El juqueo ha derivado en un problema de violencia, con incursiones dentro de la mina bajo el mando de grupos armados. Dirigentes alertan que los líderes de los grupos portan pistolas en niveles profundos, elevando el riesgo de enfrentamientos
Fuente: ANF
El incremento sostenido del precio de los minerales y la falta de empleo formal han convertido al “juqueo” —robo de mineral— en una economía ilegal en expansión en Bolivia, con niveles crecientes de organización, violencia y participación social.
Especialistas, dirigentes y actores del sector coinciden en que el fenómeno ha dejado de ser marginal para convertirse en un problema estructural que combina crisis económica y debilidad institucional.
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El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y analista en tema mineros, Héctor Córdova, advirtió que el principal motor de esta actividad es la alta cotización del estaño y la plata, que hace del robo un negocio altamente rentable.
A este factor se suma una mezcla de necesidad y ambición. “Existe una presión real por la falta de empleo digno, pero también un incentivo claro de ganancias rápidas”, sostuvo en entrevista con ANF.
Córdova señaló que, pese a que las cooperativas mineras fueron concebidas como una alternativa laboral, no han logrado absorber la demanda de trabajo, empujando a sectores vulnerables hacia la ilegalidad. A esto se añade, según el experto, una débil fiscalización estatal y una extendida percepción de impunidad.
“Se ha instalado la lógica de que se puede operar al margen de la ley sin consecuencias”, afirmó.
Uno de los aspectos más críticos, en su criterio, es el rol de las comercializadoras de mineral, a las que identifica como eslabones clave en el circuito ilegal. Según explicó, estas empresas compran mineral de procedencia ilícita a precios bajos, obteniendo ganancias extraordinarias.
“Sin un mercado donde vender el mineral robado, el juqueo no existiría”, enfatizó.
Grupos armados
La situación descrita por Córdova se refleja con mayor crudeza en centros mineros como Huanuni. Daniel Jarro, representante de los desocupados de esa región, describió un escenario en el que el juqueo ha alcanzado niveles masivos. “Estamos en el peor momento”, afirmó a ANF, al detallar que los grupos de jucus pueden reunir entre 150 y 300 personas, con incursiones que llegan a concentrar hasta mil individuos dentro de la mina durante los fines de semana.
Estos grupos operan en niveles profundos —360 a 400 metros— y, según Jarro, lo hacen jefes de grupos armados y dispuestos a enfrentamientos directos. “Bajan con pistolas, con lanzagases, preparados para todo”, señaló.
El dirigente también advirtió un cambio en el perfil de los participantes: predominan jóvenes, y la presencia de mujeres ha aumentado significativamente, integrándose incluso en labores dentro de interior mina.
Para Jarro, la principal motivación de quienes ingresan ilegalmente es la supervivencia. Describe condiciones extremas en las que los jucus permanecen hasta cinco días bajo tierra alimentándose de productos básicos: coca y «pito» (harina de cereales tostados) con azúcar o refresco Yupi.
El dirigente también alertó sobre redes de apoyo ilegal que sostienen la actividad, incluyendo la provisión de armas a través del mercado negro y presuntos actos de corrupción en controles de tránsito del mineral, que involucran a policías, militares y trabajadores de la empresa Huanuni.
Desde Potosí, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, coincidió en que el fenómeno ha escalado hacia formas propias del crimen organizado. “Esto ya da miedo”, advirtió a ANF, al describir grupos armados de entre 20 y 30 personas que ejecutan operaciones planificadas, incluso con uso de volquetas para transportar grandes volúmenes de mineral.
Pérez sostuvo que el alza de precios ha tecnificado el delito. “Hoy cualquier material tiene valor, y eso ha hecho que los grupos se organicen mejor”, explicó en contacto con ANF.
Comercializadoras implicadas
Además, identificó la existencia de más de una veintena de comercializadoras clandestinas que, según afirmó, no solo compran el mineral robado, sino que financian y coordinan las operaciones, en algunos casos con información proveniente de actores internos del propio sector minero.
El dirigente también cuestionó la respuesta institucional. Denunció una justicia “contemplativa” que otorga medidas sustitutivas a los detenidos, así como la falta de control por parte de entidades encargadas de regular la comercialización. “No hay capacidad o no hay voluntad para frenar esto”, sostuvo.
En este contexto, advirtió un escenario de alto riesgo: ante la falta de protección, algunos mineros han optado por armarse para defender sus áreas de trabajo. “Estamos al borde de enfrentamientos mayores”, alertó, responsabilizando a la inacción estatal por una posible escalada de violencia.
Los hechos recientes respaldan estas preocupaciones. En los últimos días se han registrado enfrentamientos dentro de minas, incluyendo un caso en Potosí que dejó un joven fallecido. En lo que va del año, se han documentado múltiples incursiones violentas en centros mineros de Oruro y Potosí, con grupos que operan de forma organizada y con logística definida.
El impacto económico también es significativo. Reportes del sector estiman pérdidas millonarias anuales, especialmente en operaciones estatales como Huanuni, mientras que las condiciones geográficas de las minas —con múltiples accesos y galerías extensas— dificultan el control.
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Fuente: ANF