El expresidente del ente emisor, Edwin Rojas, fue aprehendido este martes y es investigado por un presunto daño económico millonario derivado de presuntas transacciones irregulares con bonos soberanos.
Fuente: Unitel
Tras la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, investigado por un presunto daño económico millonario derivado de operaciones con bonos soberanos, el economista y exdirector del ente emisor, Roger Banegas, advirtió que este caso debe ser solo el punto de partida, ya que existen otros hechos que también requieren investigación.
“Este no es el único hecho que hay que investigar. Hay otros hechos que la actual administración y las autoridades del Banco Central de Bolivia deben investigar para atrás”, sostuvo Banegas en entrevista con UNITEL.
Banegas citó casos como los presuntos hechos irregulares relacionados con las transacciones de oro, donde se dio una venta anticipada, así como otras investigaciones relacionadas con licitaciones de impresión de billetes.
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A esto se suma el caso FMI, que deriva de un instrumento de financiamiento rápido que recibió el Estado para atender la emergencia del covid-19, pero que fue devuelto por la administración de Luis Arce de manera anticipada, lo que presuntamente también generó un daño económico.
Según la información proporcionada por la Fiscalía este martes, el proceso contra Rojas indaga un daño económico de al menos $us 124 millones derivado de presuntas transacciones irregulares con bonos.
En ese contexto, Banegas recordó que ya había cuestionado estas operaciones cuando se hicieron públicas, lo que calificó como una operación dudosa y con una conducta que iba a generar una pérdida económica para el Estado.
Explicó que las transacciones estaban relacionadas con bonos Bolivia de 2028 y 2030 en mercados internacionales, los cuales estaban en dólares, pero la administración de Rojas aprobó un reglamento para cambiar estos bonos en moneda nacional con un mantenimiento de valor”.
De acuerdo con su versión, estas operaciones generaron efectos económicos negativos no solo para el Estado, sino también para los inversores privados.