El decreto de transparencia de Rodrigo Paz Pereira choca con el velo que cubre a Ende Brasil, la empresa que debe gestionar la millonaria compensación energética de Jirau.
Fuente: https://elpais.bo
Este jueves 30 de abril de 2026, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tiene previsto anunciar el plan de transparencia para las empresas públicas, en cumplimiento del Decreto Supremo 5600 firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
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La norma, promulgada el 6 de abril, abroga las autorizaciones que permitían a las entidades del Estado contratar bienes y servicios de manera directa, al margen de las reglas ordinarias, y ordena una revisión de todos esos procesos en busca de posibles hechos de corrupción. Es una promesa de orden después de años en los que la opacidad fue la regla.
A cuatro mil kilómetros de La Paz, en una oficina de contabilidad del centro de Brasilia, esa promesa encuentra su prueba más inmediata. En la Quadra 02 del Sector Hoteleiro Norte funciona ENDE Brasil Energia Ltda., la empresa que el Estado boliviano creó para recibir el pago en energía —y eventualmente en dinero— que Brasil le debe por la operación de la central hidroeléctrica de Jirau en la llamada Cota 90.
La compañía comparte dirección, teléfono y correo electrónico con Vector Contadores Associados, la firma de Elizer Soares de Paula, quien es a la vez su administrador legal. La sociedad fue constituida con un capital de diez millones de reales. Sus dueños directos no son ENDE Corporación, la matriz estatal, sino dos filiales: las empresas eléctricas Guaracachi y Transmisión.
Las filiales que mandan en Brasil
La elección de ENDE Guaracachi y ENDE Transmisión como accionistas directas de ENDE Brasil no fue administrativa ni neutra. Ambas son subsidiarias de ENDE Corporación que cotizan bonos en la Bolsa Boliviana de Valores, lo que las obliga a publicar información financiera periódica ante el regulador. Eso las hace, paradójicamente, más fiscalizables que la propia empresa madre. Pero esa transparencia regulatoria tiene un límite preciso, y ese límite coincide exactamente con lo que la sociedad brasileña debería revelar.
ENDE Guaracachi —antes controlada por el consorcio privado Guaracachi America Inc. con el 50,001% del capital, y nacionalizada en 2010 mediante el Decreto Supremo 493— es la mayor generadora termoeléctrica del Sistema Interconectado Nacional boliviano. Opera las centrales de Guaracachi (250 MW), Aranjuez (32 MW) y Karachipampa (14 MW), e incorporó en 2023 la planta solar fotovoltaica de Uyuni (60 MW), con una inversión reconocida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad de 62,8 millones de dólares. En 2024, sus ingresos operativos rozaron los 351 millones de bolivianos y su activo total superó los 2.584 millones. Pero la utilidad neta de ese año fue de apenas 13,5 millones de bolivianos, lo que arrojó una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del 0,58 por ciento —menos que una cuenta de ahorro en el sistema financiero boliviano—. Lo que sí muestra el balance de Guaracachi es una liquidez robusta: razón corriente de 2,24 y un ratio deuda/EBITDA de 0,70, bajísimo para el sector energético. La empresa tiene músculo de corto plazo; lo que no tiene es rentabilidad que justifique una expansión internacional.
La otra propietaria de ENDE Brasil, ENDE Transmisión S.A., es el monopolio regulado de transporte de energía eléctrica en Bolivia. Heredera de la privatizada Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), fue nacionalizada en 2012 mediante el Decreto Supremo 1214. Su capital pagado creció de 362 millones de bolivianos en 1997 a 2.357 millones en 2025, fundamentalmente mediante la capitalización de utilidades acumuladas, lo que el análisis financiero de la compañía califica como un “fortalecimiento patrimonial agresivo”. Sus ingresos provienen de peajes regulados —tarifas fijas que el Estado reconoce por el uso de la red de alta tensión—, lo que le garantiza flujos estables independientemente del ciclo económico. En 2025, su utilidad neta fue de 332,5 millones de bolivianos; y por primera vez en su historia reciente, la Junta de Accionistas decidió por unanimidad no distribuir un solo centavo como dividendo, manteniendo el 100 por ciento en la cuenta de Resultados Acumulados.
Lo que hacen las dos empresas juntas en la estructura de ENDE Brasil —y esto es lo que revela la revisión de sus documentos societarios— es aportar la cobertura de solvencia que la sociedad brasileña no podría demostrar por sí sola: Guaracachi aporta el historial operativo en generación; Transmisión aporta el respaldo patrimonial y la experiencia en contratos internacionales.
Pero la opacidad no nace de la ausencia de registros, sino de su ubicación en la “letra pequeña” que el poder político prefiere no explicar. Contrario a la narrativa de una inversión invisible, la Nota 12 (Inversiones en Participaciones de Capital) de los estados financieros auditados de ENDE Transmisión al 31 de diciembre de 2024 revela el esqueleto financiero del desembolso. El documento oficial, firmado el 27 de marzo de 2025 —un año antes de lo que el directorio admitiría públicamente—, detalla que la transportadora posee el 40% del capital de ENDE Brasil Energia Ltda., con un valor de cuotas de capital de Bs 6.388.288.
Sin embargo, el debut de la filial en las cuentas bolivianas no fue auspicioso: antes de cumplir su primer año, la inversión ya registraba una pérdida por diferencia de cambio de Bs 1.884.599 debido a la devaluación del real brasileño. Los estados financieros de la matriz confirman, además, que para este cálculo se utilizaron los “Estados Financieros de ENDE Brasil al 31 de diciembre de 2024”, lo que prueba que la “empresa sin rostro” sí genera balances contables que el Gobierno boliviano recibe, pero no hace públicos.
El precedente que completa el cuadro tiene veinte años. En julio de 2004, mientras ENDE Guaracachi aún era controlada por el consorcio privado norteamericano, su directorio aprobó la constitución de Guaracachi International S.A., una subsidiaria pensada para el desarrollo de “proyectos en el extranjero”. La operación quedó consignada en notas a los estados financieros de aquella gestión. Dos décadas después, ningún balance de esa entidad ha salido a la luz en los archivos públicos disponibles del Registro de Comercio boliviano. No se sabe si sigue activa, si fue liquidada o cuánto capital recibió. ENDE Brasil Energia Ltda. nace, en ese sentido, de una genealogía de subsidiarias sin rendición de cuentas.
Preguntas sin respuesta
El Diario El País envió un cuestionario a Soares de Paula, que hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta. También este medio dirigió un oficio al Directorio de ENDE Corporación, a las autoridades ejecutivas de la empresa, al Ministro de Hidrocarburos y Energías —que es a la vez presidente de ese Directorio— y al Ministro de Economía. El documento solicitaba información sobre la creación y gobernanza de la subsidiaria brasileña, las características técnicas del acuerdo por la Cota 90, los estados financieros, las cuentas bancarias y las salvaguardas ante conflictos de interés.
Se invocó para ello la Ley 341 de Participación y Control Social y el derecho constitucional de acceso a la información, pues resulta de interés público conocer si la creación de ENDE Brasil fue aprobada por alguna resolución del Directorio de ENDE Corporación o mediante un decreto supremo específico, y si esa decisión fue informada a la Asamblea Legislativa. También sobre la metodología para cuantificar el aporte hidrológico boliviano al embalse de Jirau —base técnica de la compensación—, sobre la existencia de un estudio de impacto ambiental actualizado para la operación en Cota 90 en territorio boliviano, y sobre si se habían realizado consultas previas a las comunidades indígenas de Beni y Pando, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Se preguntó asimismo si existían declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés de los funcionarios que negociaron y supervisan el acuerdo, en cumplimiento de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción. Se recordó el antecedente de ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA), otra subsidiaria de ENDE Corporación en el exterior, cuya creación sí fue aprobada mediante decreto supremo y que sí aparece en los estados financieros consolidados de la matriz, a diferencia de su par brasileña.
Al cierre de esta edición, el plazo de quince días hábiles otorgado para la respuesta venció sin que ninguna de las instituciones requeridas haya acusado recibo del cuestionario ni solicitado una prórroga. El silencio administrativo que rodea a la empresa brasileña se produce mientras el propio gobierno ha colocado la transparencia en el centro de su agenda.
El Decreto Supremo 5600, firmado por el presidente Paz Pereira, ordena que los ministerios realicen un relevamiento de los procesos de contratación directa efectuados bajo normativas que ahora quedan abrogadas, con el objetivo expreso de “identificar posibles hechos de corrupción”. El artículo segundo de la norma detalla que ese relevamiento debe abarcar tanto los procesos realizados por los propios ministerios como aquellos ejecutados por las entidades bajo su tuición o dependencia. ENDE Corporación, como empresa pública nacional estratégica, depende del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, cuyo titular era Sergio Medinaceli Monrroy y ahora es Marcelo Blanco Quintanilla, ocupa simultáneamente la presidencia del Directorio de la empresa.
Resta conocer si esa revisión alcanzará a ENDE Brasil Energia Ltda., una compañía que fue creada antes de que se firmara el memorando que le dio razón de ser y que, dos años después, sigue sin aparecer en los estados financieros consolidados de su propietaria estatal.
A pesar del silencio ante las preguntas, el Gobierno boliviano ha difundido información sobre la creación de ENDE Brasil y los beneficios esperados del acuerdo. El mismo 9 de julio de 2024, tras la firma del memorando en Santa Cruz, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías emitió una nota de prensa titulada “Bolivia y Brasil firman acuerdo de energía limpia que beneficiará a 58 mil hogares en el norte amazónico boliviano”, en la que anunciaba la constitución de la subsidiaria brasileña y un ahorro estimado de 69 millones de dólares anuales por la sustitución del diésel.
La cifra de 69 millones de dólares merece un escrutinio técnico que el gobierno boliviano no ha proporcionado. Según la Ordenanza 2.946 del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, la operación a cota 90 metros constante genera un incremento promedio de 121 MWmed para el Sistema Interconectado Nacional brasileño, con picos de hasta 236,5 MWmed. Si Bolivia recibe un tercio de esa energía adicional, el volumen anual oscilaría entre 353.320 MWh (escenario promedio) y 690.580 MWh (escenario pico). El gobierno boliviano calcula el “ahorro” comparando con el costo de generación diésel en la Amazonía norte, que puede alcanzar entre 150 y 300 dólares por MWh. A un costo de diésel de 195 dólares por MWh, los 353.320 MWh anuales del escenario promedio equivalen efectivamente a unos 69 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo volumen de energía, si se comercializara en el mercado brasileño al precio de liquidación de diferencias (PLD) —que en 2024 promedió 127,95 reales por MWh (aproximadamente 24,87 dólares) y en 2025 tiene un piso de 58,60 reales (unos 11,39 dólares)— tendría un valor de mercado entre 4 y 17 millones de dólares anuales. La diferencia entre el “ahorro” contable y el valor de mercado es abismal: el Estado boliviano estaría recibiendo una compensación que, en términos de precios reales de mercado, vale entre cuatro y ocho veces menos de lo anunciado. Esta distorsión metodológica no es trivial. Si ENDE Brasil Energia Ltda. pretende monetizar esa energía en el mercado libre brasileño —como declaró el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, en marzo de 2025— los ingresos reales podrían no superar los 10 millones de dólares anuales, una cifra insuficiente para justificar la creación de una subsidiaria en el extranjero y que deja en evidencia que el acuerdo de la Cota 90 es, en términos económicos estrictos, una operación de beneficio ambiental y político más que una fuente de ingresos fiscalmente relevante para el Estado boliviano.
Meses después, el 5 de marzo de 2025, el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, declaró durante una rendición pública de cuentas —recogida por la Agencia Boliviana de Información (ABI)— que ENDE Brasil “tendrá dos objetivos centrales: comercializar energía en Brasil y abastecer la región norte de Bolivia” con energía limpia. El 5 de abril de 2025, un nuevo comunicado institucional, titulado “Bolivia avanza en la integración energética con Brasil para fortalecer el suministro eléctrico”, reiteró que la empresa fue constituida en abril de 2024 para gestionar la autorización de comercialización ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) y anunció estudios para una interconexión desde la provincia Germán Busch. Ninguna de esas comunicaciones oficiales, sin embargo, aclara por qué la inversión en ENDE Brasil no aparece en los estados financieros públicos de sus propietarias bolivianas, ni por qué su administrador único es un contador brasileño sin vínculo laboral con el Estado.
Este medio aún no ha obtenido información de las autoridades brasileñas competentes —la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) y el Ministerio de Minas y Energía de Brasil— sobre el registro de ENDE Brasil como agente comercializador, las salvaguardas ambientales incorporadas a la nueva autorización de operación a cota 90 metros, ni la metodología de compensación acordada. Una investigación paralela está en curso.
Así, el presente de la integración energética entre Bolivia y Brasil se revela en la distancia que va de un decreto que promete transparencia a una oficina contable que no responde preguntas. Pero entender cómo se llegó a este punto —cómo un proyecto hidroeléctrico concebido como la joya de la infraestructura sudamericana terminó envuelto en advertencias ignoradas, inundaciones históricas y una maraña societaria— exige recorrer la historia completa del Complejo del Río Madeira. Una historia que comienza dos décadas atrás, cuando la Amazonía boliviana alzó la voz, y que encuentra su origen en la ambición energética de Brasil y en la sombra de un escándalo de corrupción que sacudió a todo el continente.
El río que iba a ser domado
En 2001, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso autorizó los primeros inventarios hidroeléctricos del río Madeira. El gigante sudamericano buscaba asegurar su demanda eléctrica para las décadas siguientes, y el Madeira era la opción más viable: un caudal promedio de 17 mil metros cúbicos por segundo en su tramo medio, navegable, con un desnivel que permitía generar energía sin necesidad de un gran embalse. La idea original contemplaba una sola gran represa, pero pronto se dividió en dos —Santo Antônio y Jirau— para evitar que el embalse se extendiera hasta Bolivia y complicara la relación bilateral.
Los estudios de factibilidad quedaron en manos de un consorcio formado por Furnas, la estatal eléctrica brasileña, y la constructora Norberto Odebrecht. Ambas empresas conocían el terreno: Odebrecht ya operaba en Bolivia desde 1987 y en 2004 había solicitado —sin éxito— licencias para realizar estudios en los ríos Mamoré, Madera y Beni. El gobierno boliviano, bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, les cerró el paso en 2005 con el Decreto Supremo 28389, que suspendió el otorgamiento de licencias hidroeléctricas en toda la cuenca del Madera hasta que se definiera una política nacional de aprovechamiento integral.
En Brasil, en cambio, el proyecto avanzó. En mayo de 2008, el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), liderado por la francesa GDF Suez, ganó la subasta de Jirau con una propuesta que sorprendió al mercado: mover el eje de la represa nueve kilómetros río abajo para abaratar costos. La central, con 3.750 megavatios de capacidad instalada, se convertiría en la cuarta más grande de Brasil. Las 50 turbinas tipo bulbo entraron en operación comercial entre 2013 y 2016, y Jirau fue celebrada como un hito de la ingeniería en la Amazonía. Hoy, sus accionistas son la francesa ENGIE (40%), Eletrobras (40%) —rebautizada recientemente como Axia Energía— y la japonesa Mitsui (20%).
Pero esa historia de éxito se construyó sobre advertencias que fueron sistemáticamente desoídas.
Voces de la Amazonía sin escucha
En octubre de 2006, mucho antes de que se vertiera la primera tonelada de hormigón en el río, los representantes de comunidades campesinas, indígenas, pescadores y autoridades locales del norte amazónico boliviano se reunieron en Riberalta. Convocados por la alarma de lo que se proyectaba río abajo, emitieron un pronunciamiento que hoy se lee con la claridad de un presagio cumplido: “Los pobladores de la amazonía boliviana seremos afectados con el deterioro de nuestras condiciones de vida”, escribieron entonces. “Estos cambios que se avecinan van a espantar a los peces y les van a traer enfermedades y muerte”. El documento, de 2006, forma parte de los archivos del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE.
Esa organización, junto con científicos bolivianos y brasileños, se convirtió en la principal voz de alerta sobre los impactos transfronterizos del Complejo del Río Madeira. En 2007, el hidrólogo Jorge Molina Carpio publicó un análisis técnico de los estudios de impacto ambiental de las represas. Su conclusión fue inequívoca: “Contrariamente a lo que afirman esos estudios, el tramo afectado incluirá el sector binacional aguas arriba de Abuná”. El fenómeno de remanso —la elevación del nivel del agua provocada por la acumulación de sedimentos en la cola del embalse— extendería la inundación a territorio boliviano, especialmente durante los períodos de aguas bajas y medias. El estudio advertía también que los afluentes del Madera, como el río Abuná, no habían sido considerados en las simulaciones hidráulicas.
A esas voces se sumó la del biólogo estadounidense Philip Fearnside, uno de los mayores expertos mundiales en la Amazonía, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía (INPA) de Brasil. En sucesivos artículos científicos entre 2013 y 2015, Fearnside detalló los impactos que el sistema de represas tendría sobre la pesca, la calidad del agua y la salud pública. El bloqueo de los grandes bagres migratorios —como la dourada— afectaría a comunidades pesqueras en Bolivia, Perú y Brasil. La metilación del mercurio acumulado en los sedimentos por décadas de minería aurífera se aceleraría en los embalses, contaminando la cadena alimenticia. La eliminación de las variaciones estacionales del nivel del río inundaría de forma permanente las tierras de cultivo ribereñas y los bosques de castaña, de los que dependen miles de familias en Pando y Beni. Los criaderos del mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, se multiplicarían en las aguas estancadas de los afluentes.
FOBOMADE, con sus investigadores Patricia Molina y Pablo Villegas, sistematizó y difundió esas advertencias. En el libro “El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera”, publicado en 2007, se detallaba la vulnerabilidad de una región ya marcada por la pobreza extrema: más del 90% de la población rural de Pando con necesidades básicas insatisfechas, departamentos enteros sin energía eléctrica, dependientes de generadores diésel, y una de las tasas de malaria más altas del continente. Frente a ese panorama, las represas no solo representaban un riesgo ambiental, sino una amenaza concreta a la salud y a la supervivencia económica de las comunidades.
En febrero de 2007, las organizaciones sociales del norte amazónico se declararon en emergencia y exigieron al presidente Evo Morales “no negociar ni firmar ningún tipo de acuerdo” con Brasil. Pero el gobierno boliviano, aunque inicialmente rechazó el proyecto, fue modulando su posición. En marzo de 2007, el canciller David Choquehuanca escribió a su par brasileño Celso Amorim pidiendo información. Brasil respondió con la creación de un comité binacional, pero las obras continuaron su marcha.
Mientras tanto, el proyecto avanzaba en medio de un escándalo de corrupción que pronto envolvería a sus principales constructores. Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de América Latina y África, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Brasil, el esquema destapado por la Operación Lava Jato reveló que la constructora financió ilegalmente a partidos políticos y funcionarios para obtener contratos, incluidos los de las hidroeléctricas del Madeira. En Bolivia, una comisión legislativa investigó en 2018 los sobornos relacionados con la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a Odebrecht y a Camargo Corrêa, otra de las constructoras que participó en Jirau y Santo Antônio. Los nombres de exministros y exfuncionarios de los gobiernos de Evo Morales fueron ventilados en el caso. Odebrecht fue expulsada de Bolivia en 2008, readmitida en 2010 y finalmente catalogada como una organización estructurada para la corrupción, con un “departamento de coimas” que operaba el sistema informático Drousys para gestionar los pagos ilegales.
La inundación que confirmó todo
A principios de 2014, lluvias excepcionales en el centro-norte de Bolivia y el sureste de Perú elevaron el caudal del río Madeira a niveles nunca registrados. En Porto Velho, el agua alcanzó los 19,74 metros el 30 de marzo, tres metros por encima del nivel de emergencia. La inundación afectó a más de 30 mil familias en 17 barrios y tres distritos de la capital de Rondônia. El estado de Acre quedó aislado por la inundación de la BR-364. Las centrales de Santo Antônio y Jirau se vieron obligadas a cerrar compuertas y detener turbinas.
La pregunta que surgió de inmediato fue si las represas habían agravado el desastre. En marzo de 2014, el juez Herculano Martins Nacif, del Tribunal Ambiental y Agrario de Rondônia, emitió una sentencia histórica. Tras analizar la evidencia, determinó que la operación de las hidroeléctricas había contribuido a la inundación al modificar la curva de remanso del río y gestionar de manera tardía el vaciado de los embalses. El fallo obligó a los consorcios de Santo Antônio y Jirau a proveer vivienda, alimentación, transporte, educación y salud a todas las familias damnificadas, y a rehacer los estudios de impacto ambiental bajo supervisión del Ministerio Público. La multa por incumplimiento se fijó en cien mil reales diarios —unos 45 mil dólares de la época—.
El fallo reveló que la Agencia Nacional de Aguas (ANA) había advertido a la empresa Santo Antônio Energia, mediante la Nota Técnica 48 de 2012, que “el agotamiento incontrolado del caudal podría provocar pérdidas aguas abajo” y que la variación de caudal que la empresa aplicaba era muy superior a la registrada históricamente. Pese a ello, la empresa retrasó el inicio del vaciado hasta que el nivel del agua ya estaba en el máximo. La conclusión del informe técnico conjunto de CREA-RO y SENGE-RO fue categórica: la situación “se ve agravada por las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau”.
En Bolivia, el mismo año, el presidente Evo Morales atribuyó las inundaciones al calentamiento global y a la “exagerada industrialización de algunas potencias”. “Se requiere una profunda investigación para saber si en verdad afectan las plantas de Brasil”, dijo a la prensa en abril de 2014. El canciller Choquehuanca sostuvo que “primero tenemos que tener información científica concreta”. No hubo demanda, ni juicio, ni reclamo formal de compensación ante tribunales internacionales. Las aguas bajaron, y el tema se diluyó en la agenda bilateral. El investigador Pablo Villegas escribió entonces en las páginas de FOBOMADE: “Los daños quedan a merced de los intereses de los políticos de turno y sus disputas”.
El acuerdo de la Cota 90 y la oportunidad perdida
Nueve años después de la inundación, la relación energética entre Bolivia y Brasil dio un giro. El 9 de julio de 2024, en Santa Cruz de la Sierra, los ministros Alexandre Silveira, de Brasil, y Franklin Molina, de Bolivia, firmaron un memorando de entendimiento para modificar la operación de Jirau. La central, que hasta entonces debía bajar su cota a 82,5 metros durante la estación seca para evitar impactos en Bolivia, podría ahora operar de manera constante a 90 metros durante todo el año.
El acuerdo partió en dos la energía adicional generada: dos tercios para Brasil, un tercio para Bolivia. El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) brasileño formalizó la división el 1 de octubre de 2025. La Ordenanza 2.946 del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, de mayo de 2025, calculó un aumento promedio de 121 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional brasileño, con picos de hasta 236 megavatios en operación plena. Eso equivale, en términos prácticos, a construir una nueva hidroeléctrica de 500 megavatios sin mover una piedra.
Para Bolivia, el beneficio declarado fue la recepción de un tercio de esa energía adicional, valorizada en aproximadamente 69 millones de dólares anuales según estimaciones del gobierno. Una cantidad que, bien administrada, podría haber representado una fuente de ingresos significativa para un Estado con crónicos problemas fiscales. El acuerdo no exigía a Bolivia invertir un solo centavo en la generación: Jirau ya estaba construida, operada y financiada por sus acreedores brasileños y europeos.
Pero había una condición tácita. Para recibir esa energía y eventualmente monetizarla en el mercado eléctrico brasileño, Bolivia necesitaba una empresa constituida en Brasil, registrada como agente comercializador ante la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). El 19 de abril de 2024 —dos meses y medio antes de la firma del memorando—, esa empresa fue creada en Brasilia. Se llamó ENDE Brasil Energia Ltda.
La coincidencia de fechas sugiere que el gobierno boliviano conocía de antemano el inminente acuerdo sobre la Cota 90. La ley brasileña exige rigurosos requisitos para operar en el mercado eléctrico, y constituir una empresa con dos meses de anticipación —justo antes de la firma del memorando— parece más una jugada estratégica que una casualidad administrativa. ENDE Brasil Energia nació, así, como la llave jurídica para que el Estado boliviano pudiera cobrar los beneficios de un acuerdo que todavía no se había firmado.
Aquí es donde los caminos de la transparencia y la realidad administrativa boliviana se bifurcan.
ENDE Brasil Energia Ltda. no se registró como sucursal de ENDE Corporación, la empresa pública nacional estratégica que encabeza el sector eléctrico boliviano. Sus socios directos son dos filiales: Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. y ENDE Transmisión S.A. El capital social declarado es de diez millones de reales —aproximadamente 1,8 millones de dólares—, una fracción mínima de los casi 70 millones de dólares anuales que, según el gobierno boliviano, debería gestionar.
Doble purga sin explicación
El representante legal de Guaracachi ante ENDE Brasil es Rodrigo Corrales Arciénega, quien gestionó esa empresa durante cinco años. Su gestión incluyó hitos que, vistos en retrospectiva, construyeron el andamiaje legal para la internacionalización de EGSA: en noviembre de 2022, representó a la empresa en la modificación de sus estatutos para ampliar el objeto social e incluir expresamente “proyectos de energía alternativa en Bolivia y el extranjero”; en 2023, gestionó un aumento de capital social a 913 millones de bolivianos vinculado a la regularización de aportes por la Planta Solar Uyuni. El 2 de diciembre de 2025 —casi dos años después de la creación de ENDE Brasil— se presentó ante el SEPREC la revocatoria total de su poder de representación legal en la empresa boliviana, y se otorgó mandato al nuevo gerente general, David Antonio Fernández Román.
Su contraparte por ENDE Transmisión es Héctor Maldonado Cardozo, quien asumió la gerencia general de esa empresa en febrero de 2025 y fue removido el 28 de noviembre del mismo año, apenas nueve meses después. La causal invocada fue el artículo 327 del Código de Comercio —remoción por decisión del directorio sin expresión de motivo—. Lo que siguió fue más revelador que la propia remoción: entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se produjo la desvinculación en cadena de los gerentes de Administración y Finanzas (Yuvenka Condori), Planificación (Raúl Rojas / Eliana Ávila) y Operaciones (Rubén Guamán / Jorge Heredia) de ENDE Transmisión. La plana mayor de la empresa que creó ENDE Brasil fue reemplazada en su totalidad en el lapso de tres meses.
El poder de Corrales fue formalizado mediante el Testimonio No. 435/2020 del 14 de diciembre de 2020, es decir, bajo la administración de Luis Arce Catacora, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre de ese año. Maldonado, por su parte, asumió la gerencia de ENDE Transmisión en febrero de 2025, también durante el gobierno de Arce.
Tanto Corrales como Maldonado —ambos removidos de sus cargos ejecutivos bolivianos antes de que terminara 2025— figuraban al cierre de esta investigación como representantes legales activos de ENDE Brasil Energia Ltda. en el Cuadro de Sócios e Administradores de la Receita Federal brasileña. No existe constancia pública de que esos mandatos hayan sido formalmente revocados ante las autoridades brasileñas. La zona jurídica en la que ambos se encuentran es singularmente ambigua: sin cargo ejecutivo en Bolivia, pero con poderes vigentes —o al menos no revocados documentalmente— para actuar en nombre del Estado boliviano ante el mercado eléctrico de Brasil.
Esa inestabilidad no se limitó a los gerentes. El 17 de marzo de 2026, el Directorio de ENDE Transmisión dio una muestra adicional de fragilidad institucional: revocó un poder general de administración conferido apenas cuatro meses antes, el 28 de noviembre de 2025, y otorgó uno nuevo al mismo gerente interino, Jorge Ignacio Candia Quiroga. Una semana después, el 25 de marzo, la Junta de Accionistas ratificó a los directores titulares —Jorge Vidal Challapa, Mauricio Arevey Mejía, Cristhian Escalante y Elías Mamani— y al síndico Luis Orlando Vargas. Esa confirmación duraría apenas un mes.
El 27 de abril de 2026, la misma Junta de Accionistas removió a la totalidad de los directores titulares y al síndico, y nombró una nueva directiva encabezada por Roberto Arellano Cortez. Entre los removidos figuraba Mauricio Arevey Mejía, quien en su doble condición de presidente de ENDE Corporación y director de ENDE Transmisión había defendido públicamente la creación de ENDE Brasil apenas un año antes. La purga alcanzó así el máximo nivel de gobierno corporativo.
La pregunta que esa ambigüedad genera es de fondo: ¿quién tomó las decisiones de ENDE Brasil entre noviembre de 2025 y la fecha de esta publicación? ¿Actuaron Corrales y Maldonado por inercia, sin que sus empresas madres —ya con nuevas gerencias— les impartieran instrucciones? ¿O siguieron operando por cuenta propia, con poderes que nadie revocó formalmente? Y si nadie tomó decisiones, ¿quién custodia las cuentas bancarias en el exterior que ENDE Transmisión habilitó en diciembre de 2024?
En marzo de 2026, el directorio de ENDE Transmisión, reunido en el Acta 03/2026 del 17 de ese mes, instruyó formalmente a su nueva gerencia realizar “las gestiones necesarias respecto a la situación económica y patrimonial de ENDE Brasil”. La frase, técnica en apariencia, es una señal de alarma: para que un directorio emita una instrucción específica sobre la salud financiera de una filial extranjera —y lo haga después de revisar el dictamen de los auditores externos— esa filial ya debe presentar un estado que inquieta. La empresa no alcanza dos años de existencia y su accionista boliviana ya tiene que intervenir.
La administración brasileña
Y en el centro de toda esta estructura, como administrador único, aparece el nombre de Elizer Soares de Paula.
Soares de Paula no es un funcionario de carrera del Estado boliviano. Tampoco es un diplomático, ni un ingeniero eléctrico, ni un alto ejecutivo del sector energético. Es un contador brasileño que administra Vector Contadores Associados Ltda., una firma con sede en Brasilia que ofrece servicios de contabilidad, registro empresarial y domicilio fiscal. La dirección de ENDE Brasil ante la Receita Federal —SHN Quadra 02, Bloco I, Loja 03, Asa Norte— es exactamente la misma que la de Vector. El número de teléfono registrado es el mismo. El correo electrónico de contacto es una cuenta personal de Soares de Paula en el dominio de Vector. No existe, después de dos años de creada la empresa, una dirección de correo institucional de ENDE Brasil.
El vínculo entre la matriz en Bolivia y la oficina de Soares de Paula en Brasilia no es solo administrativo; es de una dependencia financiera absoluta. Según la Nota 7 (Otras cuentas por cobrar empresas relacionadas), ENDE Transmisión registró al cierre de 2024 un saldo de Bs 190.130 por concepto de “pagos a cuenta a ser reembolsados por ENDE Brasil Energia Ltda.”.
Este flujo de dinero se ratifica en el apartado de Precios de Transferencia (Nota 33), donde se admite que la matriz boliviana realiza habitualmente “pagos realizados por cuenta de la empresa vinculada”. En la práctica, esto significa que ENDE Brasil no opera como una unidad de negocio autónoma, sino como una entidad subsidiada desde La Paz que, al menos hasta finales de 2024, era incapaz de cubrir sus propios gastos operativos básicos de funcionamiento.
La pregunta que El Diario El País trasladó al administrador es directa: ¿quién gobierna realmente ENDE Brasil Energia Ltda.? ¿Es un contador brasileño el custodio de los fondos de interés público de un Estado extranjero, sin una estructura institucional visible y sin rendir cuentas documentadas a la Contraloría General del Estado boliviano?
El caso de ENDE Brasil guarda semejanzas inquietantes con el escándalo de BoTrading, la sociedad fantasma creada por el exgerente de Bolivia TV, Carlos Achá, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Aquel caso, destapado en 2016, mostró cómo un funcionario público podía desviar fondos mediante una empresa opaca, sin que los controles estatales detectaran la maniobra durante años. En ambos casos, la estructura societaria se diseñó para eludir el escrutinio: en BoTrading, mediante un entramado offshore; en ENDE Brasil, mediante una subsidiaria domiciliada en una oficina de contabilidad de Brasilia.
Pero también hay diferencias. BoTrading fue una operación clandestina desde su origen, creada sin conocimiento del directorio de la empresa estatal, con cuentas bancarias en el exterior y transferencias que los fiscales bolivianos tardaron meses en rastrear, y solo después de que la investigación periodística expusiera la trama. ENDE Brasil, en cambio, fue constituida legalmente y registrada en los sistemas públicos brasileños. La Receita Federal le asignó un CNPJ, y sus datos societarios figuran en el Quadro de Sócios e Administradores. Sin embargo, la transparencia termina ahí. Pasado el umbral del registro formal, la empresa se vuelve un espejismo: sin oficina propia, sin correo institucional, sin estados financieros públicos.
La lección de BoTrading fue que la opacidad en las empresas públicas bolivianas no es un defecto del sistema, sino una característica que permite que los dineros del Estado circulen sin control. La promesa del decreto de Rodrigo Paz Pereira es, precisamente, romper con esa característica. Pero mientras el administrador de una empresa clave para los intereses energéticos de Bolivia se niegue a responder preguntas básicas —¿ha recibido pagos de Jirau?, ¿dónde se depositan los fondos?, ¿quién le da instrucciones?—, la promesa de transparencia corre el riesgo de quedarse en el papel.
El juicio que sí se dio en Brasil
En marzo de 2014, mientras las aguas del río Madeira anegaban Porto Velho, el juez Herculano Martins Nacif dictó una sentencia que marcó un antes y un después en la responsabilidad ambiental de las hidroeléctricas.
El fallo obligó a los consorcios de Santo Antônio y Jirau a cubrir todas las necesidades básicas de los damnificados —vivienda, alimentación, transporte, educación y salud— y a rehacer los estudios de impacto ambiental. La decisión judicial se basó en informes técnicos que demostraron que la gestión tardía del vaciado de los embalses y la modificación de la curva de remanso agravaron los efectos de la inundación.
Sin embargo, esa decisión judicial no tuvo eco en Bolivia, a pesar de que las mismas causas —sedimentación acelerada, elevación del nivel del río, desborde sobre afluentes como el Abuná— operaban en su territorio. Ni el gobierno de Evo Morales ni el de Luis Arce iniciaron acciones legales ante tribunales brasileños o internacionales para reclamar compensaciones por daños en el lado boliviano de la frontera.
La razón, según documentos y testimonios recogidos por FOBOMADE en aquellos años, fue una combinación de desinterés político, falta de estudios propios y una diplomacia que priorizó no confrontar con Brasil en el marco de la relación gasífera.
La megarrepresa que nació de la corrupción
El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira no fue solo un proyecto de ingeniería; fue también un escenario donde operaron los mismos actores que protagonizaron el mayor escándalo de corrupción de América Latina.
Odebrecht, que intentó obtener licencias para construir represas en Bolivia en 2004, fue una de las empresas que realizó los estudios de factibilidad de Jirau y Santo Antônio. Camargo Corrêa, que construyó la central de Jirau, también figura en las investigaciones por sobornos en la región. En Bolivia, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa investigó en 2018 pagos ilegales relacionados con la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a Odebrecht, y señaló a exministros de Evo Morales.
Los registros judiciales brasileños revelaron que Odebrecht operaba un sofisticado “departamento de coimas” que utilizaba los sistemas MyWebDay y Drousys para gestionar pagos ilegales a funcionarios en doce países.
La paradoja es que, mientras las empresas que construyeron las represas enfrentaban procesos judiciales en Brasil, Perú y Estados Unidos, en Bolivia el debate sobre Jirau se centró exclusivamente en los beneficios energéticos, sin que las autoridades plantearan un escrutinio sobre el origen corrupto de los proyectos que estaban afectando su territorio.
Si bien no existen resoluciones judiciales que vinculen los sobornos confesados con la obtención de los contratos del Madeira, ambas compañías formaron parte de los consorcios constructores y fueron condenadas en otros casos.
El diésel de Riberalta
A 450 kilómetros en línea recta de la represa de Jirau, las ciudades bolivianas de Riberalta y Guayaramerín encienden sus focos a diésel. No existe una línea de transmisión que conecte esas poblaciones con el Sistema Interconectado Nacional boliviano, ni con Brasil. La empresa que genera electricidad en esa zona es ENDE Guaracachi, exactamente la misma que figura como accionista de ENDE Brasil Energia Ltda. Lo hace con motores de combustión interna que queman diésel subsidiado y que, en cualquier falla, dejan a decenas de miles de personas sin suministro durante horas.
Según relataron a este medio fuentes en la Gobernación del Beni y residentes de Riberalta consultados para esta investigación, quienes pidieron no ser identificados, el acuerdo de la Cota 90 no ha cambiado nada en la realidad eléctrica local. Guayaramerín, ciudad fronteriza con Brasil, tampoco recibe energía del país vecino, a pesar de que, según esas mismas fuentes, la demanda de Brasil es la opuesta: querer venderle electricidad a Bolivia, no comprarla. Nunca hubo conexión de red entre ambos países en ese tramo. La energía que Bolivia prometió recibir de Jirau no ingresaría a Riberalta ni a Guayaramerín: entraría al Sistema Interconectado Nacional —que no llega a esas ciudades— y se comercializaría en el mercado mayorista brasileño.
El resultado es una paradoja que los números no muestran pero que los habitantes viven: las comunidades bolivianas más cercanas a la represa que originó el acuerdo, las que más sufrieron los impactos de su construcción y operación —inundaciones, sedimentación, colapso de la pesca—, no recibirán ni un vatio de la compensación negociada. Los beneficios del acuerdo de la Cota 90, si llegan, llegarán como ingresos en reales brasileños a una empresa domiciliada en Brasilia, no como luz en los hogares del Beni.
La pregunta que Bolivia no hizo
Entre los casos que la justicia brasileña resolvió tras la inundación de 2014, destaca el de Severino Nobre, un líder comunitario de Cujubim Grande que perdió sus cultivos centenarios y su vivienda. “Fue cuando más lloré, todos los días lloré. Perdí todo”, declaró. En Nova Mutum Paraná, el distrito construido para relocalizar a los afectados por Jirau, el proyecto urbanístico fue presentado por la empresa como un modelo de compensación.
Pero la otra cara de la moneda es la que no se vio: las comunidades bolivianas de la cuenca del Madera, como Nueva Esperanza o Arca de Israel, no fueron reasentadas ni compensadas. La modelación del escenario de daños que Bolivia nunca reclamó muestra que, con una estrategia legal similar a la del Ministerio Público de Rondônia, el Estado podría haber demandado compensaciones por las cosechas perdidas de castaña y productos ribereños, el desplazamiento de pescadores, el aumento de los casos de leptospirosis y malaria registrados durante la inundación de 2014, y los costos de infraestructura dañada.
El valor total estimado de esos daños, de acuerdo con parámetros utilizados en el juicio brasileño, oscilaría entre 200 y 450 millones de dólares, una suma que equivale a entre tres y seis años de los beneficios que Bolivia espera recibir por la Cota 90. La inacción boliviana, documentada en los archivos de FOBOMADE, contrasta con el hecho de que en 2015 la Armada boliviana inició —sin resultados conocidos— su propia investigación sobre los impactos de las represas.
El resultado neto es que, una década después, el Estado boliviano se sienta a recibir una compensación energética sin haber resuelto nunca la deuda histórica con sus propias comunidades amazónicas.
La caja negra de las filiales
La opacidad de ENDE Brasil no es un fenómeno aislado en la estructura de ENDE Corporación. Su par argentina, ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA), fue creada mediante decreto supremo y figura —a diferencia de su par brasileña— en los estados financieros consolidados de la matriz.
Aun así, en marzo de 2026, el directorio de ENDE Transmisión también instruyó gestionar la “situación económica y patrimonial” de ETASA en la misma sesión en que hizo lo propio con ENDE Brasil. Las dos subsidiarias internacionales del grupo energético boliviano presentan, simultáneamente, situaciones patrimoniales que preocupan a sus accionistas.
La decisión de no repartir dividendos —pasando del 70% histórico al 0% en la gestión 2025— que tomó ENDE Transmisión por unanimidad en marzo de 2026 retuvo 332,5 millones de bolivianos que quedaron en la cuenta de Resultados Acumulados. Sumados al 60% retenido de las utilidades 2024 (otros 216 millones), el grupo acumuló más de 548 millones de bolivianos sin distribuir en dos años.
La hipótesis de que parte de esos fondos sirve para sostener filiales en dificultades —Brasil y Argentina— está respaldada por la simultaneidad de los eventos y por la mención explícita en las actas.
Lo que hoy desafía al decreto de transparencia de Rodrigo Paz Pereira no es la inexistencia de datos, sino el silencio oficial sobre una realidad ya auditada. La pieza central del rompecabezas ya no es si la inversión existe —los estados financieros de 2024 demuestran que Bs 6,3 millones de dinero público ya cruzaron la frontera, y que la matriz boliviana paga los gastos operativos de la oficina en Brasilia—, sino por qué se mantuvo esa cifra bajo llave mientras los gerentes que firmaron esos balances eran removidos en cadena. La “caja negra” ha sido abierta por los auditores, pero el destino final y el uso real de esos fondos en Brasilia siguen siendo, para el ciudadano boliviano, un misterio custodiado por un contador extranjero.
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