Su abogado aseguró que su cliente pidió cerrar la ruta por no ser rentable, pero el directorio le negó esa posibilidad y tuvo que seguir en esas condiciones
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“En el presente caso se está investigando a todo el directorio, quienes han suscrito esta resolución administrativa, la número 11/2022, así como también al ex gerente general y a quien en su momento era ministro de Obras, el señor Édgar Montaño”, dijo el fiscal, Walter Lora, en conferencia de prensa.
El 21 de abril el Gobierno presentó una denuncia por malversación de fondos en la línea aérea estatal porque se descubrió que había una ruta La Paz-Habana que no era rentable y que además se viajó en diversas oportunidades con un número de pasajeros que no cubría el costo de operación.
“Sí, pero solo ven efectos negativos, no observan la cantidad de pasajeros argentinos que han llegado a Bolivia para después ir a la Habana, eso no lo dicen, no lo muestran, entonces en aviación no todo el año va a tener fluctuabilidad alta de pasajeros, pero no por eso van a cerrar rutas, hay temporadas altas y hay temporadas bajas”, explicó el abogado defensor de Casso, Javier García
Según la fiscalía, en 2023 se firmó una resolución que ordenaba la apertura de esta ruta y en ese tiempo se realizaron 11 vuelos y el daño ocasionado es de 18,4 millones que involucra a los seis altos exejecutivos además del exministro Édgar Montaño.
Recordó que en 2024 Ronald Casso pidió al directorio de la empresa cerrar esa ruta, precisamente por no ser rentable, pero al haber un acuerdo entre gobiernos se negó esa posibilidad y ratificaron la vigencia de la ruta.
Asimismo, dijo que un juez de La Paz no tendría competencia para procesar a su cliente puesto que las principales oficinas de BoA están en Cochabamba, y por tanto, el caso debería realizarse en esa ciudad.