Acumulan Bs 2.655 millones en resultados negativos. Varias están en quiebra técnica. En dos décadas, alrededor de Bs 73.000 millones fueron destinados al sector. Analizan alternativa de salvataje o cierre.
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
El deterioro financiero de las empresas públicas en Bolivia tiene nombres propios y una alta concentración. Un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), presentado por su director, Pablo Camacho, revela que un grupo reducido de compañías explica buena parte de cifras críticas del aparato estatal.
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De un total de 67 empresas, 15 empresas, más la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), que ya quebró, representan una fuerte carga para el Estado que se traduce en pérdidas acumuladas por Bs 2.655 millones y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones.
Concentrada en 5 empresas
Sin necesidad de detallar todo el universo, los datos muestran que el mayor impacto está en cinco empresas: la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Bs 828,9 millones; Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Bs 472,2 millones; Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), con un saldo negativo de Bs 471,9 millones; la Agencia Boliviana Espacial (ABE), con una pérdida de, Bs 408,7 millones y la Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK), con Bs 399,1 millones.
Este grupo no solo expone los malos manejos, sino que evidencia problemas estructurales: baja rentabilidad, proyectos con alta inversión inicial y dificultades para generar ingresos sostenibles.
El crecimiento del aparato empresarial estatal se dio en un contexto de altos ingresos por exportación de gas, canalizados a través del Banco Central de Bolivia (BCB). En ese periodo, el Estado destinó más de Bs 73.000 millones en créditos para impulsar la industrialización y la sustitución de importaciones.
Hoy, el escenario es distinto. La caída de reservas internacionales y mayores necesidades de financiamiento fiscal reducen el margen para sostener empresas deficitarias, lo que vuelve más visible el costo de aquellas que no logran generar valor.
Más deuda, menos margen
El informe también advierte que varias de estas empresas operan con niveles elevados de endeudamiento —en algunos casos extremos por encima del 4.000%— lo que agrava su situación financiera.
Esto implica que el Estado no solo cubre pérdidas operativas, sino que también asume riesgos financieros crecientes, ya sea mediante garantías, transferencias o nuevas inyecciones de recursos.
El modelo de sustitución de importaciones impulsado en las últimas dos décadas deja resultados mixtos. Mientras algunas empresas lograron cierto grado de consolidación, otras no alcanzaron escala ni competitividad.
En este contexto, el debate se desplaza desde la creación de empresas hacia su sostenibilidad. Analistas plantean la necesidad de reestructuraciones, mayor control de gestión y, en algunos casos, redefinir el rol del Estado en sectores donde la rentabilidad sigue siendo esquiva.
¿Cerrar o salvar?
Ante este contexto, Camacho precisó que la situación de cada una de las empresas estatales será analizada de manera individual, a tiempo de hacer notar que en el caso de YLB, por tratarse de una empresa estratégica, serán las autoridades del sector las encargadas de realizar la evaluación correspondiente.
La autoridad brindó dos ejemplos de pésima administración en empresas estatales. El primero corresponde a la planta de aceites vegetales en Villa Montes (Tarija), que debía utilizar como materia prima el macororó; sin embargo, no se sembró la planta, cuyo ciclo de cosecha tarda aproximadamente nueve años.
Mientras que, el otro caso es de la empresa Santivañez (Cochabamba) que produce fertilizantes, la misma, de acuerdo con Camacho fue mal diseñada.
Al respecto, en la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado, el Gobierno plantea la evaluación de todas las empresas estatales en 90 días y el cierre de aquellas que no cumplan con los “criterios” de viabilidad y sean deficitarias.
En la Ley se especifica que “la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas tendrá 90 días para evaluar la viabilidad de las empresas estatales, con la posibilidad de cerrar aquellas que no cumplan criterios técnicos y financieros”.
“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por concreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley, así que ahí toca el trabajo con la Asamblea”, indicó, Gabriel Espinoza, ministro de Economía y Finanzas Públicas.