Si se demuestra que un accidente con víctimas fue consecuencia de fallas en el control, mantenimiento o supervisión, los responsables podrían enfrentar penas de entre 3 y 5 años de reclusión.
Fuente: ANF
El Proyecto de Ley de “Protección de la Vida y Tutela de las Víctimas en Accidentes de Tránsito” propone un endurecimiento sustancial de las sanciones penales para conductores negligentes, así como la incorporación de responsabilidades directas para empresas de transporte.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Rolando Kobayashi Rojas, de la banca de Libre, en respuesta al elevado número de siniestros viales registrados en el país.
La propuesta plantea la modificación de los artículos 261 y 262 del Código Penal con el objetivo de establecer castigos diferenciados según la gravedad de las consecuencias. En casos de muerte, se prevén penas de entre 5 y 10 años de prisión, junto con la inhabilitación para conducir por al menos cinco años.
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Si el accidente ocasiona lesiones graves o gravísimas, la sanción oscilaría entre 3 y 6 años de cárcel, además de la suspensión de la licencia por hasta ocho años.
Uno de los puntos más severos del proyecto se centra en la conducción bajo efectos de alcohol o drogas. En estos casos, si se producen muertes o lesiones, las penas se elevan a un rango de entre 8 y 12 años de prisión, con la inhabilitación definitiva para conducir, buscando generar un efecto disuasivo frente a conductas de alto riesgo.
La iniciativa también introduce agravantes específicas que incrementan la pena en un tercio. Entre ellas se encuentran el exceso de velocidad, la fuga del lugar del hecho sin prestar auxilio, la conducción sin licencia o con esta suspendida, y la participación de conductores de transporte público o servicios remunerados.
Un aspecto innovador del proyecto es la inclusión de responsabilidad penal para propietarios, gerentes o administradores de empresas de transporte. Si se demuestra que un accidente con víctimas fue consecuencia de fallas en el control, mantenimiento o supervisión, los responsables podrían enfrentar penas de entre 3 y 5 años de reclusión.
Asimismo, se refuerzan las sanciones por omisión de socorro. El abandono de víctimas podría ser castigado con penas de 3 a 6 años, que aumentarían hasta 10 años si la falta de auxilio deriva en la muerte o agravamiento del estado de la persona afectada. Incluso terceros que no presten ayuda, pese a poder hacerlo sin riesgo, podrían enfrentar penas de hasta 3 años de prisión.
El proyecto se sustenta en cifras alarmantes: en 2024 se registraron más de 18.000 accidentes de tránsito en Bolivia, con 1.748 fallecidos y más de 15.800 heridos. Según el documento, la normativa vigente resulta insuficiente para sancionar adecuadamente la gravedad de estas conductas, por lo que se busca establecer un marco legal más riguroso que priorice la protección de la vida y la atención oportuna a las víctimas.