Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas, fue aprehendido en enero de 2026, acusado por presuntos delitos económicos, incluyendo conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Se le investiga por un daño económico al Estado de $us 2,5 millones, vinculado a irregularidades en la construcción de la doble vía El Sillar.
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Este nuevo frente judicial no solo consolida el deterioro político de uno de los ministros más visibles de la anterior administración, sino que instala la posibilidad de que el caso escale hacia una investigación de mayor alcance sobre la gestión de megaproyectos de infraestructura financiados con recursos públicos.
El Sillar, la obra que ahora persigue a Montaño
El eje del proceso se concentra en el tramo central de la doble vía Cochabamba–Santa Cruz, conocido como El Sillar, proyecto adjudicado por más de 426 millones de dólares y ejecutado durante varios años con observaciones técnicas, retrasos y sucesivas reformulaciones contractuales.
Según la investigación presentada por el actual Gobierno y asumida por la Fiscalía, en la etapa de reajuste y pagos contractuales se habría aplicado un tipo de cambio de 6,98 bolivianos por dólar cuando el valor oficial era de 6,96 bolivianos, una diferencia aparentemente mínima que, multiplicada por el monto global de la obra, habría generado un daño económico superior a los 2,4 millones de dólares para el Estado boliviano.
A ello se suman sospechas sobre la modificación de formularios del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), aprobación de reajustes sin suficiente respaldo técnico y presuntas decisiones administrativas que beneficiaron a la empresa ejecutora.
La Fiscalía sostiene que estos indicios configuran no solo responsabilidad administrativa, sino una probable estructura de decisiones irregulares dentro del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Segundo caso y mayor presión penal
Fuentes judiciales señalaron que esta aprehensión corresponde a un segundo expediente dentro del denominado “caso El Sillar”, lo que significa que Montaño ya no enfrenta una sola denuncia aislada, sino una acumulación de procesos vinculados a una misma obra.
Ese detalle es clave: jurídicamente amplía el margen de acción del Ministerio Público para argumentar reiteración de conductas, obstaculización y peligro de fuga, elementos que fortalecen la solicitud de detención preventiva.
De hecho, tras ser trasladado desde Santa Cruz hasta La Paz, la exautoridad fue puesta a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se acogió inicialmente al derecho al silencio, mientras sus abogados comenzaron a preparar la estrategia de defensa. Horas después, la justicia determinó su reclusión preventiva en el penal de San Pedro mientras avanzan las investigaciones.
La defensa insiste en inocencia, pero el cerco se estrecha
Al momento de su captura, Montaño declaró ser inocente y aseguró que no huyó ni intentó evadir a la justicia. Sin embargo, el Ministerio Público considera que la magnitud del daño económico denunciado, la existencia de documentación técnica bajo análisis y la posibilidad de influir sobre otros investigados justifican mantenerlo bajo custodia judicial mientras se desarrolla la etapa preparatoria.
La audiencia cautelar será decisiva para establecer si la Fiscalía logra consolidar los indicios suficientes para sostener una acusación penal robusta o si la defensa consigue desmontar la tesis de la manipulación contractual.
Lo cierto es que, por primera vez, una exfigura central del gabinete de Luis Arce enfrenta no solo una denuncia pública, sino un proceso penal con detención efectiva, y ello podría abrir una cadena de investigaciones sobre el manejo de millonarias obras estatales.
