Hace más de 160 años, en Estados Unidos, mientras muchos se desesperaban por encontrar pozos de petróleo, el empresario John D. Rockefeller comprendió que el verdadero poder estaba en la refinación. Hoy, en un contexto y geografía distintos, vale la pena retomar esa lección para abrir el debate sobre cómo proyectamos nuestro futuro como bolivianos.
En días recientes, Bolivia ha experimentado turbulencias en el sector hidrocarburífero: cambios de autoridades, anuncios de protestas por el desabastecimiento de diésel, cuestionamientos a la calidad de la gasolina y denuncias de corrupción y sabotaje. Esta situación no ha encontrado una solución sostenible desde hace al menos tres años y, preocupantemente, las carencias intermitentes han comenzado a normalizarse, afectando de manera significativa la actividad económica.
En este contexto, se han planteado nuevas directrices para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB abandone la comercialización y se concentre en la exploración y producción de hidrocarburos, es decir, en las actividades conocidas como upstream, las cuales constituyen la base de toda la cadena: es decir, sin materia prima, no hay nada que procesar.
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Sin embargo, aunque esta lógica parece evidente, en planificación estratégica y política económica las soluciones rara vez son lineales. El upstream implica exploración geológica y sísmica, perforación, evaluación de reservas, desarrollo de campos y extracción, tratándose de procesos intensivos en capital, que requieren maquinaria y tecnología, así como personal altamente calificado y largos plazos de ejecución. Además, conllevan un alto nivel de incertidumbre: invertir en exploración no garantiza resultados ni rentabilidad, sino apenas información sobre el potencial existente.
Precisamente por ese alto riesgo, Rockefeller orientó sus esfuerzos hacia la refinación y comercialización, es decir, hacia el downstream, siendo importante mencionar que estas actividades suelen ofrecer retornos más moderados, pero son más estables y, si se gestionan adecuadamente, garantizan el suministro continuo de combustibles, lo cual resulta clave para sostener el funcionamiento de la economía, especialmente en el contexto actual de desaceleración.
Por otra parte, es evidente que el sector público boliviano enfrenta restricciones fiscales que limitan su capacidad para realizar inversiones millonarias en exploración y producción. En este escenario, una alternativa viable es impulsar alianzas público-privadas bajo condiciones más competitivas, ya que Bolivia debe atraer capitales en un entorno donde compite con otros países, especialmente considerando que los esquemas contractuales vigentes y los incentivos implementados en 2015 no han logrado revertir la caída de la producción en la última década.
Es así que mientras se debate una nueva normativa hidrocarburífera que mejore las condiciones para la inversión, resulta urgente fortalecer la refinación y la comercialización; un primer avance en esa dirección se dio en febrero de este año, cuando se autorizó la importación directa de crudo para su procesamiento en el país, siendo que Bolivia cuenta con infraestructura de refinación, pero su capacidad aún es insuficiente para cubrir la demanda interna, lo que obliga a continuar importando combustibles para su comercialización.
En consecuencia, la nueva ley de hidrocarburos no debería centrarse exclusivamente en el upstream, cuya viabilidad es limitada en el corto y mediano plazo, por lo cual, es necesario priorizar también el downstream, donde las inversiones pueden generar resultados más inmediatos y contribuir a garantizar el abastecimiento. En sí, apostar únicamente a la exploración implica asumir el riesgo de encontrar “pozos secos”, mientras que fortalecer la refinación ofrece mayor certidumbre.
Cabe recordar, además, que durante años esta actividad fue desincentivada por el congelamiento de precios de la gasolina y el diésel, lo que redujo su atractivo económico; siendo importante rememorar que, si bien en diciembre del año pasado se fijaron nuevos precios, no se ha llegado aún a un esquema plenamente alineado con el mercado, es decir incorrectamente se llamó levantamiento de la subvención, por lo que persisten distorsiones e incentivos insuficientes. En ese sentido, es necesario reconocer que un ajuste adicional en los precios de los combustibles, aunque impopular podría ser inevitable para incentivar y garantizar la producción y suministro de combustibles.
Por tanto, apostar al upstream puede ser una esperanza; fortalecer el downstream, en cambio, es una decisión de planeación estratégica.
Por: Horacio Guido Valle Santa Cruz