El debate suscitado sobre la Ley 1720, que permite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a la condición de mediana propiedad, deja en evidencia las causas más arraigadas del atraso y subdesarrollo boliviano, producto de una concepción cínica y manipuladora de la pobreza de gente vinculada a la izquierda radical o a ejecutivos de ONG que necesitan que la mayoría de la población siga dependiendo del estatismo y del control sindical, para preservar los intereses políticos y económicos de una élite populista y retrógrada.
Los argumentos utilizados para oponerse a esta Ley y solicitar su abrogación son falsos y procuran engañar a la opinión pública, mintiendo sobre los alcances de esta, para procurar crear un rechazo ciudadano a una norma que es una necesidad imperiosa para que los pequeños productores de las áreas rurales puedan progresar mediante el acceso al crédito y así crecer en sus ingresos y bienestar.
Tal cual lo hace cualquier propietario en las áreas urbanas, donde pueden disponer de sus bienes con toda libertad, como corresponde a un derecho fundamental cual es la propiedad privada, reconocido de esta forma por los tratados internacionales de derechos humanos.
La Ley 1720 es constitucional, pues incluso la Constitución vigente, promulgada en febrero de 2009, durante los gobiernos del MAS, reconoce en su artículo 393 la propiedad individual sobre la tierra y, en su artículo 394, establece que la Ley regulará la conversión de los distintos tipos de propiedad individual: pequeña, mediana y empresarial.
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En este mismo artículo también se define que las extensiones máximas y mínimas de cada uno de estos tipos de propiedad serán reguladas por ley, por lo que estos criterios de extensión no se encuentran definidos en la Constitución.
La Ley 1720 se refiere únicamente a la propiedad agraria individual; en ningún momento afecta a la propiedad comunitaria o colectiva, por lo que no tiene ningún impacto sobre los derechos de los territorios indígenas, originarios o campesinos. Consecuentemente, quienes han marchado y bloqueado solo persiguen intereses políticos de grupos que quieren desestabilizar el proceso de reconstrucción democrática iniciado el 8 de noviembre de 2025 con la nueva gestión de gobierno.
Las limitaciones al pequeño productor derivadas de la inembargabilidad del predio agrícola lo mantienen en la pobreza, puesto que, al no poder usar como garantía la propiedad de su parcela, no puede acceder al financiamiento bancario o formal, por lo que termina limitado en sus posibilidades de acceso a préstamos para realizar inversiones destinadas a la mejora de la capacidad productiva.
No es casualidad que la gran mayoría de quienes pertenecen a esta categoría viven en la economía de subsistencia; mientras que quienes pertenecen a la categoría de mediana propiedad generalmente crecen, prosperan y consolidan economías familiares mucho más grandes.
Esta limitación también implica una gravísima discriminación y afectación de derechos entre unos ciudadanos y otros. Por ejemplo, el dueño de un terreno urbano, de un local del mercado o de un camión puede disponer de sus bienes, ya sea para hipotecarlos y comprar más mercadería, más maquinaria o incluso el local o terreno contiguo para expandir su negocio.
¿Cuál sería el argumento para que los pequeños productores rurales no pudieran hacer lo mismo? ¿Se considera que tienen una capacidad de raciocinio menor a los otros propietarios que sí pueden disponer de sus bienes? ¿Acaso todos aquellos dirigentes sindicales, ejecutivos de ONG y diputados que han votado a favor de la abrogación no son propietarios individuales de sus casas, oficinas, locales y vehículos?
La cesión gubernamental a la presión de un grupo de dirigentes políticos que financian esta marcha constituye un grave error que se convierte en un mensaje negativo y contradictorio a todo el esfuerzo que el mismo gobierno procura realizar para desarrollar Bolivia mediante la diversificación productiva y exportadora de nuestra economía.
En su gran mayoría, estos marchistas y bloqueadores no defienden a los verdaderos pequeños productores, sino que representan a grupos de intereses que durante las gestiones del MAS se dedicaron a avasallar territorios indígenas, parques nacionales y tierras fiscales, pretendiendo que la actual gestión les consolide derechos propietarios sobre las tierras tomadas ilegalmente.
El Senado tiene la gran responsabilidad de corregir esta situación rechazando la abrogación aprobada en Diputados para generar un espacio de búsqueda de consensos que permitan consolidar este avance trascendental en la legislación agraria nacional, dejando claro que la misma no tiene ninguna relación con los derechos de los territorios indígenas, que están sujetos a la propiedad colectiva.
Oscar Ortiz fue senador y ministro de Estado