En 2014, el ingreso per cápita alcanzaba Bs 795, mientras que en 2025 cayó a Bs 571, una reducción del 28,2%.
En 2025, la Gobernación ejecutó ingresos corrientes por Bs 1.842,5 millones. Foto: El Deber
Fuente: El Deber
El análisis de las finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC) revela, según el estudio realizado por el Centro de Estudios Populi, una realidad que va más allá de los números nominales: una fuerte dependencia de transferencias del nivel central y una limitada capacidad de generación de recursos propios.
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En 2025, la Gobernación ejecutó ingresos corrientes por Bs 1.842,5 millones. Sin embargo, el dato pierde relevancia cuando se desagrega su composición. Según el análisis fiscal, el 62% (Bs 1.141,6 millones) corresponde a transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), destinadas a financiar competencias nacionales como salud, educación y seguridad, recursos que la administración departamental ejecuta, pero no controla.
Ingresos propios: apenas el 5,4% del total
Del restante 38%, la mayor parte proviene de regalías hidrocarburíferas, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros ingresos vinculados a la actividad extractiva. Estos recursos, aunque administrados por el nivel departamental, dependen de factores externos como los precios internacionales y la producción de hidrocarburos.
En ese contexto, los ingresos genuinamente propios —tasas, patentes, servicios y tributos departamentales— alcanzan apenas Bs 100,3 millones, equivalente al 5,4% del total. En términos per cápita, esto representa apenas Bs 31 por habitante al año, una cifra que evidencia la limitada autonomía fiscal.
Este patrón coincide con la estructura fiscal boliviana, donde las gobernaciones tienen escasa capacidad tributaria propia, a diferencia de los municipios que sí reciben coparticipación directa de impuestos nacionales.
El espejismo del crecimiento y el colapso de la inversión
Aunque el ingreso corriente total parece elevado, la evolución en el tiempo muestra un deterioro significativo. En 2014, el ingreso per cápita alcanzaba Bs 795, mientras que en 2025 cayó a Bs 571, una reducción del 28,2%.
Más preocupante es la caída de los recursos de libre disponibilidad, que pasaron de Bs 574 a Bs 217 por habitante (-62,2%). Esto ha tenido un impacto directo en la inversión pública departamental, que se desplomó en más del 90%, pasando de Bs 302 por habitante en 2014 a solo Bs 29 en 2025.
El fenómeno está estrechamente vinculado a la caída de las regalías hidrocarburíferas, afectadas por la disminución de la producción de gas natural en Bolivia y la volatilidad de los precios internacionales, un problema que ha sido advertido por organismos como la YPFB y analistas del sector energético.
Un modelo fiscal centralizado
El sistema tributario boliviano refuerza esta dependencia. De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 2025 la base coparticipable alcanzó Bs 48.433 millones, provenientes de impuestos como el IVA, IUE e IT.
Actualmente, estos recursos se distribuyen entre el TGN, municipios y universidades públicas, dejando fuera a las gobernaciones, que no reciben coparticipación directa. Esto limita su capacidad de planificación y ejecución de políticas de desarrollo regional.
El TGN retiene alrededor del 74,6% de esta base, lo que refleja un alto grado de centralización fiscal en el país.
Propuesta de coparticipación: un cambio estructural
Frente a este escenario, surge la propuesta del principio 50/50, que plantea dividir la recaudación tributaria en partes iguales entre el nivel central y las entidades subnacionales, incluyendo a las gobernaciones.
Bajo este esquema, Santa Cruz —que concentra el 27,48% de la población nacional, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)— podría recibir hasta Bs 1.996 millones adicionales al año.
Este monto equivaldría a más de dos veces el nivel máximo de inversión pública registrado en 2014, lo que permitiría revertir parcialmente la caída de la inversión y fortalecer la autonomía fiscal departamental.
Un problema estructural, no coyuntural
El análisis concluye que la situación actual no responde a un ciclo económico temporal, sino a un problema estructural: la dependencia de ingresos volátiles y la falta de acceso a fuentes estables de financiamiento.
La combinación de menor renta hidrocarburífera, centralización tributaria y baja generación de ingresos propios configura un escenario que limita el desarrollo regional y la capacidad de respuesta de la Gobernación.