Los especialistas coincidieron en que la capacidad del Estado para controlar este fenómeno es limitada. La magnitud del problema en Bolivia —que involucra a miles de productores informales—, sumada a la falta de personal, equipamiento y estrategias efectivas de control, dificulta una respuesta integral.
Fuente: ANF / La Paz
La minería ilegal en Bolivia ha dejado de ser únicamente un problema ambiental o administrativo para convertirse en uno de los principales engranajes del lavado de dinero a escala nacional e internacional. Así lo advirtieron el director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, y el criminólogo especializado en seguridad y crimen organizado, Nicolás Zeballos, quienes coincidieron en que esta actividad ha evolucionado hacia un sistema complejo, altamente adaptativo y con profundas conexiones transnacionales.
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Sanabria describió un circuito de blanqueo de capitales “altamente estructurado”, en el que la extracción ilegal de minerales, particularmente oro, funciona como puerta de entrada para recursos ilícitos provenientes, en muchos casos, del narcotráfico.
Según la autoridad, el proceso comienza con la inyección de capitales de origen ilegal que financian maquinaria pesada, operaciones extractivas y logística, con participación de actores extranjeros —principalmente de procedencia de países como China, Colombia, India y Brasil—.
A ello se suma el ingreso irregular de insumos críticos como el mercurio, cuya circulación, según advirtió, presenta indicios de complicidad en distintos niveles del aparato estatal.
Una vez en marcha la cadena extractiva, el mineral ingresa a circuitos de comercialización donde el control estatal es prácticamente inexistente. Sanabria señaló que no hay un registro claro del número de comercializadoras que operan en el país, lo que facilita transacciones en efectivo sin verificación del origen del mineral. En este punto, explicó, el oro ilegal se mezcla con producción formal, perdiendo cualquier rastro de su procedencia ilícita.
El siguiente eslabón del circuito es la exportación. A través de grandes intermediarios o “traders”, el mineral es enviado al exterior bajo apariencia legal, principalmente a mercados como China, India o Perú, donde los controles de trazabilidad suelen ser más flexibles. De este modo, el producto adquiere legitimidad en el comercio internacional.
El ciclo se completa con el retorno de capitales “limpios” al sistema financiero global. Sanabria detalló que los ingresos generados por la venta del mineral son depositados en cuentas en centros financieros internacionales, como Estados Unidos o Suiza, desde donde pueden ser reintroducidos en la economía formal sin levantar sospechas.
“Se trata de un proceso que convierte dinero ilícito en recursos aparentemente legales, cerrando un circuito difícil de rastrear”, dijo a ANF, en el marco del Foro Internacional Minería ilegal, violencia y crimen organizado.
Para el titular de la AJAM, este fenómeno es posible debido a condiciones estructurales que favorecen su expansión. Entre ellas, mencionó la “permeabilización política”, con la presunta participación o protección de exautoridades; la pérdida de control territorial en zonas donde operan redes criminales; y un sistema administrativo obsoleto, con trámites que pueden extenderse hasta 15 años y tecnologías insuficientes para garantizar trazabilidad en tiempo real.
Desde una perspectiva criminológica, Nicolás Zeballos complementó este diagnóstico, aunque matizó que el fenómeno no responde a una estructura rígida. “No es un sistema jerárquico clásico, sino un entramado difuso, flexible y altamente adaptativo que se infiltra con facilidad en los circuitos legales”, explicó a ANF.
En ese sentido, advirtió que una de las mayores dificultades radica en la imposibilidad técnica de rastrear el origen del mineral una vez que ingresa al mercado formal.
Zeballos también cuestionó la idea de que el lavado de dinero en la minería ilegal dependa exclusivamente de grandes cárteles internacionales. Si bien reconoce su presencia, enfatizó que el sistema se sostiene principalmente en actores locales que proveen el mineral y articulan las operaciones en territorio.
“Sin esa base local, el negocio no sería viable para las redes transnacionales”, afirmó.
Ambos expertos coincidieron en que la minería ilegal genera un “ecosistema criminal” que va más allá de la extracción. Según Zeballos, se trata de un fenómeno sistémico en el que convergen múltiples actividades ilícitas que se retroalimentan, desde el tráfico de insumos hasta la evasión fiscal y el contrabando. Este entramado, añadió, suele camuflarse bajo la apariencia de una actividad productiva legítima.
Un elemento adicional que agrava el problema es la instrumentalización de demandas sociales. Zeballos advirtió que las organizaciones criminales aprovechan contextos de conflictividad y necesidades económicas para legitimar sus operaciones, utilizando el discurso del empleo y la subsistencia como escudo frente a la acción estatal. Esto coloca a las autoridades en una posición compleja, al enfrentarse no solo a estructuras delictivas, sino también a dinámicas sociales sensibles.
Ambos especialistas coincidieron en que la capacidad del Estado para controlar este fenómeno es limitada. La magnitud del problema —que involucra a miles de productores informales—, sumada a la falta de personal, equipamiento y estrategias efectivas de control, dificulta una respuesta integral.
Zeballos subrayó que los mecanismos actuales, centrados en controles administrativos, resultan insuficientes frente a una red criminal dinámica y en constante evolución.