Según el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, la mayoría de las unidades sin ocupar son del programa Comunidades Urbanas. El INE establece que el déficit habitacional afecta a 1,5 millones de familias
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
El Gobierno enfrenta un doble desafío en materia habitacional: reducir el déficit de vivienda que afecta a 1,5 millones de hogares bolivianos y recuperar más de 2.000 casas sociales abandonadas que fueron construidas con recursos públicos y que hoy permanecen vacías en distintos departamentos del país.
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La situación fue revelada por el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Alfredo Bellott, durante en el programa Dinero, de EL DEBER, donde reconoció que varias unidades habitacionales del programa “Comunidades Urbanas”, ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), quedaron sin adjudicar debido a irregularidades administrativas, problemas de gestión y requisitos de acceso considerados demasiado restrictivos.
“Estamos trabajando para solucionar esos problemas y lograr que el programa cumpla su verdadero objetivo social”, dijo Bellot.
El programa Comunidades Urbanas fue creado para ofrecer departamentos y viviendas sociales con financiamiento accesible para familias de ingresos medios y bajos. Sin embargo, varios de estos complejos terminaron con departamentos vacíos, deterioro de infraestructura y observaciones administrativas.
Proyectos observados
Uno de los proyectos más conocidos es la urbanización Papa Francisco, ubicada en Santa Cruz, sobre la ruta hacia Warnes. El complejo fue diseñado para familias de bajos ingresos y forma parte del paquete habitacional que ahora el Gobierno intenta reactivar mediante nuevas condiciones de venta.
Además de Papa Francisco, el programa incluye otros complejos urbanos como Condominio Altos de Cotoca, Condominio Patujú, en Satélite Norte. En La Paz, Condominio Wiphala, en El Alto, Urbanizaciones proyectadas en Achocalla, Villa Adela, Mallasa, Huajchilla, Chijini y Achumani.
En Cochabamba, Urbanización Villa Tunari, Condominio Pirwa, en Tolata, Condominio Tamborada, en Beni, Proyectos habitacionales en Trinidad.
La iniciativa nació bajo un esquema de alianza entre el Estado y constructoras privadas para desarrollar urbanizaciones con acceso a servicios básicos, equipamiento urbano y áreas comunes. En su etapa inicial se proyectaron inversiones cercanas a Bs 960 millones para más de 20 proyectos habitacionales.
Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir observaciones sobre obras de mala calidad, proyectos inconclusos y fallas en los procesos de adjudicación. Incluso auditorías internas identificaron presuntas irregularidades dentro de la AEVivienda.
Relanzamiento de proyectos
Frente a este escenario, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo decidió relanzar la comercialización de varios proyectos con precios más accesibles y condiciones más flexibles para facilitar el acceso de las familias.
Actualmente, la AEVivienda promociona viviendas y departamentos sociales en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con precios desde Bs 197.633. Entre las ofertas vigentes figuran: casas en la urbanización Papa Francisco desde Bs 197.633, departamentos en Cochabamba y Santa Cruz desde aproximadamente $us 17.500 y unidades habitacionales en El Alto, Cotoca y Satélite Norte con financiamiento social.
Bellott admitió que muchos postulantes no podían cumplir los requisitos financieros exigidos anteriormente, especialmente trabajadores independientes o familias con ingresos variables. Por ello, el Gobierno apunta a flexibilizar condiciones y ampliar el acceso al crédito social.
El relanzamiento de estos proyectos ocurre en un contexto complejo para el país. Bolivia arrastra uno de los mayores déficits habitacionales de la región.
Datos de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señalan que más de 1,5 millones de familias bolivianas no cuentan con una vivienda adecuada, ya sea porque no tienen casa propia o porque viven en condiciones precarias.
En ese escenario, el Gobierno busca recuperar la credibilidad de los programas de vivienda social y evitar que complejos construidos con recursos públicos continúen deteriorándose sin ser habitados.
La meta oficial es que las viviendas abandonadas vuelvan a ingresar al mercado social y que los proyectos de Comunidades Urbanas realmente cumplan el objetivo para el cual fueron creados: facilitar el acceso a una vivienda digna para miles de familias bolivianas.
SITUACIÓN
Desafío
Los inmobiliarios estiman que se necesita construir 40.000 viviendas por año para reducir la brecha habitacional acumulada.
Realidad
Según el Censo 2024, más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento.
Fuente: El Deber
