El cruel asesinato del doctor Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental, en la ciudad de Santa Cruz, a manos de un sicario, coloca sobre la mesa la apremiante necesidad de adoptar medidas urgentes y enérgicas para garantizar la seguridad de la ciudadanía; la protección de los administradores de justicia y la institucionalidad democrática del país.
El sicariato es el asesinato por encargo de mafias del crimen organizado que está desafiando al Estado y, por tanto, no es concebible que en una sola semana, estas organizaciones criminales hayan cometido más de cuatro asesinatos, sin que nadie les pueda poner freno. Razón suficiente para acudir a las fuerzas armadas de la nación y a sus grupos de élite, con el objeto de reforzar la labor policial, tal como manda la Constitución. De la misma manera, los militares deben reforzar también las fronteras, que son los puntos por donde ingresan y por donde salen los criminales. Igualmente, es menester el solicitar de manera urgente ayuda internacional.
Ahora bien, resulta curioso que durante los 14 años de gobierno de Evo Morales y los seis subsiguientes años del masismo, no hubiese habido una sola acción del sicariato ni ajusticiamientos o ajustes de cuenta de esa índole, hecho que induce a pensar que ese régimen, o cumplió a cabalidad los requerimientos de las organizaciones mencionadas, o actuó de doble agente con los organismos de los odiados norteamericanos, como cuando dócilmente se prestó a entregar a los zares antidroga: Sanabria y Daza, sin fórmula de juicio alguno y sin protestas o bloqueos de carreteras, al mejor estilo del Chapare.
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Hoy, después de la captura y deportación de Marset a los EE.UU., comenzaron los asesinatos y la afluencia a las drogas es pública y cada vez más creciente. De ahí que es preciso adoptar medidas rápidas y eficaces que garanticen la seguridad y protección de la ciudadanía. En especial, de los administradores de la justicia.
Haciendo nuestras las esclarecidas, como apropiadas aserciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo, afirmando que: “No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó del Estado y le dobló el brazo, y donde no se garantiza la seguridad de sus ciudadanos”. Jamás el crimen podrá ganarle a los que creemos en la vida y en un mejor porvenir para Bolivia.
No debemos olvidar la incursión a nuestra tierra de elementos que la codiciaron, con el objeto de convertirla en un paraíso del crimen y del delito. Tal la aventura, en la década de los sesenta, del Che Guevara, un sicario que por encargo del crimen internacional organizado por Cuba, con el apoyo de la por entonces Unión Soviética, llegó a nuestra patria con el encargo de establecer un foco comunista que sirva de puente a todo el continente. Luego de asesinar a más de media centena de conscriptos, encontró providencialmente su muerte y, con ella, el fin de esa epidemia política comunistoide, similar a la actual del narcotráfico.
A la luz de lo expuesto y con el fin de liquidar la amenaza narcoterrorista, creemos útil combatir dicha pandemia echando mano al histórico lema legado por nuestros libertadores que reza: “Bolivia, cuna de valientes y tumba de sicarios”.