Santistevan fue enfático al señalar que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino extendido en distintos niveles de la institución.
Fuente: ANF
La necesidad de una reforma profunda de las Fuerzas Armadas (FFAA) vuelve a aparecer en el debate público, impulsada por especialistas que advierten sobre una combinación de factores críticos: corrupción interna, injerencia política y un marco normativo desactualizado que ya no responde a la Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde 2009.
El experto en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, sostuvo que la reestructuración de la institución militar es “urgente” para alinearla con los objetivos constitucionales y garantizar su eficacia en la defensa del Estado. A su juicio, el proceso debe ser integral, abarcando desde la actualización doctrinal hasta una lucha frontal contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
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Santistevan fue enfático al señalar que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino extendido en distintos niveles de la institución. Mencionó casos vinculados al uso irregular del transporte aéreo militar, la comercialización de repuestos e incluso la venta de combustible a redes del narcotráfico.
“Se debe ser implacable”, afirmó en contacto con ANF, al exigir que los procesos en la justicia militar no sean archivados y que los responsables sean dados de baja de forma definitiva.
En esa línea, advirtió también sobre la necesidad de blindar a las FFAA frente a la injerencia política y criminal. Según explicó, el narcotráfico busca incidir en la designación de mandos estratégicos mediante sobornos, lo que debilita la institucionalidad. Por ello, planteó que los ascensos y designaciones se rijan estrictamente por criterios de jerarquía, capacidad y antigüedad.
Otro aspecto crítico identificado por Santistevan fue la gestión de bienes incautados, particularmente aeronaves vinculadas al narcotráfico. Señaló que, conforme a la normativa, estos bienes deberían estar bajo control de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y no de la Policía. La actual situación —advirtió— facilita irregularidades, como la reaparición de avionetas con matrículas falsas o el uso ilícito de naves bajo custodia estatal.
Para el especialista, uno de los principales obstáculos estructurales es la vigencia de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), promulgada en 1992. La calificó como “obsoleta” y desfasada frente a los avances tecnológicos y las nuevas amenazas a la seguridad. En ese sentido, planteó que la reforma debe ser impulsada desde el Órgano Ejecutivo, con respaldo político suficiente para permitir una depuración institucional “sin padrinazgos”.
En la misma línea, el experto en Fuerzas Armadas y seguridad, Omar Durán, coincidió en que la LOFA ha quedado descontextualizada y presenta contradicciones con la CPE. Aseguró que no solo se trata de una norma antigua, sino también de una legislación que, en la práctica, es vulnerada por intereses políticos.
Durán denunció que las reglas sobre carrera militar son frecuentemente ignoradas. Como ejemplo, mencionó casos en los que oficiales permanecen en cargos más allá de los límites legales establecidos, amparados por decisiones políticas. A su juicio, este tipo de irregularidades pasan desapercibidas debido al escaso conocimiento ciudadano sobre la normativa militar.
Uno de los puntos más críticos, según el jurista, es la politización de los ascensos. Afirmó que estos no responden a méritos profesionales, sino a decisiones “a medida” de los gobiernos de turno. Incluso señaló que en gestiones pasadas se habrían anulado promociones completas para garantizar el control político de la institución.
Durán también cuestionó el funcionamiento de la justicia militar, a la que calificó como “una burla”. Explicó que muchos delitos cometidos en el ámbito castrense terminan siendo juzgados por la justicia ordinaria, lo que genera vacíos y confusión jurídica. A esto se suma la pérdida de vigencia práctica de las leyes especiales militares, debido a su subordinación frente al Código de Procedimiento Penal.
Ante este escenario, propuso replantear el rol de la justicia militar, limitándola a contextos de guerra o reformándola profundamente para evitar la impunidad. Asimismo, cuestionó la falta de iniciativa legislativa para actualizar la LOFA, señalando que la Asamblea Legislativa debería priorizar este debate en lugar de centrarse en acciones mediáticas.
Análisis CPE vs LOFA
El diagnóstico de ambos expertos coincide con un análisis que identifica una disonancia estructural entre la CPE de 2009 y la LOFA de 1992. Este desfase de 17 años ha generado contradicciones en aspectos fundamentales como la denominación institucional, la estructura de mando y la jurisdicción militar.
Por ejemplo, mientras la LOFA se refiere a “Fuerzas Armadas de la Nación”, la CPE establece el concepto de “Fuerzas Armadas del Estado”, en coherencia con el modelo plurinacional. Asimismo, la ley de 1992 otorga al Comandante en Jefe un rango equiparable al de Ministro de Estado, lo que contraviene la disposición constitucional que reserva el Órgano Ejecutivo a autoridades civiles.
También se evidencian tensiones en la administración de justicia. La LOFA reconoce tribunales militares autónomos, mientras que la CPE establece el principio de unidad jurisdiccional, limitando la justicia castrense a delitos estrictamente militares y bajo control constitucional.
Las diferencias se extienden a la designación del Alto Mando y al rol del Senado en los ascensos, así como a la relación con la Policía Boliviana, que la LOFA considera como reserva militar, en contradicción con su carácter independiente establecido en la Constitución.
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Fuente: ANF