Santa Cruz. Yerko Iriarte y otros tres implicados ya fueron acusados. Todos están libres por una orden judicial que se emitió en diciembre y ahora se desconoce su ubicación. Entre las pruebas de cargo están los chats con el “Rey del Sur”, quien puede ser Marset
La Fiscalía de Santa Cruz cerró la investigación por el asesinato del abogado Lorgio Saucedo y presentó la acusación formal contra Yerko Iriarte —socio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset— y otros tres implicados, quienes serán llevados a juicio oral por este crimen. En el caso pesan pruebas de ADN y registros de conversaciones de WhatsApp que lo vinculan con el denominado “Rey del Sur”.
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La acusación fue presentada días después de que la fiscal Delmy Guzmán ampliara la imputación, señalando a Iriarte como autor del asesinato y al resto como cómplices. Este giro se produjo tras la incorporación de nuevos elementos probatorios.
Evidencias clave
Saucedo fue reportado como desaparecido el 2 de septiembre de 2025. Se presume que ese mismo día fue acribillado en el aeródromo Coloradillo, en Warnes. Un día después, Iriarte y sus presuntos cómplices fueron aprehendidos.
En el celular del principal sospechoso la Policía halló un video que muestra la ejecución de un hombre atado a una silla de plástico, identificado por su vestimenta y características físicas como Saucedo. Pese a ello, en un inicio los implicados fueron imputados solo por portación ilegal de armas, tráfico y secuestro, debido a la ausencia del cuerpo.
La investigación avanzó con la recolección de indicios clave como manchas de sangre en los tenis de Iriarte, restos en la escena del crimen y fragmentos de plástico de la silla. El punto de inflexión llegó el 4 de febrero, cuando el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó, con un 99,9% de certeza, que la sangre correspondía a Saucedo, tras la comparación genética con una muestra de su madre.
Cuestionamientos
Pese a la contundencia de las pruebas, la familia de la víctima denunció irregularidades. El informe de ADN fue entregado recién en abril, lo que motivó protestas. Además, la defensa cuestiona decisiones judiciales que beneficiaron a los acusados
El 29 de diciembre, en plena vacación judicial, una jueza otorgó detención domiciliaria a todos los implicados. Posteriormente, la Fiscalía solicitó revocar esa medida y ordenar su reclusión, pero el trámite quedó suspendido tras la presentación de la acusación y el sorteo del tribunal.
Daniel Vidal, abogado de la familia Saucedo, denunció un “extraño movimiento judicial en coordinación con la Fiscalía”, que —según dijo— frenó el retorno a prisión de los acusados.
Con la acusación formal, el caso ingresa a su fase decisiva. El tribunal de sentencia deberá radicar la causa, convocar a las partes y fijar fecha para el juicio oral. El proceso se perfila como uno de los más sensibles, no solo por la brutalidad del crimen, sino por los presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y las dudas que persisten sobre la actuación judicial en sus primeras etapas.
