Congresistas opositores presentaron en Washington un informe sobre las violaciones al sistema democrático. El Gobierno abrió las puertas para que una comisión de la CIDH llegue al país.
El Día. El presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, y los senadores Luis Vásquez y Róger Pinto, denunciaron ayer el “atropello” que se produce en su país a los poderes legislativo y judicial, así como violaciones a los derechos humanos.
En el marco del 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los congresistas y el ex presidente del Tribunal Constitucional Willman Durán presentaron un informe que detalla las violaciones al sistema democrático boliviano y a los DD.HH. que se registran bajo el Gobierno de Evo Morales.
El presidente de la cámara Alta denunció los cercos al Congreso Nacional que se produjeron en cinco ocasiones desde 2006 en las que el Ejecutivo no contaba con la mayoría suficiente para aprobar por los dos tercios las reformas que pretendía impulsar.
En aquellas ocasiones, el Gobierno de Evo Morales “impidió con la fuerza y la violencia de sus simpatizantes el ingreso de los opositores y así aprobaron distintas leyes”, señaló.
Por otra parte, denunció “la persecución” contra miembros del Tribunal Constitucional.
Eso produjo una renuncia “forzada” de sus miembros, dijo Ortiz, quien agregó que la persecución y la política del Gobierno hacia el Alto Tribunal se refleja en el hecho de que “Bolivia ya no tiene un Tribunal Constitucional en funciones por esta circunstancia.
Ortiz también puso de ejemplo la destitución “ilegal” del Contralor de la República, a quien Morales sustituyó por un diputado oficialista, una facultad que no tenía el mandatario, aseguró.
El informe también detalla 74 muertes producidas en el “conflicto político” de Bolivia, atentados y agresiones contra miembros del Congreso y persecuciones indebidas de parlamentarios.
El congresista Ortiz también hizo referencia a detenciones indebidas, dado que alrededor de diez presos políticos llevan más de un año presos sin que se les haya iniciado un proceso ante la Justicia, afirmó.
Expresó además su preocupación por las presuntas ejecuciones sumarias que se han realizado en enfrentamientos con fuerzas policiales, en los cuales se ha matado a personas sin que hubiera habido propiamente un motivo para ello, aseguró.
Ortiz indicó que la institucionalidad democrática en Bolivia “se ha quebrantado” y explicó a la prensa que ha acudido a la CIDH porque no existen ya las condiciones para que las violaciones a la democracia y a los derechos sean investigados de manera imparcial.
En su opinión, en Bolivia “se ha atropellado al Legislativo, al poder judicial, y se ha destituido inconstitucionalmente a autoridades electas por el Congreso y reemplazado por decreto del presidente”.
El jefe del Senado boliviano señaló que la delegación teme “que se continúe profundizando la toma del poder judicial” en su país, y pidió a la CIDH que verifique sus denuncias en una visita e inicie incluso un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Bolivia.
Por su parte, Wilman Durán realizó una exposición sobre el tema de las autonomías departamentales.
En una rueda de prensa posterior, el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, insinuó que la delegación quiere sacar provecho de la denuncia ante las próximas elecciones de diciembre.
Ortiz es candidato a primer senador por el departamento de Santa Cruz de la opositora Unidad Nacional (UN) y Pinto postula a un cargo similar pero por la región amazónica de Pando en representación de la alianza Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN).
En opinión de Llorenti, se trata de un “intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas”.
Según Llorenti, en toda la historia de Bolivia no ha habido un Gobierno “tan abierto” a la presencia de organismos de derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la Relatoría para la Libertad de Expresión al país / EFE
Las Frases
“El Gobierno ha atropellado al Legislativo y al poder Judicial”
ÓSCAR ORTIZ
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“Hay muchos temas, como la retardación de justicia, que serán abordados”
SACHA LLORENTI
El informe del senado ante la CIDH
Justicia • El uso discrecional de la justicia por parte del Gobierno, para acallar a sus opositores, el incumplimiento de debida diligencia a la que se encuentra obligado, ha determinado que, en lo que va del período de gobierno del presidente Morales se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de estos casos no han sido investigados y menos se ha procesado a los autores.
Ejecuciones • En los cuatro años del mandato presidencial de Evo Morales se ha tenido que lamentar el deceso de varias personas. La mayor parte de ellas como resultado de una confrontación entre sociedad civil y Estado. Otras como resultado de la confrontación de sectores sociales. Aproximadamente 50 ejecuciones sumarias bajo el manto protector de “justicia Comunitaria”. 8 muertes por ejecución sumaria en operativos de la Policía Nacional.
Terrorismo • La madrugada del 16 de abril de 2009, producto de una acción de un supuesto grupo de elite perteneciente a la Policia Nacional, fueron victimados el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bajo el supuesto de desbaratar una banda de mercenarios extranjeros, el operativo policial concluyó con la muerte de tres extranjeros y dos detenidos también de origen extranjero. En un principio, los medios oficiales y policiales informaron que los decesos fueron producto de un enfrentamiento armado y que los supuestos terroristas abrieron fuego contra los uniformados. Sin embargo, los informes periciales respecto las circunstancias en que fueron ejecutados los tres individuos antes citados, contradicen aquellas versiones.
Cercos • Los cercos al Congreso se han constituido en el instrumento de presión más efectivo ejercido sobre los senadores y diputados del Parlamento Nacional, para imponer leyes y decisiones por encima de la conciencia y libertad de los legisladores. El mecanismo del sitio es simple. El Gobierno convoca a sus grupos de choque (movimientos sociales), cuando decide imponer una acción política. Estos grupos de choque tienen ingreso libre a la plaza Murillo sede del Palacio de Gobierno y del Legislativo. Contrariamente, otros tipos de protestas que no respondan al Gobierno son severamente reprimidas, aún los casos de niños, ancianos y minusválidos.
Leopoldo • El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira permanece privado de libertad sin que exista una definición sobre su situación procesal y su status jurídico, violentándose de ese modo sus derechos a la libertad personal, derecho a las garantías de un debido proceso, derecho a la protección de la honra y de la dignidad, derechos políticos, derecho a igual protección de la ley, derecho a protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales, finalmente el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Cárdenas • El día 7 de marzo del presente año, el país entero ha visto perplejo como una muchedumbre organizada como un movimiento social afín al Gobierno, bajo el liderato del Alcalde municipal de la región de Achacachi, Eugenio Rojas, y el dirigente campesino (también dirigente del MAS) Cruz Alarcón han perpetrado un atentado cobarde e indigno en contra del ciudadano boliviano de origen aymara y político de oposición y ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas y su familia
Indígena • El líder indígena de 55 años de edad, Marcial Fabricano, una de las figuras emblemáticas de la primera marcha de los pueblos indígenas bolivianos en 1990 y ex Director de Asuntos Campesinos de la Prefectura del Beni, fue azotado por grupos organizados de militantes del partido oficialista, con el argumento de traición a los pueblos indígenas y por estar en contra del proceso de cambio, estando amparados por la Constitución en la supuesta aplicación de la Justicia Comunitaria. La flagelación ocurrió el 8 de mayo en el Parque Nacional Isiboro Secure.
Iglesia • El Gobierno de Evo Morales ha hecho de la Iglesia Católica blanco de continuos ataques. La ha calificado de ser un “sindicato opositor” a su gobierno, y la ha señalado que escudada en su condición religiosa se ha dedicado a hacer política.
Autonomías • El Gobierno se manifestó en contra del proceso autonómico, y realizó una intensa campaña para rechazar esta reforma. La rivalidad emergente entre las concepciones regionales opositoras y las emanadas del Gobierno han derivado en varios casos en enfrentamientos de toda índole. No resulta extraño que el Gobierno identificara a los movimientos cívicos del país como una dura oposición a la que debía combatir con la misma intensidad que lo hacía con la oposición congresal