El comandante David Gómez señaló a EL DEBER que las investigaciones preliminares apuntan a que el móvil del crimen del magistrado tendría relación con una resolución emitida
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El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, señaló este miércoles a EL DEBER que las investigaciones preliminares apuntan a que el móvil del crimen tendría relación con una resolución emitida por la autoridad judicial en temas agrarios.
“El tema del magistrado más parece ser por una resolución que haya emitido con el tema de tierras”, sostuvo Gómez al referirse al avance de las pesquisas, aunque aclaró que aún se trata de una hipótesis en etapa de verificación.
La autoridad policial pidió evitar conclusiones generalizadas que vinculen automáticamente todos los hechos violentos recientes con organizaciones criminales como la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset o grupos armados vinculados al sicariato.
“Todo el mundo está relacionado todo y no es así”, afirmó Gómez, al cuestionar la percepción de que existe una sola organización detrás de todos los hechos de violencia registrados en el país.
Según el jefe policial, varios delitos ocurridos en los últimos meses podrían responder a circunstancias independientes y no necesariamente a una estrategia coordinada del crimen organizado. “Uno piensa que todo está relacionado y es una obra del delito organizado, pero a veces son circunstancias distintas”, agregó.
Las declaraciones surgen mientras la fiscalía y la Policía intensifican las investigaciones para esclarecer el asesinato del magistrado Claure, ocurrido el pasado fin de semana en Santa Cruz bajo un modus operandi que presenta características de sicariato.
La autoridad judicial fue interceptada por dos hombres en motocicleta cuando retornaba a su domicilio tras participar de una actividad deportiva. Los atacantes dispararon contra Claure y posteriormente huyeron del lugar.
En paralelo, la fiscalía de Santa Cruz avanzó con operativos en Sucre, donde una comisión especializada secuestró documentación y equipos informáticos de la oficina del magistrado en el Tribunal Agroambiental.
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que se realizaron allanamientos y el desprecintado de oficinas para recolectar elementos que permitan identificar posibles vínculos entre las decisiones jurisdiccionales de Claure y el móvil del crimen.
Además, al menos ocho funcionarios del entorno laboral del magistrado —entre proyectistas y servidores judiciales— ya prestaron declaración informativa ante el Ministerio Público.
Los investigadores también analizan imágenes de cámaras de seguridad y rastrean vehículos presuntamente utilizados durante el atentado, entre ellos motocicletas y una vagoneta que habrían servido para la logística de los atacantes.
Aunque la hipótesis sobre conflictos de tierras gana fuerza dentro de la investigación, las autoridades no descartan otras líneas investigativas y continúan trabajando para identificar tanto a los autores materiales, como intelectuales del asesinato.
El caso ha generado preocupación en el sistema judicial boliviano debido al perfil de la víctima y al posible trasfondo del crimen, en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos y ataques con características de ejecución.
