea en los predios de esa unidad productiva, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El dirigente anunció que los trabajadores se declararon en pie de lucha, debido a esa convocatoria, que provocó la alarma de los trabajadores, por considerarla atentatoria contra sus fuentes laborales.
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El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, quien se encuentra en el distrito minero de Colquiri, para celebrar los 82 años de creación del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, manifestó que fue informado sobre algunas acciones que se estarían pretendiendo asumir, por la Cooperativa 26 de Febrero, y advirtió que no se permitirá que se vaya en contra de los trabajadores de ese distrito minero.
“Estamos acá presentes en una presencia preventiva. Estamos haciendo este pronunciamiento en forma preventiva. No quisiéramos que esto se desborde”, advirtió a RENNO Noticias Obreras.
Dijo que: “como Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, como indica el lineamiento de los trabajadores del subsuelo, (se) toca uno, (se) toca todos”.
Paye informó que, desde la organización sindical, se hizo la respectiva denuncia a las autoridades y se tuvo un acercamiento con el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Gobierno y el de la Presidencia y, hasta con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para pedirles que se haga cumplir la ley.
Mencionó que hay una norma que sanciona los avasallamientos y también el juqueo de minerales, porque ambos delitos, hacen daño a lo que es la producción y también a las utilidades que percibe el Estado de la actividad minera legal.
El dirigente se refirió a la Ley 367, aprobada en 2013, que incorpora al Código Penal los delitos de avasallamiento en área minera; la explotación ilegal de recursos minerales; y la venta y compra ilegal de recursos minerales.
El artículo 232 bis dispone que: “El que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos al Estado y/o a titulares de derechos mineros que se hallan en posesión legal del mismo, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años”.
Mientras que, el artículo 232 ter, dispone una sanción de cuatro a ocho años de privación de libertad a quien realice actividades de explotación ilegal de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente.
El artículo 232 quater, se refiere a la venta o compra ilegal de recursos minerales y dispone que quien compre o venda recursos minerales, producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres a seis años.
Además, la Ley 1093 contra el juqueo, promulgada en 2018, modifica el Código Penal para sancionar ese delito con uno a 10 años de cárcel. La norma tipifica el robo, hurto, transporte y comercialización ilegal de minerales, afectando tanto a quienes cometen el robo como a quienes compran minerales robados.
Por lo tanto, advirtió que: “Estamos nosotros como Federación, como Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, hoy en Colquiri, y vamos a estar en todos los distritos mineros, donde haya esta amenaza, para decir ¡Basta a esa minería ilegal!”, afirmó.
Sostuvo que se debe impulsar una minería sana, comprometida, ambiental. En ese entendido, afirmó que también estamos exigiendo a todas las autoridades que deban controlar a todos los actores mineros y sobre todo al sector del cooperativizado. Primero, que tengan que legalizar todo lo que consiste antes de hacer la operación minera.
De lo contrario, estaríamos hablando de temas ilícitos, de lo que la misma justicia, las mismas autoridades tienen que hacer cumplir la ley. Vamos a pedir también que masifique el tema de lo que es la presencia de la fuerza pública acá en Colquiri. Llamamos a que se flexionen los compañeros de la cooperativa.