La explotación de las reservas de litio del Salar de Uyuni merece un mejor destino que el de otros recursos naturales extraíbles.
Con el anuncio de la construcción de una planta piloto de producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, el Gobierno se ha mostrado una vez más como el gran impulsor de la industria energética en el país. En ese afán, ha dejado establecido que Bolivia producirá carbonato de litio para el mercado internacional en el 2013, y el 2018 instalará una fábrica de baterías de litio para coches eléctricos. Sus propósitos serían bienvenidos en otras circunstancias. En primer lugar, en plena campaña electoral más parecen promesas demagógicas que reales. Por otra parte, muy a su pesar, el Ejecutivo no ha podido hacer buena letra con la producción de gas, que era el proyecto “estrella” de su plan de gobierno.
Son justamente estos antecedentes negativos de gestión en materia energética los que hacen dudar que las promesas de producción de litio sean llevadas a buen puerto, al menos en los términos que menciona el oficialismo. Conviene tener en cuenta que el propio proceso de industrialización está en la etapa preembrionaria y sólo hay intenciones. Una muestra es que el Primer Foro Internacional de Ciencia y Tecnología para la industrialización del litio que reunirá a expertos y científicos de varios países, colocará sobre el tapete la complejidad del proceso, especialmente en la parte tecnológica y en la de la inversión financiera, aspectos capitales en los que Bolivia no puede demostrar fortaleza.
Asimismo, preocupa que la cuantía de las reservas de litio existentes en el Salar de Uyuni haya entrado en el terreno de la controversia. Habrá que preguntarse por qué el Gobierno prefiere atenerse a las cifras proporcionadas por el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), que calcula las reservas de litio boliviano en 5.5 millones de toneladas, mientras que desestima la menos optimista de la consultora Meridian Internacional Research, que asegura que existen sólo 300 mil toneladas de litio metálico extraíble. Lo más sensato habría sido andar con pies de plomo en terrenos que no se conocen bien, a no ser que el Gobierno sólo quiera dorar la píldora para que los bolivianos nos la traguemos.
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Si es así, el Ejecutivo ya está en el camino equivocado. Hasta el momento el país está desencantado con la gestión gubernamental en materia energética, No sólo que la producción y exportación de gas natural ha ido en declive, sino que las perspectivas en el plazo mediato tampoco son halagüeñas. La sombra de la corrupción y la ineptitud ha marcado a fuego este terreno. Por lo mismo, la promesa de la industrialización del litio se perfila como demagógica y electoralista antes que una propuesta seria. Es más, todavía no se sabe qué firma se adjudicará la explotación del litio, y las ventajas y desventajas que ofrecerán los futuros acuerdos.
Desde esa óptica, la industrialización del litio puede resultar un auténtico espejismo si se pierde de vista la objetividad que reclama su explotación de cara al futuro. El país ya no está para promesas como las de la nacionalización de hidrocarburos o los beneficios del gas natural exportable, donde han prevalecido la frustración y los nidos de corrupción. La explotación del litio merece un mejor destino que el de otros recursos naturales extraíbles. Para ello, el Gobierno debe preferir la objetividad a la demagogia.