Fuente: ANF
El proyecto de ‘Ley de Garantía del Acceso al Cannabis Medicinal y sus Derivados para la Atención Integral de la Salud’ propone un giro estructural en la política sanitaria del país al establecer un marco regulatorio integral para el uso terapéutico del cannabis.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Sandra Hinojosa, de Alianza Popular, y apunta a transformar el estigma en evidencia científica, priorizando a pacientes con enfermedades graves.
La propuesta fija como principio central el uso exclusivamente medicinal, terapéutico y científico del cannabis, descartando de forma expresa cualquier finalidad recreativa. En ese marco, se busca habilitar la investigación, el cultivo, la industrialización y la comercialización bajo estrictos controles estatales.
Uno de los pilares del proyecto es la creación de la Autoridad de Regulación del Cannabis Medicinal (ARCAME), una entidad técnica descentralizada bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes. Esta instancia tendrá la responsabilidad de otorgar licencias, fiscalizar toda la cadena productiva, certificar la calidad de los derivados y administrar el registro oficial de pacientes.
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El régimen de licencias contempla cuatro categorías: investigación científica, cultivo y producción, industrialización y exportación. A esto se suma la implementación obligatoria de un sistema de trazabilidad “seed-to-sale” (de la semilla a la venta), que permitirá monitorear en tiempo real cada etapa del proceso, desde la siembra hasta la dispensación al paciente.
Además, los predios de cultivo serán considerados “zonas de resguardo técnico”, con vigilancia permanente y coordinación con la Policía Boliviana.
En cuanto al acceso, el proyecto plantea la creación del Registro Nacional de Pacientes (RENPAC), una base de datos confidencial que incluirá tanto a pacientes como a médicos prescriptores.
La dispensación se realizará exclusivamente en farmacias autorizadas, mediante receta archivada y validación digital. Asimismo, se prevé la incorporación de derivados cannabinoides al Listado Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME).
La iniciativa también impulsa la industrialización nacional, priorizando la producción estatal o mixta de aceite de cannabis. Según el documento, esta medida permitiría reducir hasta en un 70% los costos frente a productos importados o de contrabando, ampliando el acceso para sectores vulnerables.
En el plano jurídico, el proyecto establece salvaguardas para médicos y pacientes, garantizando que no serán sujetos a sanciones penales cuando el uso esté debidamente acreditado. Además, contempla una amnistía para personas procesadas por la tenencia de aceites con fines medicinales comprobados, siempre que no exista evidencia de comercialización ilegal.