El 1 de mayo de 2006, Evo Morales sorprendió a las petroleras al anunciar, desde el campo gasífero de San Alberto la nacionalización mediante decreto.
Fotografía de archivo que muestra a soldados resguardando la planta de Senkata, en El Alto/EFE
Fuente: Brújula Digital | EFE
Javier Aliaga
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La nacionalización de los hidrocarburos, símbolo del ciclo político iniciado por el expresidente Evo Morales en 2006, llega a su vigésimo aniversario en medio de cuestionamientos en Bolivia por la caída de las reservas de gas, de la inversión y de los ingresos, así como por las limitaciones de la estatal YPFB en la exploración del sector, lo que ha incrementado la dependencia de las importaciones de combustibles.
El 1 de mayo de 2006, Morales (2006-2019) sorprendió a las petroleras al anunciar, desde el campo gasífero de San Alberto, en Tarija, la nacionalización mediante un decreto que establecía el «control absoluto» del sector y obligaba a las empresas —entre ellas Repsol, Petrobras y Total— a entregar su producción al Estado y a renegociar sus contratos en un plazo de 180 días o abandonar el país.
El decreto incluyó la ocupación militar de campos y plantas petroleras y la adquisición de las participaciones mayoritarias en empresas estratégicas, elevando la participación estatal en la renta gasífera.
Morales presentó la medida como la tercera y definitiva nacionalización, tras la realizada en 1937 a la empresa Standard Oil, y en 1969 a la Gulf Oil, ambas estadounidenses.
«Fue una especie de shock para el sector, que entren así, con una toma militar. Era muy cargado de simbolismo», recordó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos Carlos Delius, quien en ese entonces era uno de los directivos de la institución, que luego presidió entre 2010 y 2014.
«Después vino todo el tema del decreto ‘Héroes del Chaco’ y ahí se terminó, junto con la ley 3058 (de Hidrocarburos, vigente desde 2005), de sellar el destino del sector» al pasar de «un esquema con contratos modernos» a otro que «cambió todo y se hizo excesivamente estatal», agregó.
La nacionalización tuvo el objetivo de aumentar los ingresos del Estado que vivió una época de bonanza, con picos en las rentas anuales de más de 5.000 millones de dólares en 2013 y 2014, cuando comenzó el declive.
Freno a inversiones
Según Delius, la medida frenó nuevas inversiones, ya que las compañías optaron por permanecer en el país debido a capitales ya comprometidos en pozos y plantas, pero en un escenario en el que, ante la reducción de sus ingresos, se limitaron a recuperar lo invertido y no asumieron riesgos, perdiendo el interés por la exploración.
«El éxito de la nacionalización que fue la captura de la renta, terminó siendo su propio veneno. No fue capaz de reproducir las reservas de gas», apuntó.
Algunas cifras
Los ingresos del Estado durante los gobiernos de Morales y de Luis Arce (2020-2025) sumaron alrededor de 60.000 millones de dólares, según el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que denunció el supuesto malgasto y corrupción con parte de esos recursos, sin que fueran destinados a fortalecer a la petrolera estatal.
Para el analista en hidrocarburos Fernando Rodríguez, el balance después de dos décadas es crítico.
Las reservas de gas actuales rondan los 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) frente a los 10,7 TCF de 2017.
Además, la producción de gas bajó desde 60 millones de metros cúbicos en 2014 a 27 millones en 2025, menos que los 35 millones de 2006, según la Fundación Jubileo.
«Han refundido YPFB, ha caído la producción, no hay reservas y fundamentalmente hemos destrozado la gallina de los huevos de oro que es YPFB, una empresa que justamente este año cumplirá 90 años», apuntó.
Según Rodríguez, las inversiones privadas rondaban los 1.200 millones de dólares anuales, pero tras ser «ahuyentadas», YPFB encaró la actividad fracasando en 15 proyectos en los que invirtió 1.500 millones, «no solamente por ineficiencia, corrupción y falta de capacidad técnica, sino porque esa es la realidad geológica».
«No existe el mar de gas y si tenemos suerte vamos a encontrar uno o dos megacampos», dijo.
Las dificultades han repercutido en una mayor dependencia de Bolivia de las importaciones, hasta el punto de que actualmente compra del exterior el 90 % del diésel y el 50 % de la gasolina que consume y, según proyecciones oficiales, en 2029 el país se convertirá en importador neto de gas natural.