En cuanto al derecho propietario, considerado clave para acceder a programas de vivienda, denunció que no hay avances concretos pese a más de 15 años de asentamiento.
Fuente: ANF
A más de cinco años del informe defensorial sobre la situación del pueblo ayoreo en Santa Cruz, el contraste entre los avances reportados por el Estado y la realidad en las comunidades sigue siendo profundo. Mientras la Defensoría del Pueblo destaca progresos en educación, salud, identidad y servicios básicos, líderes indígenas como Benjamín Chiqueno, referente de la comunidad Garay, sostienen que esos logros no se traducen en mejoras tangibles en la vida cotidiana.
“El avance no existe. Es peor hoy día”, afirmó Chiqueno a ANF, quien describió un escenario marcado por la exclusión estructural, la discriminación persistente y una fuerte dependencia de organizaciones no gubernamentales para cubrir necesidades básicas. Su testimonio pone en duda la efectividad de las políticas públicas implementadas tras el informe de 2020 “Situación del pueblo indígena ayoreo en las comunidades Degüi y Garay de Santa Cruz de la Sierra”.
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En el ámbito de la salud, la Defensoría reportó, en una solicitud de informe a ANF, la realización de ferias informativas en idioma ayoreo, la implementación de modelos de atención intercultural en centros médicos y programas preventivos, como campañas contra el VIH-SIDA y el pago del Bono Juana Azurduy. Sin embargo, Chiqueno refutó que estos esfuerzos hayan tenido impacto sostenido.
Denunció que la atención continúa siendo exclusivamente en castellano, sin personal que domine la lengua ayorea, lo que limita gravemente el acceso. A ello se suma, según relató, un trato discriminatorio y la entrega de medicamentos de baja calidad.
La situación sanitaria se agrava en un contexto más amplio. De acuerdo con datos recogidos por organizaciones como la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), al menos seis personas ayoreas fallecieron entre enero y marzo de 2026 por enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Estas afecciones, que ya alcanzan a jóvenes, evidencian la falta de atención integral y estudios clínicos adecuados, en un entorno donde incluso acceder a exámenes médicos resulta económicamente inviable.
En educación, la Defensoría señaló avances como la implementación de currículas regionalizadas con enfoque bilingüe, la entrega de incentivos como el Bono Juancito Pinto y mejoras en infraestructura. No obstante, Chiqueno calificó la situación como “pésima”. Explicó que la comunidad carece de docentes formados dentro del propio pueblo ayoreo y que la educación secundaria es prácticamente inaccesible por los costos de transporte y materiales.
Además, aseguró que el apoyo estatal es inexistente o irregular, y que incluso el funcionamiento del kínder depende de la gestión de donaciones externas.
Las brechas también son evidentes en el acceso a servicios básicos y derechos territoriales. Aunque el informe defensorial menciona un convenio con SAGUAPAC (Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico) para la instalación de alcantarillado, Chiqueno afirmó que este servicio no existe en la comunidad. Las familias cuentan únicamente con conexiones individuales de agua y electricidad, mientras que las calles permanecen en estado crítico y el recojo de basura es irregular.
En cuanto al derecho propietario, considerado clave para acceder a programas de vivienda, denunció que no hay avances concretos pese a más de 15 años de asentamiento.
Uno de los pocos aspectos en los que coincidieron ambas partes es el acceso a la identidad. Chiqueno reconoció como un avance significativo la presencia de brigadas del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en la comunidad, facilitando la obtención de cédulas de identidad y certificados de nacimiento. Dijo que este proceso ha reducido barreras históricas para el acceso a servicios públicos.
Sin embargo, los problemas estructurales persisten. La Defensoría reportó acciones contra la discriminación, como talleres de sensibilización y la socialización de la Ley N° 045. En contraste, Chiqueno describió un entorno de estigmatización constante. Señaló que vecinos de barrios cercanos asocian a los ayoreos con delincuencia y consumo de drogas, y denunció intentos de desalojo basados en prejuicios.
“Nos criminalizan por hechos aislados”, sostuvo, pese a que la comunidad cuenta con mecanismos internos de control.
El contexto social y económico profundiza estas tensiones. Según organizaciones que trabajan en el territorio, la pobreza extrema obliga a adolescentes a insertarse tempranamente en actividades laborales informales, no por imposición familiar, sino por necesidad.
La desnutrición infantil y la falta de ingresos estables agravan el panorama, especialmente en comunidades urbanizadas tras procesos de migración forzada, como los ocurridos luego de los incendios de 2019.
A esto se suman barreras culturales que dificultan la relación con el sistema de salud formal. La desconfianza hacia la medicina occidental y la falta de adecuación intercultural limitan el acceso a tratamientos, situación que se evidenció con mayor crudeza durante la pandemia de Covid-19, cuando muchas comunidades enfrentaron la crisis sin apoyo estatal.
Kinder de la comunidad ayorea Garay. Foto: APCOB
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Fuente: ANF