Piden que todos los cuestionamientos y reflexiones sobre los últimos procesos electorales se enfoquen en impulsar reformas en una Ley de Régimen Electoral que data de la época del “masismo”. Tras demostrarse que el contenido de la actual Ley de Régimen Electoral presenta fallas que generan desconfianza, los cuestionamientos sobre su vigencia son válidos. Criterios que limitan el acceso a la participación ciudadana respecto a las candidaturas, respeto al principio de preclusión, vacíos legales y otros puntos, deben ser subsanados para evitar más problemas en futuros procesos electorales.
Fuente: El Diario
Luego de dos semanas en que la polémica por la cancelación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación del departamento de La Paz fue el centro de la discusión política, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto Veneros, afirmó que todas las observaciones y críticas expresadas en los últimos procesos electorales deben servir para promover urgentes cambios en la norma electoral.
En criterio de la legisladora paceña, tras la determinación final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto al balotaje en La Paz, todas las reflexiones que puedan hacerse deben enfocarse en impulsar reformas en una Ley de Régimen Electoral que data de la época del “masismo” y quedó demostrado que su contenido tiene fallas que generan desconfianza y serios cuestionamientos sobre su vigencia.
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Para Pinto, uno de los principales aspectos a modificarse es el tema del acceso ciudadano a una candidatura que le permita acceder a un alto cargo público mediante el voto popular, sin que esta posibilidad requiera del aval de una organización política, cuyo origen y legitimidad también sea objeto de controversia.
“De aquí en adelante en lo que se debe pensar es en reformar la norma electoral, sobre todo en los criterios que limitan el acceso a la participación ciudadana respecto a las candidaturas, esto ahora está restringido y supeditado a los partidos políticos y no debe ser así”, sostuvo la legisladora, señalando que este punto es uno de los que más problemas ha generado en los últimos procesos eleccionarios.
Otro aspecto, observado por Pinto tiene que ver con el respeto al Principio de Preclusión, “básico para la norma electoral”; sin embargo, en muchas ocasiones fue tratado de vulnerar a través de recursos judiciales o mediante medidas de presión de carácter político, destinadas a forzar una revisión de temas ya resueltos por el ente electoral.
Otros “vacíos legales” identificados por la legisladora paceña tienen que ver con una supuesta excesiva discrecionalidad que se le permite al Tribunal Electoral, al momento de asumir determinaciones en materia electoral.
“Hay muchos vacíos legales que dejan que el Tribunal pueda dirimir a su criterio y eso no está bien, yo creo que existen vacíos legales que deben ser sellados con una nueva normativa y el Parlamento es la instancia que debe hacerlo”, finalizó.
La semana pasada, argumentando una ruptura definitiva con su candidato a la Gobernación paceña, René Yahuasi, la organización política NGP presentó su declinación a participar en la segunda vuelta electoral programada para el próximo domingo 19 de abril.
Posteriormente, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, informó que, tras una reunión de Sala Plena, el ente electoral determinó aceptar la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP), por lo que el acto eleccionario quedó cancelado, dando paso a la proclamación de la fuerza política que continúa en carrera por la Gobernación paceña, la alianza Patria Sol.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, adelantó que el ente electoral sancionará a Nueva Generación Patriótica por haber decidido declinar su participación. Consultado sobre el tipo de sanción, la autoridad precisó que le corresponde a la Sala Plena analizar dicho escenario; sin embargo, las posibles sanciones van desde multas económicas, suspensiones y hasta la cancelación de la personería jurídica.
Desde el Órgano Electoral se puntualizó que todas las determinaciones asumidas en este tema se enmarcan en la vigente Ley de Régimen Electoral y que el no respetar dicha norma deriva en la comisión de un delito, independientemente de estar o no de acuerdo con su contendido.
La normativa vigente permite a cualquiera de las fuerzas habilitadas para la segunda vuelta declinar su participación, figura contemplada en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral. De darse el caso, el TSE debe proclamar como vencedor del proceso a la candidatura de la otra fórmula.
“Cabe recordar que, con esta Ley, ya se realizaron tres elecciones generales y tres elecciones subnacionales hasta la fecha, sin que haya existido observación sobre estas disposiciones por parte de los actores políticos, exlegisladores o analistas”, señala una publicación del OEP en su web oficial.
Se reiteró que uno de los principios rectores del Órgano Electoral es el principio de legalidad, lo que obliga al TSE a actuar en estricto cumplimiento de la ley. El no hacerlo implicaría incurrir en responsabilidades legales, como incumplimiento de deberes y la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a la normativa vigente.
Sobre algunos cuestionamientos que observaron el tiempo con el que el TSE asumió una determinación en este tema, se aclaró que es deber del Órgano Electoral brindar certidumbre a la ciudadanía sobre las decisiones de importancia que se asuman en torno al proceso electoral, tomando en cuenta que se deben ejecutar una serie de actividades logísticas y operativas antes de la jornada de votación, como el sorteo de franjas, designación de jurados electorales, contratación de servicios y la producción de material electoral para todos los departamentos involucrados.
Se recordó que durante el acto inaugural de las Elecciones Subnacionales 2026, el presidente del TSE, Gustavo Ávila se refirió a la necesidad de impulsar reformas urgentes a la normativa electoral, hecho que viene advirtiendo desde las pasadas elecciones judiciales, porque se identificaron vacíos y contradicciones en la ley.
“Pasada la segunda vuelta del proceso electoral subnacional, el Órgano Electoral hará entrega a la ALP de una propuesta que modifique el actual marco legal”, agregó.
Fuente: El Diario