Alistan leyes como “regalo” de los 209 años de la Batalla de La Tablada. A diferencia de hace una década atrás, en la que autoridades competían por entregar obras y proyectos, hoy la realidad es distinta, Gobernación y municipios ponen la mirada a ver “qué trae” el Gobierno Nacional.
Tarija llega a su aniversario 209 de la Batalla de La Tablada, este 15 de abril de 2026, en un escenario marcado por intentos de austeridad, la caída sostenida de ingresos y una creciente expectativa por anuncios que permitan aliviar la crisis económica que atraviesa el departamento. A diferencia de gestiones pasadas, donde la efeméride era sinónimo de inauguraciones y grandes proyectos, hoy el contexto obliga a priorizar la contención del gasto y la búsqueda de alternativas de financiamiento.
La reducción de los recursos provenientes de la renta hidrocarburífera se ha convertido en el principal factor que explica el momento actual. En poco más de una década, la producción de gas ha caído en más del 50%, arrastrando consigo las regalías que sostenían gran parte de la inversión pública en el departamento. Este descenso, sumado a cuestionamientos sobre una distribución desigual de recursos desde el nivel central, ha dejado a Tarija con márgenes de maniobra cada vez más limitados.
Gobernación en modo ajuste
El gobernador Óscar Montes ha reconocido que la institución atraviesa una etapa de ajuste estructural. La Gobernación ha reducido su Plan Operativo Anual (POA) en aproximadamente 70 millones de bolivianos respecto a gestiones anteriores y ha optado por paralizar nuevas licitaciones ante la falta de liquidez.
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En ese marco, la administración departamental ha priorizado la continuidad de servicios esenciales y la conclusión de proyectos en curso, dejando de lado nuevas iniciativas de gran envergadura. Montes ha insistido en que el desafío actual no es expandir el gasto, sino sostener la institucionalidad en medio de la crisis.
Pese a ello, destacó la entrega de equipamiento médico valuado en 5,8 millones de dólares para el hospital Materno Infantil, gestionado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como una muestra de que aún es posible concretar inversiones estratégicas.
Municipios al límite
La crisis no es exclusiva del nivel departamental. Varios municipios de Tarija han declarado emergencia debido a recortes presupuestarios que, en algunos casos, alcanzan hasta el 80% de sus ingresos proyectados para 2026.
Municipios como Yunchará y El Puente enfrentan un escenario complejo, con riesgo de paralización de servicios y proyectos locales. En la capital, la Alcaldía ha informado que dispone de poco más de 20 millones de bolivianos para inversión, una cifra que obliga a priorizar mantenimiento antes que nuevas obras.
Este panorama refleja la alta dependencia de las transferencias estatales y la falta de diversificación económica, factores que hoy pasan factura a las administraciones locales.
Proyectos en pausa y nuevas apuestas
Ante la escasez de recursos, las autoridades han reorientado su enfoque hacia proyectos considerados estructurales y mecanismos alternativos de financiamiento.
Entre las estrategias en análisis destacan la emisión de “bonos verdes”, orientados a captar recursos internacionales vinculados a la protección ambiental, así como el acceso a créditos de organismos multilaterales.
En el ámbito político, cobra fuerza la propuesta de redistribución de recursos bajo el esquema denominado “50/50”, que busca un trato más equitativo para Tarija como departamento productor de hidrocarburos.
La mirada puesta en el 15 de abril
En medio de este contexto, la efeméride departamental se convierte en una ventana para la expectativa ciudadana. Autoridades locales y sectores cívicos esperan que la presencia del presidente Rodrigo Paz se traduzca en anuncios concretos más allá del discurso protocolar.
Uno de los proyectos más esperados es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), cuyo financiamiento por 65 millones de dólares podría ser garantizado mediante la promulgación de una ley respaldada por un crédito de la CAF. La iniciativa es vista como una obra importante tanto en términos ambientales como de salud pública.
A ello se suma una cartera de proyectos, que han sido propuestos por el alcalde Johnny Torres en su última visita a La Paz, que incluye la construcción del puente Isaac Attié, la Segunda Circunvalación, los puentes Chaupicancha y Cirminuelas, además de infraestructura rural en coordinación con el Programa de Alianzas Rurales (PAR). También se contemplan inversiones en salud y educación, aunque su viabilidad dependerá de la capacidad financiera del nivel central.
Paz y la tarea de resolver demandas históricas
Desde la Brigada Parlamentaria, su presidente Gabriel Corvera ha reconocido que Tarija arrastra un rezago en materia de desarrollo, aunque aseguró que se están impulsando iniciativas para saldar deudas históricas. Entre ellas, mencionó la aprobación en Diputados del financiamiento para la PTAR y el proyecto de ley que declara prioridad nacional al hospital oncológico de Tarija.
Por su parte, el Comité Cívico ha recordado al Gobierno nacional los compromisos asumidos durante la campaña electoral, entre ellos el asfaltado de la ruta al Chaco, la construcción del túnel del Aguaragüe y mejoras en el aeropuerto Oriel Lea Plaza.