Por Rubén Suarez
Director de RedContactoSur
En los últimos tiempos se ha instalado en Bolivia un debate que, lejos de fortalecer el sistema democrático, amenaza con erosionar pilares esenciales del Estado de Derecho. Nos referimos al impulso de una normativa inspirada en la denominada “Ley Brisa”, presentada como un mecanismo de protección a víctimas de violencia.
Afirmamos con absoluta claridad: no estamos en contra de la mujer, ni de las políticas de protección, ni de la lucha contra la violencia. Apoyamos toda medida seria que busque prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Sin embargo, esa causa legítima no puede utilizarse para justificar la violación de garantías constitucionales básicas.
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Lo que se intenta imponer no es una simple herramienta de protección: es una reconfiguración peligrosa del sistema jurídico que pone en jaque principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD: UNA INVERSIÓN INACEPTABLE
Uno de los aspectos más graves es la instalación de una lógica de culpabilidad anticipada. En lugar de exigir pruebas y un proceso judicial sólido, se otorga a la denuncia un peso desproporcionado que puede derivar en sanciones sociales, económicas y jurídicas antes de una sentencia firme.
Esto constituye una inversión del principio de presunción de inocencia. No es un detalle técnico: es una garantía esencial que protege a todos los ciudadanos frente al abuso del poder. Debilitar este principio implica abrir la puerta a arbitrariedades, persecuciones y condenas sin prueba suficiente.
EL ESCARNIO PÚBLICO Y LA CONDENA SOCIAL ANTICIPADA
En la práctica, este tipo de enfoques fomenta el escarnio público. Una denuncia puede viralizarse en redes sociales y medios de comunicación, generando un daño irreparable en la vida de una persona sin que exista un fallo judicial.
La reputación, la familia y el trabajo pueden ser destruidos en cuestión de horas. Se instala así una justicia paralela basada en la presión mediática, incompatible con cualquier sistema democrático serio. La justicia no puede ser reemplazada por el tribunal de la opinión pública.
FALSAS DENUNCIAS: UNA REALIDAD QUE NO PUEDE SER IGNORADA
Un punto central que debe incorporarse de manera explícita en cualquier normativa es el tratamiento de las denuncias falsas.
Cuando se compruebe que una denuncia es falsa, deben activarse todos los mecanismos legales correspondientes contra quien haya cometido el delito de falso testimonio o denuncia maliciosa. Esto incluye la investigación inmediata, el procesamiento y, de corresponder, la imposición de penas que pueden llegar a la privación de libertad.
No se trata de desalentar denuncias legítimas, sino de evitar que el sistema sea utilizado como herramienta de daño.
Una ley equilibrada debe contemplar:
● Sanciones claras para denuncias falsas.
● Investigación rigurosa de los hechos.
● Responsabilidad penal para quienes utilicen el sistema judicial de forma fraudulenta.
La impunidad frente a denuncias falsas destruye la credibilidad del sistema y perjudica
incluso a las verdaderas víctimas.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA AMBAS PARTES
Una legislación seria debe garantizar derechos para todos los involucrados. No puede existir un sistema donde una parte tenga protección absoluta y la otra quede desprotegida.
Es imprescindible que:
● Se respete el debido proceso.
● Se garantice el derecho a defensa.
● Se preserve la presunción de inocencia.
● Se eviten medidas desproporcionadas sin sentencia firme.
Las garantías constitucionales no son opcionales ni negociables. Son la base del sistema democrático.
La protección de una parte no puede implicar la vulneración de la otra.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: NECESARIAS, PERO NO ARBITRARIAS
Las medidas de protección son fundamentales en casos de riesgo real. Sin embargo, deben aplicarse con criterios claros, proporcionales y fundamentados.
El uso indiscriminado de medidas restrictivas sin una evaluación rigurosa puede derivar en abusos, afectando derechos fundamentales.
El equilibrio es clave: proteger sin condenar anticipadamente.
RIESGO DE INSTRUMENTALIZACIÓN
No puede ignorarse el riesgo de que este tipo de leyes sean utilizadas de forma indebida en conflictos personales, económicos o políticos.
Un sistema mal diseñado puede convertirse en una herramienta de presión, extorsión o venganza.
La ley debe prever estos escenarios y establecer controles efectivos para evitarlos.
UNA ADVERTENCIA CLARA
Bolivia necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas. La justicia no puede construirse sobre la base de la emoción o la presión social, sino sobre principios jurídicos sólidos.
No se trata de enfrentar derechos, sino de garantizarlos para todos. Sostenemos:
● La lucha contra la violencia es fundamental.
● La Constitución debe ser respetada.
● Las garantías jurídicas son irrenunciables.
● La justicia debe ser equilibrada.
CONCLUSIÓN: SIN EQUILIBRIO NO HAY JUSTICIA
Una ley que presume culpables, que habilita el escarnio público y que no contempla sanciones para denuncias falsas, no es una ley justa.
Toda normativa debe garantizar protección, pero también responsabilidad.
Si una denuncia es falsa, debe investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Si una denuncia es verdadera, debe protegerse y repararse a la víctima.
Ese es el único camino hacia una justicia real.
Bolivia merece leyes firmes, pero también justas. Leyes que protejan sin destruir, que equilibren sin discriminar, que garanticen derechos sin excepciones.
Porque cuando se vulneran las garantías constitucionales, no pierde una persona: pierde toda la sociedad.