El secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Mario Argollo aseguró que no asistirán a la convocatoria oficial mientras existan amenazas judiciales contra dirigentes y acusa al Ejecutivo de profundizar la crisis económica y social.

Fuente: El Deber
La tensión entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) aumenta. El secretario ejecutivo del ente sindical, Mario Argollo, confirmó este martes el rechazo a participar en el diálogo convocado por el Gobierno, en medio de movilizaciones y un paro impulsado por distintos sectores que exigen un incremento salarial y respuestas a la situación económica.
“El malestar es generalizado”, afirmó Argollo, al sostener que la crisis no solo responde a la demanda salarial, sino a un conjunto de factores que —según dijo— han deteriorado las condiciones de vida: eliminación de subvenciones, encarecimiento de la canasta familiar y problemas en el abastecimiento de combustibles.
El dirigente también vinculó el conflicto con el escenario político reciente, señalando que el Gobierno debe hacer “una lectura” de los resultados en distintos departamentos, que —a su juicio— reflejan un desgaste de su respaldo social.
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Argollo fue enfático al descartar cualquier acercamiento mientras, según él, existan procesos judiciales en contra de dirigentes sindicales. “No podemos asistir a un diálogo si nos están tratando de enjuiciar”, afirmó, acusando al Gobierno de intentar desacreditar a la dirigencia con denuncias y versiones sobre supuestos ingresos elevados.
En ese sentido, defendió su situación económica y la de su sector, asegurando que los datos difundidos sobre salarios “exorbitantes” son falsos y pueden ser verificados en los registros oficiales.
El rol del sector minero
Desde su experiencia en el sector minero, tiene vocación productiva y realiza un aporte importante para la economía nacional. Señaló que los trabajadores generan divisas para el país, pero reciben pagos en moneda nacional, lo que —según su lectura— implica que también están absorbiendo parte de la crisis.
Además, cuestionó las condiciones laborales en la minería, destacando los riesgos y el impacto en la salud de los trabajadores, e invitó a las autoridades a constatar esa realidad en terreno.
La COB insiste en que sus movilizaciones no responden a intereses políticos, sino a demandas sociales acumuladas. Sin embargo, el rechazo al diálogo y el endurecimiento del discurso marcan un punto de quiebre en la relación con el Gobierno.
Con otros sectores ya movilizados —como el transporte—, el conflicto adquiere un carácter más amplio y complejo. En este escenario, la posibilidad de una salida negociada parece lejana, mientras la presión en las calles continúa creciendo.