Bolivia marcó un antes y un después el 21 de febrero de 2016. Ese día, el pueblo decidió poner fin a la hegemonía de Evo Morales Ayma. Sin embargo, fiel al estilo autoritario y déspota que caracteriza a los regímenes bárbaros, el caudillo ignoró el mandato popular. Tuvimos que esperar hasta 2019 para que la sociedad civil, armada únicamente con la determinación de “las pititas” —sin dinamita, sin piedras y sin las amenazas que hoy vemos— lo obligara a dimitir y buscar refugio en México, bajo la sombra de una pacificación negociada por políticos locales que hoy la historia juzga.
Aquella condescendencia con el dictador pasó factura un año después. Mediante un proceso electoral cuestionable, su delfín, Arce Catacora, asumió el mando para dar continuidad a la destrucción institucional del país.
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Tras un tiempo de silencio reflexivo, la repetición sistemática de los abusos me obliga a escribir nuevamente. Es imperativo establecer el patrón de conducta de este sujeto y sus huestes. La historia no miente: en 2003, junto a otros actores radicales y bajo la complicidad de Carlos Mesa, derrocaron un gobierno constitucional. Aquellos actos de sedición fueron sepultados por la amnistía del Decreto 27234, liberándolos de toda responsabilidad penal hasta el día de hoy.
El rastro de sangre y protección judicial es extenso:
Noviembre de 2007: La represión en La Calancha dejó tres universitarios muertos y cientos de heridos. La Fiscalía, convertida en brazo operativo del régimen, exoneró a Morales y persiguió a subalternos.
El Porvenir (Pando): Mientras Leopoldo Fernández sufría una detención sin juicio por más de una década, Morales era desvinculado políticamente de la tragedia. Apenas en 2025, el Tribunal Supremo de Justicia anuló ese proceso viciado, confirmando la protección judicial de la que siempre gozó el caudillo.
Hotel Las Américas (2009): Un operativo que ejecutó a ciudadanos extranjeros y torturó a sobrevivientes para montar un “caso Terrorismo”. Hoy, mientras la Corte IDH analiza las violaciones a los derechos humanos, Morales se mantiene en una rebeldía de facto, amparado en su base territorial y el aparato judicial que él mismo moldeó.
Llegamos al presente con casos de pedofilia que la justicia boliviana —afín al “evismo” hasta hace poco— se negó a investigar seriamente. Ante el avance de la ley, la respuesta es la de siempre: movilización violenta para proteger al individuo por encima de la justicia.
El nuevo mapa político: 2025 y 2026
Bolivia ha hablado en las urnas. La recomposición política es un hecho. Exceptuando su bastión en el Chapare, el apoyo a Morales es marginal: un 3.1% en la primera vuelta de 2025 y menos del 15% en las subnacionales. El pueblo ha rechazado el modelo del caos.
Como Gobierno Constitucional, elegido democráticamente en dos vueltas y con un mandato claro, ha llegado la hora de ejercer el Poder Político con firmeza. No se trata de una “lucha política” convencional; estamos ante una organización que utiliza la dirigencia sindical coludida con el delito para defender a un “capo”.
Gobernar no es solo administrar; es decidir. No podemos permitir que la sedición, disfrazada de movimiento social, someta a Bolivia a otros 20 años de miseria. Ser firmes con la justicia y el respeto a los derechos humanos no es reprimir, es aplicar la ley. Las cárceles deben albergar no solo a los corruptos, sino también a los sediciosos y golpistas que, amparados en fueros parlamentarios o dirigenciales, incitan al quiebre del Estado de derecho. Repetir la condescendencia de 2003 sería una traición al voto ciudadano.
La Política con mayúsculas
Para quienes venimos de partidos sólidos, la política es el arte de seducir, explicar y convencer. Un verdadero político presenta proyectos económicos y sociales, moviliza ideas y negocia sobre visiones de país, no sobre impunidad judicial. El populismo de consignas y bloqueos ha sido derrotado.
La administración pública debe depurarse de los “bárbaros” incrustados en su estructura. La democracia boliviana ha recuperado su dignidad en las urnas; ahora le toca a la justicia y al Ejecutivo asegurar que la ley sea, finalmente, igual para todos.
Javier Torres Goitia Caballero
Fue ministro de Salud y Deportes