Los Estados del mundo en especial de aquellos que han desarrollado el modelo de Estado bienestar para su población, sus programas de desarrollo priorizan la salud de su población con servicios de asistencia médica domiciliaria de calidad y, esto no es por tener a su población envejecida, sino porque la vida y el derecho a la salud son derechos humanos de incuestionable responsabilidad de los líderes que gobiernan en base a un plan de desarrollo público y transparente; mejores condiciones de empleo, inclusión social y responsabilidad política.
En estas estructuras y roles institucionales democráticas las competencias de los administradores sean administrativas, ejecutivas, legislativas y judiciales, se desarrollan con independencia en cada Estado, observando las recomendaciones y normativas de la Unión Europea, y las Directivas emanadas del Consejo de ministros de Exteriores (Primer ministros) y del Parlamento Europeo. El control normativo responde a un sistema multivinel y, en cuanto a la justicia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) marca las líneas y reglas fundamentales para todos los órganos judiciales de la Unión Europea.
Los problemas en la mayoría de los Estados de la región son los cupos de migrantes por sentido humanitario que cada vez exigen mayores presupuestos, la seguridad jurídica, la educación y salud. Ciertos países han sido penetrados con cargamentos de droga por organizaciones de narcotráfico, generalmente por vía marítima, y camuflada en muebles de madera, objetos de arte, ropa y maletas, con componentes químicos que ni los canes pueden detectar.
En Bolivia lamentablemente, nuestra realidad sobre las drogas ha irrumpido a gran escalada la presencia de carteles: PCC de Brasil, Comando Verbelo de Brasil, Sinaloa del Chapo Guzmán condenado y en prisión en EE.UU. y el de Sebastián Marset el uruguayo entregado a Estados Unidos, uno de los narcotraficantes más buscados que estableció una estructura de protección policial y de autoridades en todos los niveles del Estado, incluida policías, jueces y fiscales, el caso emblemático último fue las 32 maletas de divisas que llegaron de los Ángeles a Viru Viru con alerta de la policía de Brasil a policías bolivianos (Marvín Manzaneda y Cristhian Manzaneda), que en lugar de intervenir el avión charter e incautar el cargamento, optaron por tender el manto de impunidad del destino de la carga y sus autores intelectuales de la organización criminal. Surgen las preguntas ¿por qué no incautaron al avión, el cargamento, y detuvieron en el acto a los dos pasajeros contratantes? Y ¿por qué los fiscales no denuncian a los jueces anticorrupción involucrados en el negocio de la droga, apelan ante decisiones dudosas de medidas sustitutivas a la detención preventiva y la libertad a condenados por tráfico de drogas?
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El aspecto más dramático, es que el velo de la normalidad de irregularidades en los procesos de ingresos de jueces a la justicia por Salas Mixtas de los máximos tribunales de los Órganos judiciales en situación de auto prorrogados e incluso en los periodos eleccionario de magistrados 2012-2017 y 2018-2024, no ha sido superada por auditorías en los procedimientos, a fin de alejar el fantasma de la intromisión, injerencia y decisiones tergiversadas o interesadas. La medida podría ayudar a potenciar la independencia de jueces de carrera y a otros que sometidos a una prueba con comisiones externas de instituciones y la Asociación de Jueces y Magistrados, solventaría la continuidad en el servicio de la judicatura y, obviamente, el alejamiento de quienes retuercen la ley.
Llevará tiempo a la ciudadanía caminar por lodos, espinas y cargar la cruz de la injusticia, seguramente hasta que un temblor levante de sus curules a los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y asuman con valentía consensuada la reforma de las transformaciones: judicial, económica y social que exige toda la sociedad.
La población boliviana no puede seguir en la inseguridad y continuar observando discursos intrascendentes de máxima autoridades, si a pocas horas y días de decidir reforzar la seguridad policial y militar en Santa Cruz y policías para la seguridad de magistrados, vocales y jueces (1303 jueces en el país) e implementación de una unidad especial de protección, se produce la muerte de un colombiano sumando 8 ejecuciones en corto tiempo.
Las verdaderas causas del narcotráfico, aeródromos, aeronaves en hangares y pistas clandestinas, células activas en tráfico de armas, ejecuciones realizadas por sicarios de organizaciones criminales, asaltos y volteos, se resume en cifras que contiene el informe 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODOC).
En 2024 se había registrado una superficie de 32.000 hectáreas de hoja de coca que representa un incremento del 10% del área legalmente cultivada con relación al 2023 que es de 31.000 hectáreas. Se advierte que en el Trópico de Cochabamba las plantaciones ilegales de coca se han incrementado en 6.505 hectáreas, cantidad que supera los límites de la ley.
Según la Ley de la Hoja de Coca aprobada durante el gobierno de Evo Morales que elevó la superficie total de cultivo de 12.000 a 22.000 hectárea, la zona de los Yungas está autorizada para producir 14.300 hectáreas, sin embargo, el cultivo ha subido a 19.230 hectáreas., vale decir que el excedente de 4.900 hectáreas, es ilegal, y con referencia la superficie cultivada en 2023 que fue de 18.439 hectáreas equivale en términos comparativos a un 4% de incremento, en un año.
En el Trópico de Cochabamba la superficie autorizada legalmente es de 7.700 hectáreas de cultivo de coca y a diciembre de 2024 la producción de incrementó en 14.275 hectáreas. Se advierte que en el Trópico de Cochabamba las plantaciones ilegales de coca se han incrementado en 6.505 hectáreas que representa el 18% con referencia a 12.125 hectáreas producidas en 2023.
El 57% del cultivo de la hoja de coca se encuentra en la región de Los Yungas, el 42% en el Trópico de Cochabamba, bastión de las seis federaciones de cocaleros, que cuentan con aeropuerto, surtidores de diésel, almacenamiento de químicos para la droga, fábricas de cocaína base y clorhidrato, un exzar de Evo Morales con fábrica descubierta en su propiedad (Felipe Cáceres actualmente impune) y la red de interconexiones para asegurar el suministro de la materia prima (hoja de coca) al enjambre de fábricas y megalaboratorios donde trabajan colombianos y cocaleros de la región.
En el Norte de La Paz, la producción de la hoja de coca en 2023 fue de 478 hectáreas y en 2024 se incrementó a 486 hectáreas, registrando un incremento del 2%. La extensión legal de la coca en esta región alcanza a 1%.
Los datos señalan que a diciembre de 2025 y al primer cuatrimestre de 2026 la producción de la hoja de coca estaría bordeando las 38.000 hectáreas, gran parte de esa producción en Parques nacionales y en Áreas Protegidas (Amboró, Noel Kempff).
La Unodoc en su Informe de 2024 señaló que, de las 37.215 toneladas de la hoja de coca potencialmente producidas en el Trópico de Cochabamba, el 91,5% va a los mercados ilegales.
Estos datos muestran con claridad que el 91,5 de las 14.275 hectáreas de hoja de coca del Chapare son materia prima para la cocaína base y clorhidrato de cocaína.
Si esto es cierto, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fuerzas políticas y al Gobierno, la tarea extraordinaria, urgente e indiscutible de atacar la causa evidente del narcotráfico, organizaciones criminales de tráfico de drogas, derogando la Ley 906 Artículo 16. V y conexos para: acabar con el tráfico de estupefacientes, de armas, trata de personas, importación a cargo de la Corporación Mathiesen S.A. de acetato de etilo para producción de droga (35 toneladas del químico de Uruguay- Argentina a Cochabamba-Bolivia), ejecuciones por sicarios, la libertad de condenados por delitos de narcotráfico (Elba Terán condenada a 15 años en 2015), posesión de María Argentina Rojas Roca como jefe de Aduana en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru expulsada de Brasil por delitos de narcotráfico destituida por presión pública por CITE 3178-2026, mandamiento de aprehensión no ejecutado contra Evo Morales por delitos de estupro y violación a menores de edad en ejercicio de la presidencia, y por recibo de 420 millones del Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa, elección de consejera departamental por Cochabamba del partido de Leonardo Loza (Roxana Bascopé condenada por delito de narcotráfico), y secuestros sistemáticos (casos en Santa Cruz: Erick Roberto Baeza, José Carlos Dorado en 2025).
Contra la realidad de esta lacra de la droga y sus consecuencias que degradan la moral y la salud pública, es impensable y difícil de sostener que, en un país como Bolivia con 11.365.333 millones de habitantes según el Censo del INE de Población y Vivienda de 2024, de los cuales 2,9 millones son niños entre 0 a 11 años y 4 millones son menores de 18 años, sean atraídos por el acullicu o pijcheo de la coca, como podría ser nada real que el 70% de la población mastique la hoja de coca.
Por tanto, el único horizonte, desafiante, posible y de conservación de la vida y seguridad jurídica de toda la población boliviana, no pasa por el refuerzo de policías especiales a jueces, vocales y magistrados, chalecos antibalas y cámaras de seguridad, sino por la derogación de la Ley 906 y reducir a 12.000 hectáreas el cultivo de la producción de la hoja de coca (Art. 158.I numeral 3 CPE), lo contrario sería seguir produciendo coca para los carteles del negocio de la droga y estimular a las mafias para moverse en el Triángulo Dorado hacia otras economías ilícitas, el fraude financiero, extracción ilegal de recursos estratégicos y vida silvestre. (Art. 158.I numeral 3 CPE).
Lo que se sugiere no es casual, es una cuestión coherente de sujeción constitucional, que implica pactos de optimismo político para liberar a la sociedad del temor intenso y pavor generalizado. En esta línea Trinidad Steiner experta en seguridad pública dice: “Estas organizaciones criminales no pueden instalarse en nuestro país, es momento de que se vayan”.
El Papa Francisco en el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas de Naciones Unidas (2024) dijo: “Cuántos traficantes de muerte hay, movidos por la lógica del poder y del dinero a cualquier precio. Esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.
Pedro Gareca Perales