Expertos y organismos internacionales advierten que la opacidad fiscal afecta inversión, crecimiento y acceso a financiamiento tan medular para el país.
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
Bolivia vuelve a quedar rezagada en materia de transparencia presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, el país se ubica muy por debajo del estándar internacional considerado adecuado (61 puntos), según el estudio impulsado por International Budget Partnership.
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La medición, aplicada en 83 países y desarrollada en Bolivia por la Fundación Jubileo, no solo evalúa la disponibilidad de información fiscal, sino también la participación ciudadana y el control institucional. En ambos casos, los resultados también reflejan debilidades: 13/100 en participación y 39/100 en vigilancia.
Más allá del ranking, el dato revela un problema estructural que trasciende lo técnico: la falta de transparencia en el presupuesto público limita la calidad de la política económica y debilita la confianza en el país, hacen notar desde Jubileo.
Para el ecnomista, Luis Fernando Romero, contar con un presupuesto abierto es clave porque permite a la población conocer cómo el Estado recauda y gasta los recursos públicos, fortaleciendo la confianza y reduciendo riesgos de corrupción.
“En el caso de Bolivia, la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 muestra una calificación de apenas 11/100 en transparencia, muy por debajo del nivel adecuado de 61 puntos. Esto refleja que la información no es oportuna ni accesible, lo que limita el control social.”, sostuvo Romero.
A tiempo de remarecar que un presupuesto transparente mejora la eficiencia del gasto, porque obliga al Estado a justificar sus decisiones. Además, permite evaluar si los recursos realmente llegan a sectores clave como salud, educación o inversión pública. En términos simples, sin transparencia no hay control ni buena gestión pública.
Confianza e inversión
El Presupuesto General del Estado (PGE) es el principal instrumento de política económica de un país. Define cuánto se recauda, en qué se gasta y cuáles son las prioridades del Estado.
Para Jubilieo, cuando este proceso es transparente permite a ciudadanos, empresas e inversionistas conocer y evaluar el destino de los recursos públicos. Además, contribuye a reducir riesgos de corrupción, mejorar la eficiencia del gasto y generar previsibilidad económica.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coinciden en que la transparencia fiscal es un pilar para la estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la atracción de inversiones.
En contraste, la opacidad genera incertidumbre. Cuando no se conoce con claridad cómo se asignan los recursos o cuáles son las proyecciones fiscales, las decisiones empresariales se vuelven más cautelosas y el costo del financiamiento puede aumentar.
En el caso boliviano, uno de los principales problemas es que el proyecto del PGE no se publica antes de su tratamiento legislativo, lo que limita el debate público y reduce la capacidad de análisis de los actores económicos.
¿Por qué importa un PGE?
Romero considera que El PGE es el principal instrumento de política fiscal y planificación económica de un país, ya que define cuánto se recauda, en qué se gasta y cuáles son las prioridades nacionales. Sin un PGE claro, no existe una hoja de ruta para el desarrollo económico y social.
Además, permite coordinar políticas públicas, controlar el déficit fiscal y gestionar la deuda pública de manera responsable. En Bolivia, la falta de información detallada incluso impide identificar claramente cuánto se asigna a sectores específicos. Un buen presupuesto también sirve para evaluar resultados: comparar lo planificado con lo ejecutado.
En síntesis, el PGE ordena la economía del Estado y da previsibilidad a todos los actores económicos, puntualizó Romero.
Subrayó que trabajar con un presupuesto heredado tiene consecuencias claras y concretas: primero, existe una desalineación de políticas, ya que el gasto responde a un enfoque económico anterior y no a las prioridades del nuevo gobierno. Segundo, se produce una rigidez presupuestaria, porque no se pueden reasignar recursos fácilmente hacia sectores críticos como salud o inversión pública.
Tercero, se genera una pérdida de credibilidad fiscal, tanto a nivel interno como externo, lo que puede afectar la inversión privada, el acceso a financiamiento y la estabilidad macroeconómica.
“En términos simples, el Estado sigue funcionando, pero con baja eficiencia, menor capacidad de reacción y sin una dirección estratégica clara”, indicó el economista.
El estudio indica que mejorar la transparencia presupuestaria no es solo cuestión de imagen internacional, sino que tiene efectos directos en la economía, pues permite: mejorar la confianza del sector privado, facilitar el acceso a financiamiento externo, fortalecer la planificación económico y reducir espacios para el uso discrecional de recursos.
